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ONU reclama a Uruguay elevar edad para casarse

Menores. Lamentó la falta de un plan para promover los derechos de los niños

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Un comité de la ONU le pidió a Uruguay que modifique su legislación y fije en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, y lamentó que el país no haya adoptado todavía un plan para promocionar los derechos de los niños.

La legislación fija en 14 años para los varones y 12 años para las niñas la edad mínima para contraer matrimonio.

El Comité de la ONU para los Derechos de la Infancia lamentó ayer que Uruguay no haya elaborado todavía un plan nacional de acción para promocionar los derechos de los niños y tampoco disponga de una institución independiente para los derechos humanos.

La labor de este comité de Naciones Unidas, constituido en 1991, es supervisar el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, en la que se recopila la legislación internacional vigente para la protección de los derechos de los menores.

El comité, que cerró ayer su reunión comenzada el pasado 21 de mayo, expresó en su comunicado final su satisfacción porque Uruguay "ha adoptado numerosas medidas legislativas y programas sobre la aplicación de la Convención, como un código nacional de la infancia y la adolescencia, que pedimos sea aplicado". Sin embargo, ese comité dijo que "lamentaba" que Uruguay no haya elaborado un plan nacional de acción para la promoción y la puesta en práctica de los derechos de la infancia, al igual que la ausencia de una institución nacional independiente sobre los derechos humanos".

La ONU pidió a Uruguay que revise su legislación "de cara a fijar la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, tanto para los chicos como para las chicas, ya que actualmente está en 14 y 12 años, respectivamente".

Asimismo expresó su preocupación porque los niños nacidos fuera del matrimonio "siguen siendo estigmatizados y víctimas de la discriminación, porque los padres menores no casados pueden no tener la custodia de sus hijos y que esos menores no lleven el nombre de sus padres biológicos".

Otra inquietud del Comité referida a Uruguay se dirige a que "los niños sean víctimas de discriminación en función de su apariencia, sobre todo por la manera de vestirse", así como por los que son de ascendencia africana.

Ese órgano de la ONU, según el comunicado, dirige otra de sus preocupaciones al "gran número de niños privados de libertad, así como por las informaciones sobre casos de tortura y de tratos degradantes infligidos cuando están en detención".

Los expertos recomiendan a Uruguay "adoptar lo antes posible la legislación que prohíba de forma explícita todos los castigos corporales a niños, en todos los lugares, incluido el hogar".

Además se le pide al gobierno uruguayo que adopte "todas las medidas necesarias para aplicar las recomendaciones del informe elaborado por el experto independiente encargado de la violencia contra la infancia".

"El Comité está preocupado también por el alto porcentaje de embarazos de adolescentes, por la penalización de la interrupción del embarazo y por el impacto nefasto de los abortos ilegales sobre la salud de las chicas", agrega el documento, en el que también se expresa parecida inquietud por los niños que viven en situación de pobreza o de extrema pobreza.

Respecto a la educación, a Uruguay se le recomienda que refuerce las medidas para reducir las repeticiones de curso y el abandono escolar, que "afectan en particular a los niños pobres, a los chicos y a los descendientes de africanos".

Además, "se juzga como preocupante el número de menores pobres que son víctimas de la explotación económica".

Positivo: La ONU destacó el nuevo código de la infancia y la adolescencia

Mercado sexual creciente

"La explotación sexual y la venta de niños es un problema creciente en Uruguay, sobre todo en las zonas turísticas y fronterizas", afirma el informe final de la Comisión de la ONU para los Derechos de la Infancia. También subraya la necesidad de que se adopten medidas preventivas y de reintegración de las víctimas. En ese aspecto, muestra igualmente preocupación por las condiciones de los lugares de detención, los largos períodos de detención antes de los juicios y la ausencia de un sistema especializado de justicia juvenil.

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