El proyecto de ley que repara a los familiares de las víctimas de las acciones de la guerrilla y de la dictadura, ha desatado una nueva polémica sobre el pasado reciente del país.

La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se manifestó en contra del proyecto, que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento haciendo suya una iniciativa del diputado colorado Daniel García Pintos. Además, el Partido Comunista adelantó que tiene "serios reparos" a la iniciativa, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio, Rubén Yáñez, dijo que ese ámbito estudiará el proyecto luego de Semana Santa.

Estas posiciones se dan de cara con la intención del gobierno de buscar caminos que lleven a cerrar las heridas del pasado. Ayer el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa dijo que en este tema hay que actuar con un criterio de "generosidad" y que el dolor de los familiares de las víctimas es el mismo en los dos bandos.

La organización Madres y Familiares expresó su malestar porque se incluyó en el proyecto la reparación a los familiares de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura, y aguarda la respuesta del presidente Tabaré Vázquez a un pedido de entrevista.

La integrante de la organización, Luisa Cuesta, dijo a El País que "lógicamente" Familiares "va a rechazar el proyecto". "Realmente para mí fue como un golpe, que en el mismo proyecto se mezclen los muertos por la guerrilla con los muertos por el Estado. Esto de ninguna manera puede ser", afirmó.

Familiares realizará la tradicional "marcha del silencio" el próximo 20 de mayo, donde la organización volverá a reclamar "verdad y justicia". Esta marcha recuerda los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

El proyecto prevé una reparación económica de U$S 150 mil a los familiares de los militares, civiles y policías muertos por la guerrilla. Añade que en la reparación se incluirán a los descendientes "de las personas consideradas ausentes por desaparición forzada". El senador comunista Eduardo Lorier dijo que su partido aún no tomó posición, pero que el proyecto le merece "muchos reparos".

"generosidad". En cambio, el vicepresidente Nin Novoa defendió la propuesta por considerar que se debe tener "cierta dosis de generosidad y entender que el dolor por la muerte de un familiar, de un ser querido, es lo mismo para quien haya caído de un lado o del otro". Nin Novoa reconoció que el tema despierta "preocupación en algunos sectores", pero dijo que el gobierno "está empecinado, en el buen sentido del término", en cerrar esa página de la historia. "Tenemos que tener una actitud más abarcativa y con mucha generosidad, que involucre a las víctimas de los dos lados", indicó.

Para Nin, el Poder Ejecutivo "quiere tener una mirada igualitaria, igualadora sobre los dolores que causaron esa guerra o ese enfrentamiento".

Según Familiares, el gobierno acepta la teoría "de los dos demonios" al promover este proyecto, dijo Cuesta. "Pedimos limpiar el nombre de nuestro familiares. El dinero, los dólares, no solucionan lo que pasó en el país", afirmó.