Agresiones

Todos lloraban cuando los llevaron a la cárcel de Las Rosas" decía una crónica policial del 19 de enero. Aludía a los jóvenes infractores que en Punta del Este fueron procesados por asaltar a veraneantes. Según el magistrado, "no tenían la menor idea de la gravedad de los delitos que estaban cometiendo", una frase que puede mover al compadecimiento y que permite adivinar el marco de ignorancia, marginalidad y desamparo en que se forman esas conductas juveniles. Pero junto al impulso de solidaridad que reclaman tales sectores periféricos en los que se incuba buena parte de la delincuencia, y al proyecto que debería emprenderse para rescatar desde la infancia a esa población desvalida a través de la reinserción social y la cultura, cabe formular alguna otra reflexión al respecto.

Porque las comunidades latinoamericanas de hoy son testigos de un asedio de la criminalidad y un auge de las agresiones delictivas de los que sirve como ejemplo la enloquecedora inseguridad que vive la ciudadanía en San Pablo, Río de Janeiro o Buenos Aires. Los ataques callejeros cometidos por bandas armadas paulistas, a las que comandan desde la cárcel los capos del narcotráfico, los asaltos provenientes de las favelas cariocas igualmente dirigidos por quienes dominan el millonario negocio de estupefacientes o la enorme lista de copamientos, robos o secuestros que sobresalta a los porteños, son picos de violencia con saldo a menudo sangriento que la sociedad enfrenta con los instrumentos a su alcance (refuerzo de vigilancia, colaboración de los vecinos, mayores patrullajes) aunque sabe que esas herramientas son insuficientes.

Lo son porque la escalada del delito es reflejo de un deterioro socioeconómico en el que se traslucen otros quebrantos morales, familiares y ambientales cuya consecuencia es el descontrol de los comportamientos, sobre todo juveniles y hasta infantiles: hoy ya no es extraño encontrar en la crónica roja el caso de infractores en edad escolar que asaltan un comercio o cometen un arrebato callejero. La sociedad actual enfrenta el desafío de encarar ese desquicio con armas que vayan más allá de la represión policial o la sentencia judicial y que apunten a la recuperación cabal de los individuos sumidos en una total intemperie. Semejante compromiso, empero, no libera al observador de otra obligación, la de considerar la suerte del ciudadano (el hombre de bien, el contribuyente, el miembro responsable de la comunidad) que hoy enfrenta ese fenómeno llamado inseguridad.

La inseguridad ha encerrado al ciudadano en casas enrejadas como celdas, lo ha condenado al miedo de salir a la calle después de cierta hora, ha rebajado el ejercicio de sus libertades a las que pueda desempeñar sin arriesgarse a un trance de violencia o quizá de muerte. En resumen, el cuadro de inseguridad determinado por una delincuencia cada día más desembozada y más agresiva, ha ido arrinconando progresivamente al ciudadano, limitando sus radios de acción, reduciendo sus expansiones, afectando sus estados de ánimo, condicionando sus planes y sometiéndolo a la acechanza de una ilegalidad que tiene más poder, más presencia y más crecimiento que sus propias actividades.

Eso plantea un problema de enorme complejidad, no sólo porque exige de las autoridades una planificación que por cierto va más allá de la ampliación de las cárceles o el relevo de jerarcas, sino porque obliga a esas autoridades a estrellarse contra un panorama sin precedentes. No hay derecho a saltearse las angustiantes necesidades de una población marginal cuyas carencias insatisfechas desembocan a menudo en esta criminalidad, pero tampoco hay derecho a distraerse ante el apremiante llamado de una población que mantiene a su familia, cría a sus hijos, prospera como puede, paga sus impuestos y no elude ninguna de sus obligaciones legales, pero que sin embargo se siente desprotegida en su derecho a gozar de cierta seguridad, ciertas garantías de tranquilidad personal y colectiva, cierto amparo de parte de los dirigentes y las fuerzas del orden.

Grave encrucijada, en verdad. A ella deben responder quienes asumen las abrumadoras responsabilidades de gobierno, y deben hacerlo sin refugiarse en definiciones inaceptables (como la que comparaba el miedo de la población con una "sensación térmica") porque es su deber y por lo visto no admite postergaciones. Los hechos de violencia registrados en balnearios uruguayos en plena temporada veraniega, no hacen más que confirmar un pronóstico deprimente que debería preocupar a todos.