En cuatro años, 378 funcionarios fueron a prisión por corrupción

Entre el 2002 y el 2005 hubo 378 funcionarios de la administración procesados por delitos de corrupción. Significa un promedio de 94 enjuiciados por año, por los delitos de peculado, concusión, cohecho, soborno, fraude y abuso de funciones.

Según los datos aportados por la Junta Anticorrupción a una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), se han procesado a 136 funcionarios por el delito de peculado (apropiarse de dinero o bienes en razón del cargo), 83 por fraude (proceder con engaño en actos o contratos en que se deba intervenir por el cargo), 55 por concusión (coima), 45 por abuso de funciones, 41 por cohecho calificado (recibir dinero u otro provecho por retardar u omitir un acto relativo al cargo), y 18 por soborno.

Los datos fueron analizados entre el 11 y el 16 de diciembre pasado en la décima reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (Mesicic) de la OEA, que sesionó en Washington, Estados Unidos.

Ese comité concluyó que las disposiciones vigentes en Uruguay "conforman un conjunto de medidas adecuadas para la promoción de los propósitos de la misma". Agregó que los resultados indican que la aplicación de la norma es "un paso positivo hacia la implementación de la Convención".

DELITOS. El año 2002 fue el que registró la mayor cantidad de procesamientos por actos de corrupción (120). Se les abrió proceso a 32 funcionarios por peculado, 31 por fraude, 26 por concusión, 17 por abuso de funciones, 10 por cohecho calificado y 4 por soborno.

El siguiente año también registró más de un centenar de procesamientos: 49 por peculado, 15 por concusión, ocho por cohecho, siete por soborno, 24 por fraude y siete por abuso de funciones.

En el 2004 se registró una disminución de casi la mitad de los casos (64). Ese año hubo 22 enjuiciados por peculado, cinco por concusión, nueve por cohecho, cinco por soborno, doce por fraude y once por abuso de funciones.

En tanto, en el 2005 volvió a aumentar la corrupción detectada: 33 fueron enjuiciados por peculado, nueve por concusión, 14 por cohecho, dos por soborno, 16 por fraude y diez por abuso de funciones.

La ley anticorrupción (N° 17.060), aprobada en 1998 hizo más severas las sanciones de los ilícitos penales contra la Administración Pública comprendidos en el Código Penal. El peculado mantuvo la pena de un año de prisión a seis años de penitenciaría e inhabilitación especial de dos a seis años.

La concusión y el fraude pasaron a tener la misma -además de la misma pena e inhabilitación-, multa de 50 a 10.000 Unidades Reajustables (UR) en el primer caso y de hasta 15.000 el segundo. El cohecho permite aumentar esa pena de un tercio a la mitad "si el hecho tuviere por efecto la concesión de un empleo público, estipendio, pensiones, honores"; o "si el hecho tuviere por efecto la celebración de un contrato en que estuviere interesada la repartición a la cual pertenece el funcionario". El abuso de funciones impone tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

La ley también elevó las penas de otros delitos como la conjunción de interés personal y del público, revelación de secretos y omisión de los funcionarios de denunciar delitos, calumnia y simulación de delitos.

Además creó nuevas figuras de corrupción pública nacionales e internacionales. Entre las primeras figuran el delito de tráfico de influencias y utilización de información privilegiada, y entre las internacionales el cohecho y soborno trasnacionales y blanqueo de dinero.

El informe publicado por la Junta Asesora en Materia Económica y Financiera del Estado, demuestra que en los últimos cuatro años hubo un aumento de los casos de corrupción detectados en la administración. Los datos que habían sido divulgados en el año 2002 señalaban que entre 1993 y 2001 habían sido procesados 252 funcionarios.

Esa cifra global arrojaba un promedio de 31 funcionarios por año, mientras que los datos aportados en el presente informe arrojan una cifra de 94 procesados por año entre el año 2002 y el 2005. Se mantiene en cambio, la situación en relación a los delitos más frecuentes que fueron peculado, fraude, concusión y abuso de funciones.

La ley anticorrupción señala que los funcionarios cuentan con la obligación jurídica de llevar una "conducta funcional honesta en el desempeño de su cargo con preeminencia del interés público sobre cualquier otro". Señala asimismo la prohibición del ejercicio de actividad privada a quienes tienen responsabilidades públicas específicas.

Uno de los casos de corrupción más recordados fue el del ex fiscal Carlos García Altolaguirre, tras probarse que solicitaba dinero a particulares para revertir sus pedidos o alegar figuras más leves en casos de narcotráfico o delitos económicos. Fue procesado el 31 de marzo de 2003 por reiterados delitos de concusión especialmente agravados en reiteración real y un delito de utilización indebida de información privilegiada. También estuvo en el tapete en julio de ese año el procesamiento del ex presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, Salomón Noachas. Se le imputó dos delitos de concusión en reiteración real por su actuación en la adjudicación de las viviendas a sus familiares.

Otro sonado caso fue el del ex jefe de Policía de Lavalleja, José Pose San Martín. Resultó procesado por un delito continuado de peculado, por haberse apropiado de materiales y bienes de los que estaba en posesión por su cargo. Con él fue procesado el comisario Alfredo Márquez, encargado de Obras y Comisiones de la Jefatura por dos delitos de peculado.

Entre diciembre de 2002 y marzo de 2003, la Justicia de Tacuarembó procesó a jerarcas y personal subalterno de la Jefatura de Policía que habían cumplido tareas en la Brigada Especial de Prevención y Represión del Abigeato. El ex jefe de policía y otros funcionarios devolvían la mercadería requisada a un contrabandista o repartían el producto de las aprehensiones entre ellos, por lo que fueron procesados por peculado entre otros delitos.

En agosto de 2004 la Justicia de Rocha procesó a un ex asesor de la Intendencia por reiterados delitos de peculado, tras una investigación de hechos irregulares ocurridos en la Junta Local de La Paloma.

En mayo de 2005, la Justicia de Pando procesó por concusión (coimas) a trece efectivos que cobraban U$S 500 para recuperar objetos robados o solicitaban "colaboraciones" a aquellos delincuentes requeridos para no enviarlos a la cárcel.

En todo el período hubo varios funcionarios aduaneros procesados por los mencionados delitos.