Julia Rodríguez Larreta
El asesinato de una atractiva mujer, encontrada semi desnuda en su cama, en un country, en la ciudad de Río Cuarto, estrangulada con el cinturón de su bata de cama, fue la noticia escabrosa de la semana. Una mezcla de sexo, crimen y misterio que recuerda el caso ocurrido unos años atrás, en otro elegante country de las afueras de Buenos Aires, cuando una mujer fue encontrada en su bañera, con varios balazos dentro del cuerpo, los cuales habían sido enigmáticamente disimulados. Homicidio que todavía continúa sin aclararse.
Sin embargo, el deterioro de la seguridad pública en Argentina es algo que desborda ampliamente el círculo de los delitos aparentemente pasionales. La impunidad de la delincuencia es apabullante, tal como lo muestra la variedad de hechos que día a día, reflejan un alarmante crecimiento de la violencia criminal. Continúa secuestrado desde hace tiempo, un joven de apellido Ianone, sin que se descubra su paradero y tampoco se ha sabido nada sobre la desaparición de Julio López, testigo en un juicio sonado. También se denunciaron en estos días, dos violaciones en la Capital, así como el asesinato de dos personas que esperaban ante un semáforo, situación hoy día de alto de riesgo. Un joven rehusó entregar su coche en una autopista y fue muerto a balazos, mientras que otro que intentó que no se llevaran a su novia, después de ser asaltado, sufrió la misma suerte. Y como si esto no bastara para dar idea de la inseguridad reinante, hace poco balearon a un policía, chauffeur del superintendente de investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.
SUPERPODEREs. En medio de este clima y luego de que decenas de miles de personas hayan acudido en más de una oportunidad a las convocatorias de Blumberg, padre de un chico que fuera secuestrado y luego vilmente asesinado, para reclamar a las autoridades que cumplan con su cometido de brindar seguridad a la población, acaba de conocerse una reciente medida presidencial sorpendente.
Haciendo uso de los superpode- res que le votaron nuevamente en el Congreso, que le permite desviar los recursos presupuestarios, el Ejecutivo acaba de reasignar partidas y le han hecho quitas al presupuesto de la Policía Federal y a la Gendarmería Nacional. Un total cercano a los 11 millones de pesos, que pasarán a ser manejados por el insaciable De Vido, el Ministro de Planificación Federal, bajo cuyas directivas pasan desde las grandes obras públicas que se anuncian, hasta las concesiones, etc.
Por supuesto que no es sólo con más dinero que se mejora la eficiencia de la labor policial, pero no parece muy acertado retacearle sus recursos si se quiere elevar su calidad y rendimiento. Sabido es que el éxito de Giuliani en su lucha contra el delito en Nueva York, no contó sólo con la política de "la tolerancia cero", sino también con la inversión realizada para mejorar sistemas, equipos y entrenamientos.
Olfateando el rechazo generalizado a la mencionada resolución, el Presidente Kirchner incorporó al discurso realizado el jueves en San Andrés de Giles, unos mensajes de corte "antigarantista", mucho más en sintonía con el interés de la ciudadanía, diciendo por ejemplo, "queremos jueces que se jueguen aplicando la justicia, pero no queremos los delincuentes en la calle".
A pesar de que fue él mismo, quien designó en la Corte Suprema a Raúl Zaffaroni, conocido "abolicionista", más inclinado a proteger al acusado, lo mismo que el titular de la Secretaría de Política Criminal, un abogado discípulo suyo.
Las expresiones de Kirchner vinieron a cuento de otro hecho que escandalizó a la gente en estos días, al saberse que había salido en libertad, por un fallo de la Cámara de Casación, un asaltante de bancos y blindados, apodado "La Garza", supuestamente con cadena perpetua, mano derecha de "El gordo" Luis Valor, líder de una banda de piratas del asfalto, sumamente violenta.
Según su defensor quedó libre, fallo que ha sido apelado por el fiscal, porque pasó 11 años sin recibir sentencia definitiva, al aplicarse el 2 por 1 que se agregó al Código Penal con la intención de ayudar a quien pasa largo tiempo preso, sin condena. Esto pone en evidencia otro flanco que hace agua y que es el funcionamiento del Poder Judicial, porque hasta los mismos jueces confiesan que a menudo deben actuar de acuerdo a lo que dicta la ley, aunque no crean que sea lo que corresponde.
Pero la lentitud de la justicia, que por cierto no sólo se da en Argentina, es paquidérmica y lleva a que no se haga justicia.
Se trata de un problema muy serio porque el proceso judicial debería realizarse dentro del plazo de la prisión preventiva, en lugar de terminar liberando delincuentes que deberían permanecer en prisión.
