Segundo pedido de cárcel para Bordaberry incluye varios delitos

Un nuevo pedido de procesamiento pesa sobre el ex presidente Juan M. Bordaberry. Según pudo saber El País, la fiscal Ana María Tellechea envió el martes su dictamen a la jueza Graciela Gatti pidiendo que el ex presidente de facto sea procesado con prisión por los delitos de atentado a la Constitución, homicidio y decenas de desapariciones forzadas.

Cuando todavía el juez Roberto Timbal no decidió si hace lu-gar al pedido de la fiscal Mirtha Guianze por los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, pendiente desde mayo de 2005, la fiscal Tellechea agregó una nueva solicitud para que sea encarcelado.

La acusación de la Fiscalía incluye el delito de atentado a la Constitución por el golpe del 27 de junio de 1973. Ese delito es castigado con diez a treinta años de penitenciaría y de dos a diez años de inhabilitación absoluta para quien por actos directos, pretendiere cambiar la Constitución o la forma de gobierno por medios no admitidos por el Derecho Público interno.

Además comprende el delito de desaparición forzada, considerado permanente para la legislación internacional por la desaparición de decenas de personas.

Por último, Tellechea lo acusa de ser responsable de los asesinatos de los ex militantes comunistas Ubagesner Chaves Sosa y Fernando Miranda, cuyos cuerpos fueron hallados el año pasado en las excavaciones llevadas a cabo en la chacra de Pando y en el Batallón 13.

Según adelantó Brecha el viernes 20 de octubre, la nómina de desaparecidos por la fiscal Tellechea incluye a José Arpino Vega, cuyos restos no pudieron ser hallados en la chacra de Pando aunque la Fuerza Aérea informó que se encontraban allí. Aparecen Eduardo Pérez Silveira, Olivar Sena, Luis González González, Asdrúbal Paciello, Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieba, Carlos Arévalo, Julio Correa Rodríguez, Otermin Montes de Oca, Horacio Gelós Bonilla, entre otras personas detenidas en Argentina, en el marco del Plan Cóndor.

La jueza Gatti deberá ahora citar a Bordaberry para comunicarle el pedido de la Fiscalía. En esa misma audiencia el ex dictador puede resultar procesado o la jueza puede hacer lugar a las pruebas que seguramente pedirá la defensa. Esta denuncia había sido presentada en 2002 ante la Suprema Corte de Justicia por los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter De León y a partir de allí pasó por varios jueces. El caso derivó en la sede de Gatti, luego que el tribunal de apelaciones penal de segundo turno revocó la sentencia de la jueza Fanny Canessa, que había archivado el caso por considerar que era cosa juzgada por un fallo de la Corte de 1986.

Tras revocar la decisión de Canessa, obligó a instruir la misma, citar al ex presidente, y pronunciarse sobre la acusación de los denunciantes. El expediente originariamente correspondía al juez Pedro Hackenbruch (que estaba a cargo de la sede judicial que hoy ocupa Gatti) que se abstuvo de instruirlo. Incluso había planteado una contienda de competencia con la Suprema Corte, al oponerse a investigar la denuncia. La corporación decidió por este caso iniciar una investigación administrativa para analizar la actuación de Canessa.

Mientras tanto, el juez Timbal estudia si hace lugar al pedido de procesamiento de la fiscal Guianze por el homicidio de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurrido en mayo de 1976.

Aunque el pedido de la Fiscalía fue presentado en mayo de 2005, en septiembre el juez resolvió no hacer lugar y también en ese caso el tribunal de apelaciones penal de segundo turno, ordenó que el expediente volviera al juzgado y que Timbal decidiera. Luego de recabar el testimonio del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, por la grabación que difundió Pedro Bordaberry en el debate televisivo con Rafael Michelini, Timbal decidió que no incorporará nuevas pruebas.