Indignación en Uruguay por el "pase piquetero" en Gualeguaychú

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Agustina Navarro

El gobierno uruguayo expresó ayer su malestar con la medida implementada por los asambleístas argentinos de entregar pases para sortear el piquete de Arroyo Verde. Desde Argentina no hubo respuesta oficial.

El canciller Reinaldo Gargano se declaró "horrorizado" y consideró una "barbaridad" la "tarjeta vecinal" creada por asambleístas de Gualeguaychú, que habilita a determinadas personas el paso por el puente General San Martín, bloqueado desde noviembre de 2006.

"Es como si yo me pusiera a emitir tarjetas acerca de quién puede entrar o no entrar por la calle Cuareim al Ministerio de Exteriores", declaró Gargano. Agregó que la situación sólo puede ser regularizada por el gobierno de Argentina.

El tránsito en la ruta 136, que une Gualeguaychú con el puente San Martín que lleva a Fray Bentos, está interrumpido desde hace 14 meses. Los ambientalistas se instalaron a 10 km del puente en un lugar que denominaron Arroyo Verde y por el que no dejan pasar casi a nadie. Ayer el diario argentino Clarín denunció la existencia de una "tarjeta vecinal", entregada por los propios asambleístas, que permite atravesar el piquete a sus poseedores.

Los asambleístas defienden el sistema implementado y afirman que el control fronterizo es para "optimizar" el paso y evitar "demoras".

El piquetero José Pouler, en declaraciones radiales, le restó importancia y aseguró que "no hay que pensar cosas que no son". Explicó que "como entre el corte y el puente hay más de 10 kilómetros, en los cuales hay establecimientos rurales, un aserradero muy grande, cultivos de arándanos, un coto de caza, colmenares, entre otros emprendimientos, empezó a dejarse pasar a la gente que trabajaba de ese lado".

Estas personas, así como los gendarmes y los empleados de la Aduana y de la CARU, cuentan con estos pases que les permite transitar por el corte con sus vehículos.

Además, estas tarjetas fueron entregadas a argentinos que trabajan del lado uruguayo, aunque en esos casos son más difíciles de conseguir pues hay que demostrar imposibilidad por razones de salud para manejar los 120 kilómetros adicionales que implica el desvío hasta Colón.

"Lo comenzamos a entregar hace unos cinco o seis meses a la gente que trabaja en la zona", admitió José Pouler, uno de los referentes de la Asamblea, quien calcula que hasta el momento se repartieron unos 200 salvoconductos.

El principal objetivo de los asambleístas es afectar la economía uruguaya, por eso la mira está puesta en impedir el paso de los camiones y los turistas, pero no el de los trabajadores de la zona. Los asambleístas explicaron ayer que comenzaron con este "sistema" de autorizaciones selectivas cuando iniciaron los cortes y que a medida que pasó el tiempo lo fueron haciendo cada vez más prácticos para evitar demoras y discusiones. Primero se hizo un listado con las matrículas y después se creó el controvertido "pase".

El activista Jorge Fritzler, restó importancia a la publicación del diario Clarín de Buenos Aires, porque "se trata de un instrumento que está operativo desde hace seis meses, con el solo propósito de agilizar el pasaje de gente que realmente necesita cruzar por el corte". Afirmó que la denuncia es parte de la estrategia de Botnia para "distraer la atención" de la falla que hubo en la planta (ver nota en esta página).

En Uruguay, la noticia causó indignación. El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, consideró un hecho vergonzoso que la Asamblea resuelva "discrecionalmente quiénes pasan y quiénes no. "Es una vergüenza", afirmó, y así se lo hizo saber en una nota que envió semanas atrás a Hernán Orduna, ex presidente argentino de CARU.

El jefe comunal señaló que esto lo "sospechaba hace tiempo, porque los datos oficiales (migraciones) arrojan que por el puente cruzan promedialmente unos 400 autos al mes". Para Lafluf esto constituye hacia Uruguay "un nuevo agravio" y apuntó hacia las autoridades argentinas: "es lamentable que a dos años del corte, el gobierno argentino no haya hecho absolutamente nada", dijo.

En junio de 2007 -cuando se denunció el cobro de un "peaje" de U$S 100 por parte de los activistas-, el comerciante argentino Jorge Martinó, que vive en Fray Bentos, advirtió sobre la existencia de estos pases para habilitar el cruce. "Yo sé, porque me lo han ofrecido, que los ecologistas de acá (de Fray Bentos) dan un pase firmado y con eso se puede pasar el piquete. Yo no lo pido porque no soy un delincuente", dijo.

Uruguay remitirá una nota a la Corte de Justicia de La Haya para responder a una protesta de Argentina por el cierre del puente San Martín, ordenado por el presidente Tabaré Vázquez en noviembre de 2007. La respuesta será redactada por los juristas que trabajan en este tema con la Cancillería.

En una reunión realizada ayer en Cancillería entre autoridades y juristas que representan a Uruguay ante La Haya, se acordó remitir a la Corte una nota en la que se dice que "no es hábito" uruguayo cerrar la frontera, según dijo el canciller Reinaldo Gargano a la AFP. En la nota que Uruguay elevará a la Corte se indicará que "la amenaza de invasión por aire, mar y tierra" de los asambleístas argentinos "obligó a impedir el ingreso", dijo Gargano.

Ayer se comenzó la consideración de la duplica uruguaya, ante la réplica presentada por Argentina. El escrito aún no llegó a Uruguay por lo que en la reunión de ayer no se discutieron cuestiones de fondo. En los próximos días habrá reuniones del grupo de juristas uruguayos para elaborar un esquema preliminar sobre los puntos a incluir.

El representante uruguayo ante La Haya, Héctor Gros Espiell, explicó a El País que la réplica argentina, al igual que la memoria inicial, está centrada en el argumento de la violación al Tratado del Río Uruguay. El abogado dijo que "Uruguay siempre respetó el estatuto del río Uruguay y esa es la línea inflexible de la posición uruguaya".

En la respuesta se insistirá en que "la interrupción de los puentes constituye una violación del derecho internacional y del tratado de Asunción", según indicó Gros Espiell. El jurista dijo que se van a agregar los documentos necesarios "para demostrar que la planta no contamina".

Gros Espiell dijo que el estudios de juristas estadounidense que asesora a la Cancillería elaborará "un proyecto de duplica que será considerado en mayo o junio para preparar la respuesta final previo al 29 de julio".

Los "pases" que otorga la Asamblea Ambiental son pequeños carnets plastificados en los que figuran nombre y apellido, lugar de trabajo y patente del vehículo. En el dorso, junto al logo de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, puede leerse el slogan de los activistas: "No a las papeleras".

Este salvoconducto, o "tarjeta vecinal", se tramita ante los asambleístas que acampan al costado del corte de la ruta 136. Allí los interesados deben entregar la información y unos días después pueden retirar el carnet en el mismo lugar. Un grupo secreto de ambientalistas, denominado "comisión de paso", procesa la información y otorga la tarjeta.

Ricardo Roa, editor general adjunto del diario Clarín que ayer difundió esta información, sostuvo en su editorial que los ambientalistas "como si ocuparan un territorio libre y autónomo (...) deciden qué argentinos pueden salir del país y cruzar a la otra orilla por allí y cuáles no". Para Roa la Asamblea "se ha constituido en policía fronteriza de facto y se maneja con sus propias reglas, que incluyen emitir pasaportes. Algo que ocurre sólo en países donde el Estado claramente falla". Agrega que es una medida que vulnera derechos ciudadanos y la libre circulación, y que es absurdo que se permitan violaciones a al ley en Argentina mientras se solicite apoyo en La Haya.