MALDONADO | M. GALLARDO
La dirección General Impositiva decidió actuar sobre los propietarios y no sobre los inquilinos de propiedades de temporada para controlar el pago del impuesto a la renta sobre alquileres, dijo a El País el director del organismo, Nelson Hernández.
El funcionario sostuvo que la Dirección General Impositiva (DGI) diseñó su estrategia a partir de la identificación de los propietarios de cada finca o apartamento de Punta del Este en el registro de propiedad inmueble así como también el uso que se da a cada unidad.
Hernández anunció que la tarea de fiscalización y contralor de la recaudación de los impuestos percibidos por la DGI estará a cargo de un equipo de medio centenar de inspectores que se instalarán en Punta del Este en las próximas semanas.
En el caso del contralor de la recaudación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sobre los alquileres la DGI actuará a partir de un plan diseñado que toma en cuenta la identidad de los propietarios de cada inmueble y no fiscalizando a los inquilinos.
Hernández adelantó que las tareas de contralor no serán sobre los turistas y sí sobre los propietarios a partir de un metodología de trabajo que definió como "quirúrgica y microquirúrgica" para no molestar a los visitantes.
"Vamos a actuar de forma quirúrgica y de microcirugía. Es decir, debemos actuar sin interferir en el desarrollo de la actividad turística. Esencialmente me estoy refiriendo a hacer controles con las personas que están ocupando las fincas puesto que esto, si bien se podría hacer dentro de las facultades de la administración, no puede generar consecuencias que van más allá de la propia liquidación de los tributos", dijo Hernández.
"Por esta razón es que la DGI en principio no va a hacer ninguna actuación directamente sobre los ocupantes de la finca puesto que estamos hablando de gente que viene a descansar, que viene muchas veces a olvidarse de sus problemas que, en algunos casos, son problemas fiscales como para que nosotros se los recordemos indebidamente", indicó.
"La forma en que vamos a actuar en este caso será a través de los registros de la propiedad inmueble en la cual constan quien son los titulares de cada una de las unidades. Nosotros conocemos, además, cual ha sido el uso de estas unidades. Nos contactaremos directamente con los titulares y no con los ocupantes de las fincas a los efectos de determinar cual es su situación fiscal. Vamos a ver si ellos están ocupando las fincas o si las están arrendando y si es en este caso que ese alquiler corresponda a los valores usuales en plaza", señaló.
"Tampoco queremos que con este tipo de controles recaer exclusivamente sobre el sector inmobiliario puesto que estaríamos desconociendo una realidad con muchas propiedades que se arriendan por fuera de lo que es el circuito inmobiliario o a través del circuito inmobiliario extranjero", agregó.
Si bien no dio cifras sobre la cantidad de alquileres que se registran verano a verano en Punta del Este, Hernández dijo que "nosotros tenemos establecida la cantidad de propiedades. Tenemos un análisis de que porcentaje habitualmente de esas propiedades en qué tiempo son ocupadas por sus titulares".
Explicó que "en función de eso vamos a determinar el universo y la selección de los casos a controlar".
Por fuera
Los alquileres informales, los que se hacen directamente por parte de los propietarios, aquellos por los cuales las inmobiliarias no pagan los impuestos correspondientes o los realizados por porteros de edificios, llegan en la franja costera al 60% del total, según datos de las inmobiliarias instaladas en el Este.