"Si esto fuera como ustedes lo plantean, la situación es gravísima y está prevista en la ley (de fueros sindicales) que aprobamos hace un tiempo". La frase corresponde al diputado oficialista Juan José Bentancor y fue realizada esta semana en la comisión de Legislación del Trabajo del Parlamento. Los representantes de la Asociación de Inspectores de Trabajo del Uruguay (AITU), sindicato afiliado a COFE, acababan de realizar una dura exposición donde denunciaron "persecución sindical" de parte de las autoridades de la repartición. Además, hablaron de falta de recursos técnicos y humanos para realizar las inspecciones, sobre todo en zonas rurales.

Los dirigentes gremiales acusaron a la inspectora general María Narducci de "disolver" asambleas, "relegar" de los cargos técnicos a las figuras visibles del sindicato y hostigar a los trabajadores afiliados. Desde la oposición, el diputado blanco Pablo Abdala dijo haber quedado "impresionado" por el "panorama tétrico" que plantearon los funcionarios. Bentancor prefirió afirmar que "debe haber malos entendidos".

La denuncia tiene particular relieve, dado que el Ministerio de Trabajo ha realizado durante el último año una intensa campaña a favor de la libertad sindical y aprobó una ley que prohíbe "perjudicar a un trabajador" por su afiliación. En la sesión, los dirigentes dijeron que "aspiran" a no tener que aplicar esta nueva herramienta, pero admitieron que la utilización de la ley de fueros está en el "horizonte" y que lo analizarán con COFE.

"La sensación que se vive es que es mejor no estar afiliado a AITU. Por eso, se han borrado de los registros durante el último año algunos inspectores que siempre pertenecieron a la asociación", afirmó la dirigente María del Carmen Camacho, según consta en la versión taquigráfica. Y explicó que ha habido "cambios de horarios, cambios de lugar de trabajo y desconocimiento de méritos del personal afiliado". Según la versión gremial, los funcionarios "visiblemente pertenecientes al sindicato" han sido "relegados" de las tareas técnicas.

HOSTIGAMIENTO. "Tanto yo como el secretario Francisco Pierlet, desde noviembre de 2004 hasta la fecha hemos sido hostigados o perseguidos por la actual inspectora general, cuando era directora de la división Condiciones Ambientales del Trabajo. Entendía que el reclamo del sindicato era contra su persona y no contra la administración", afirmó el dirigente Eduardo Fernández.

Los sindicalistas dicen que durante las anteriores administraciones también realizaban reclamos. "Pero en aquella época podíamos decir lo que quisiéramos, aunque no nos tuvieran en cuenta. Nunca fuimos acusados de abandonar los puestos de trabajo ni de obstruir la gestión", alertó Fernández.

Los dirigentes se refirieron a la "disolución" obligada de asambleas por orden de las jerarquías. Y dieron un ejemplo: "El hecho de que algunos integrantes de la comisión directiva estuviéramos comentando a nuestros compañeros el resultado de una reunión mereció la acusación de abandono del puesto de trabajo".

NI BOTIQUIN. El sindicato expresó que las funciones de "represión y prevención" no se cumplen porque hay "pocos trabajadores y pocos recursos". Camacho recordó que cuando asumió el nuevo gobierno "se habló del fortalecimiento" de la Inspección pero dijo que hoy los trabajadores se sienten "muy descuidados".

También denunció la suspensión de viajes programados por falta de viáticos. Y expresó que no hay camionetas cuatro por cuatro, fundamentales para ingresar a canteras, predios forestales y establecimientos rurales. "Durante un tiempo tuvimos una camioneta 4x2 en calidad de préstamo, pero ya no la tenemos", admitió Camacho. "Vas con una lapicera al monte, hasta hace poco no había ni un botiquín. Si vas en camioneta y se queda, no tenés forma de salir. Tenés que irte caminando 10 kilómetros", agregó.

Nuevo régimen

El gobierno ha prometido implementar un régimen de exclusividad para los inspectores, similar al que se aplicó en la Dirección General Impositiva (DGI). Pero eso aún no ha sucedido. De hecho, los dirigentes del sindicato de la Inspección de Trabajo denunciaron en el Parlamento que este tema volvió a quedar postergado. "Se nos dice que saldría antes de fin de año.

Tenemos el serio temor de que esto tampoco se cumpla, a la vista de lo que pasó con los plazos anteriores", afirmó la dirigente María del Carmen Camacho. "Es un tema que sigue sin resolverse y, a pesar de lo que se ha hablado, no vemos el fortalecimiento ni ningún otro tipo de acción que conduzca hacia eso", afirmó Camacho en la comisión de Diputados.