Anabella Damasco
Presidenta de la Asociacion de Magistrados
Qué herramientas tienen los jueces para combatir la usurpación? ¿Preocupa el tema?
-No parece ser una cuestión urgente como para que tenga un tratamiento parlamentario separado de lo que esta proyectando la comisión de reforma integral del Código Penal. Muchos operadores penales nos hemos quejado de que la gran profusión de normas ha hecho que la hermenéutica del Código Penal esté discriminada. No parece ser un asunto de urgencia, más allá de la publicidad que ha tenido el tema de Maldonado.
-¿Qué opina de este proyecto de ley?
-Establecer la libre convicción para adoptar la decisión en un tema de usurpación me parece muy fuerte. La libre convicción debiera estar reservada al estudio de la investigación de muy pocos delitos de difícil prueba. Porque, además, acá parece que se está hablando que, cómo no hubo una decisión judicial en tal sentido, quizás existe un vacío. Cuando los jueces no fallamos a favor de lo que alguien quiere, no precisamente es porque hay un vacío legal. No necesariamente hay que favorecer a quien denuncia.
-¿Usted dice que las normas hoy permiten actuar?
-Habría que estudiarlo más, pero por ejemplo el tema del tiempo (que es algo de lo que se habla), no tiene nada que ver. Lo que pasa es que algunas personas son ocupantes precarios por la tolerancia. El delito es otra cosa. Si una persona ocupa un lugar frente a Plaza Independencia desde hace varios meses, no es el tiempo lo que impida sacarla, sino que el lugar es tan público que uno se pregunta cómo puede alguien creer que no lo vieran viviendo ahí.
-¿Cuáles son los casos más frecuentes de denuncias?
No son justamente los de esos grandes chalet, sino esos temas paupérrimos, cuando alguien denuncia la usurpación de un rancho de un asentamiento, porque no es propietario. Para los poseedores y para quienes no son propietarios, hay otros caminos. A mí me preocupa una situación particular que tomó determinada publicidad y que ignoro si la respuesta del Poder Judicial fue buena o mala. No puede legislarse porque en un caso concreto no existió la respuesta esperada. Es lo que hemos venido cuestionando: si preocupa la mosqueta, sancionamos el delito. Ahora, como no preocupa tanto, lo sacamos. Si preocupa la pasta base, agravamos las penas. Si alguien le está exigiendo cumplir determinada conducta el Código prevé otros delitos, hay violencia privada, hay extorsión.
-Lo que se ha planteado es que muchas casas de Punta del Este están vacías diez meses al año y pueden ser ocupadas.
-Sí alguien piensa que legislar y sancionar delitos hace que la gente deje de cometerlos, su diario debería informar que no es así. Sería bárbaro, pero no es así.
-¿Se presentan muchas denuncias por usurpación por la formación de asentamientos?
-Sí, muchas. Eso sí que es una cosa insoluble. En eso está comprometido todo el Estado, y no sólo la justicia penal. Usted va a un asentamiento y hay gente que tiene luz y teléfono puesto por el propio Estado. ¿De qué estamos hablando? Viene la Intendencia y denuncia la ocupación de un terreno, pero Antel le conectó el teléfono. El Estado debe coordinar. No debiera continuar funcionando a manivela.