Otra ilegalidad

No son una, ni dos ni tres, sino que son varias las ilegalidades consumadas o que pretende consumar el Gobierno Departamental de Maldonado, y no es sólo El País el que las denuncia sino que también comparten esa calificación el Tribunal de Cuentas y gran parte de sus correligionarios en la zona. A la lista debe incorporarse ahora la pretensión de establecer un impuesto a las chacras marítimas ubicadas en el departamento, poniendo de manifiesto una tozudez digna de mejor causa y salteándose Códigos, leyes y decretos para hacerlo posible.

Se trata de una historia que tiene historia.

Para enfrentar los daños ocasionados por el temporal que azotó al país el 23 de agosto de 2005, al entonces novel e inexperiente Intendente de Maldonado se le ocurrió promover el establecimiento de un llamado "Impuesto solidario" del 10% sobre el valor de la contribución inmobiliaria, tomado desde entonces como un ejemplo nacional de improvisación, ya que primero se estimó su producido entre U$S 18: y U$S 12 millones; después se redujo a U$S 14: y en una reunión de la Junta se habló de U$S 5: para una tarea de limpieza que los Ediles del Partido Nacional habían estimado en U$S 1,5: (deduciendo el aporte personal de los Ministerios de Defensa y de Transportes) y el Partido Colorado en U$S 2,5:. Como se comprueba, había cifras para todos los gustos. Era de tal entidad el disparate que la iniciativa falleció a los cuatro meses de gestada, a la hora 20 y 45 del martes 20 de diciembre de 2005, en la sede de la Junta, confortada por los sacramentos que pudieron extenderle los ediles del propio Frente y el voto de los del Partido Nacional.

Lo que no muchos deben recordar es que junto con aquel no nato "impuesto solidario" se pretendió establecer un impuesto a las chacras marítimas, que también quedó por el camino debido a su inconstitucionalidad manifiesta, ya que los impuestos sobre los inmuebles rurales deben establecerse por ley y no hay nada ni nadie que pueda obviar ese inconveniente. Debieron haber leído antes el numeral 1o. del artículo 297 de la Constitución que terminantemente se los prohibía.

Estimulados -tal vez-, por esa minúscula resolución del Poder Ejecutivo que, salteándose la Carta y omitiendo la venia del Senado, designó una Fiscal de Gobierno de facto, al Gobierno de Maldonado se le ocurrió insistir en el proyecto, abriéndose a los topetazos un camino inexistente y elevando a la Junta otra insólita iniciativa por la cual -leer con atención- se pretende extender la calidad de zona suburbana a todo predio menor de cinco hectáreas en el que no se realicen actividades industriales vinculadas a la explotación agropecuaria, extractiva o similar; estén ubicados en el lugar en que se encuentren dentro del departamento; al lado o alejadas de las zonas urbanas; en el medio de un campo o junto a un arroyo, lo que le permitiría a la Intendencia fijar por sí y ante sí los impuestos que deben tributar las chacras marítimas, ubicadas hoy en zonas rurales. Va a ser el único departamento con esas características.

Como, con acierto, lo ha señalado el secretario de la Comisión Departamental del Partido Nacional de Maldonado, Dr. Luis Carlos de León, ese proyecto no sólo deja en manos de la arbitrariedad municipal determinar qué inmuebles serían rurales o suburbanos, sino que además, pasa por alto lo que establecen la Constitución, el Código Civil, el Código Rural y la ley de Centros Poblados, desconociendo claros pronunciamientos de la doctrina más recibida en la materia. Todo ello sin perjuicio de tener insospechadas consecuencias en, por ejemplo, el pago del impuesto de Primaria, en la protección ambiental exigible, en el funcionamiento de los servicios de Justicia, de Correo y de las Mesas Receptoras de Votos, así como en lo que tiene que ver con la legislación aplicable en materia de arrendamientos y desalojos.

Con motivo de más de una gafe en las intervenciones públicas del Presidente de la República, en algún momento se preguntaba desde esta página quién le escribe los discursos. Para despedirlo o para sancionarlo. Ante el ejemplo que se rescata en este comentario, es oportuno preguntarse también quién le redacta los proyectos al Intendente de Maldonado. Ese sí, para despedirlo o despedirla directamente, ya que errores como el señalado en este editorial no permiten llamar a mediadores para subsanarlos.