E. DELGADO / F. CASTILLO
Cuatro personas quedaron detenidas por la investigación sobre pagos para afiliarse a la mutualista Gremca y hoy se resolverá si son procesadas. Directivos de Gremca fueron interrogados y negaron ser parte de esta maniobra.
Ayer, la jueza penal Fanny Canessa y el fiscal Eduardo Fernández Dovat tomaron declaración a indagados y testigos por el pago de dinero a cambio de afiliarse a Gremca, lo que la ley que creó el Fondo Nacional de la Salud (Fonasa) califica como delito y lo pena con un máximo de dos años de prisión.
Entre los detenidos hay un chofer que trasladaba hasta Gremca a personas contactadas en las inmediaciones del BPS, a las que afiliaban a cambio de dinero.
La Policía busca a otras personas que ofrecían dinero por asociarse a la mutualista.
Entre los testigos de la pasada jornada, hubo personas a las que se les ofreció dinero por afiliarse a una mutualista. En base a las descripciones que hicieron de los individuos que les propusieron esto en las cercanías del BPS, es que la Policía intenta encontrarlos, dijeron a El País fuentes del caso. Estos testigos quedaron en libertad.
Dos funcionarios de Gremca declararon que esa mutualista no ofrece dinero para que se afilien a la institución ni paga a personas para que lo hagan, puesto que eso es delito.
Afirmaron que contratan promotores para, justamente, promocionar los servicios de la mutualista, lo que no está prohibido por la ley.
Ante las consultas realizadas por El País, autoridades de Gremca declinaron hacer comentarios sobre el tema.
Jueza y fiscal seguirán investigando si otras mutualistas son parte de estas maniobras ilícitas. Para ello consideran fundamental el testimonio de quienes contactan a los posibles nuevos socios.
PREOCUPA. El vicepresidente del BPS, Hebert Galli, reconoció que existe "preocupación" por las prácticas de intermediación lucrativa detectadas y señaló que eso ha llevado a que el organismo, conjuntamente con el MSP, haya realizado "varias reuniones" con los directivos de las mutualistas para "cortar el origen del problema".
Galli admitió que si bien esta situación irregular "tiene larga data", la actividad de los captadores de socios para mutualistas "se vio incrementada" por la entrada en vigencia del Sistema Nacional Integrado de Salud.
"Los servicios del BPS y del MSP han trabajado en una estrecha colaboración con el Departamento de Delitos Complejos de la Jefatura de Policía para atacar este problema", dijo.
Aplicarán multas si hay delito
Hebert Galli, vicepresidente del BPS, señaló que "el único instrumento" que tiene el BPS para sancionar a las mutualistas que incurren en la intermediación lucrativa es aplicar multas, que pueden llegar hasta las 1.000 Unidades Reajustables ($ 341.000). Galli informó que el BPS ya ha aplicado multas a mutualistas por este tipo de casos y que "en la medida que se detecte y se compruebe que hubo una acción de intermediación lucrativa se volverán a aplicar las multas correspondientes".