El FA da libertad a sus votantes para firmar Ley de Caducidad

El Frente Amplio dejó en libertad de acción a sus militantes sobre la campaña orientada a anular la Ley de Caducidad, que durante dos décadas impidió juzgar a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-1985).

El senador Rafael Michelini, jefe del Nuevo Espacio, uno de los grupos frenteamplistas que promueven la anulación, dijo hoy a ANSA que la decisión de la mayoría de los sectores "sin duda" beneficiará la campaña y agregó que "el conjunto de los uruguayos de izquierda va a firmar para anular la ley".

Michelini sostuvo que "no hay ningún grupo de izquierda que pueda contener la ola que viene de abajo para anular la impunidad" y añadió que los militantes están esperando recibir las papeletas para firmar.

Anunció que durante este sábado y domingo, días en que se celebrará el Día del Patrimonio, se llevará a cabo "una jornada muy importante" de recolección de firmas.

Entre los sectores que dejaron el libertad de acción a sus adherentes, están el Partido Socialista, del presidente Tabaré Vázquez, la Alianza Progresista, del vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, el Movimiento de Participación Popular, del ministro de Ganadería, José Mujica y la Vertiente Artiguista, del ministro de Vivienda, Mariano Arana.

Organizaciones sociales y políticas conformaron la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad y lanzaron el 5 de septiembre la campaña de recolección de firmas para ese propósito, sobre la que Vázquez se pronunció en contra.

La Coordinadora está integrada por la central obrera PIT-CNT, los sectores del FA Nuevo Espacio, Partido Comunista, Partido por la Victoria del Pueblo, Frente Izquierda de Liberación y Claveles Rojos y varias organizaciones sociales, como la Federación de Estudiantes Universitarios.

Los promotores de la anulación deberán recolectar 250.000 firmas para poner a consideración el tema en un plebiscito a realizarse junto a las elecciones nacionales de 2009.

La ley de Caducidad, también llamada de impunidad, fue aprobada en 1986 por el Parlamento con los votos de legisladores de los partidos Blanco y Colorado, conservadores, y con el rechazo del Frente Amplio, y no pudo ser anulada por un referéndum popular convocado tres años después.

La ley impide juzgar y condenar a militares y policías que durante la dictadura cometieron secuestros, torturas, asesinatos, ocultamiento de cadáveres, violaciones de prisioneras y apropiación de niños, entre otros crímenes.

Durante dos décadas de gobiernos colorados y blancos ningún uniformado fue procesado por estos graves delitos, pero al asumir en 2005 la administración del Frente Amplio, el presidente Tabaré Vázquez comenzó a aplicar el Artículo 4 de la ley, que excluye de su protección a criminales que practicaron desapariciones forzadas o robos de niños.

Actualmente, once militares y policías esperan sentencia en una cárcel especial, seis tribunales investigan numerosas denuncias de asesinatos y desapariciones de opositores, y el gobierno ordenó realizar excavaciones en cuarteles militares en búsqueda de tumbas clandestinas.

Vázquez afirmó que no anulará la Ley de Caducidad, pero quienes la rechazan afirman que el Artículo 4 no abarca todos los casos.

Ponen como ejemplo que un fiscal, basándose en la ley de impunidad, bloqueó la investigación por la desaparición en 1976 de María Claudia García, nuera de Juan Gelman, secuestrada en Buenos Aires y trasladada por militares a Montevideo, donde aparentemente fue asesinada, luego de dar a luz a su hija Macarena, quien fue apropiada por un policía.

ANSA