Michelini y los fiscales en busca de una conciliación

Con el objeto de poner fin al diferendo existente entre los fiscales y el Ministerio de Educación y Cultura, el subsecretario de la cartera, Felipe Michelini, convocó a los magistrados para una reunión.

Según pudo saber El País, el propio Michelini se comunicó con los integrantes de la directiva de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal, y los convocó a tener un encuentro para dialogar sobre lo ocurrido en las últimas semanas. Acordaron mutuamente reunirse cuando finalice la feria judicial, a partir del 15 de julio.

Los fiscales le enviaron, el 21 de junio, una misiva a la fiscal de Corte subrogante Elida Fajardo, en la que plantearon su inquietud y preocupación por la prohibición de hacer declaraciones a los medios de comunicación que se les venía imponiendo.

Pero la Fiscalía de Corte respondió con una resolución de la época de la dictadura, en la que advirtió que los fiscales no pueden hacer ningún tipo de comentario sobre los casos que llevan adelante. El artículo 33 del decreto ley 15.665 establece que los fiscales deben "abstenerse de emitir y hacer públicos juicios o censuras, manifiestos o encubiertos, en sus dictámenes o por cualquier otro medio, sobre gobernantes o jerarcas; dar a publicidad o facilitar de cualquier modo la difusión de antecedentes e informaciones sobre cuestiones o asuntos de cualquier naturaleza de que conozcan, o en que intervengan".

La preocupación se generó ante los reiterados pedidos de informe que se sucedieron en las semanas anteriores a cada magistrado que, ante consultas de medios, hicieron declaraciones sobre los casos que llevan adelante.

Los fiscales señalaron que "el tenor de las solicitudes nos genera interrogantes. Hasta ahora, en democracia, no hemos sido objeto de censura genérica a nuestra facultad de contestar los interrogantes de la prensa cuando entendemos que son de interés para la sociedad", afirmó la carta firmada por la directiva del gremio.

EXPEDIENTE. Como los fiscales enviaron esa carta a Fajardo con copia al ministro de Educación, Jorge Brovetto, y al subsecretario Felipe Michelini, en el Ministerio se formó un expediente administrativo con la misiva, que aumentó el malestar de los magistrados.

Ese hecho motivó también la reacción de los jueces y de la Asociación de la Prensa, que defendió la libertad de expresión. Un comunicado de APU señaló que las restricciones a los fiscales afectan directamente el derecho de los periodistas a informar a la población. "Como contrapartida se restringe el acceso de los ciudadanos a información sobre procesos judiciales que afectan el interés general de la sociedad".

La Asociación de Magistrados manifestó que el gobierno "desconoce el derecho de los ciudadanos a la información", algo que "contradice" directivas de la organización de Naciones Unidas (ONU), por la decisión del Ministerio de Educación de abrir un expediente a fiscales que formularon declaraciones en medios de comunicación. La organización declaró su "preocupación a que en un Estado de Derecho constitucional y democrático se reivindique enfáticamente el contenido de una norma que desconoce el derecho de los ciudadanos a la información, la libertad de expresión y el derecho de asociación de los Magistrados del Ministerio Público y Fiscal, cuya independencia resulta esencial para el sistema judicial". También, indicaron, los fiscales pueden "participar de debates públicos".

Todos estos hechos, ocurren en un momento en que los fiscales no cuentan con jerarcas, debido a que desde que el ex fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez, renunció el 24 de enero pasado, no se ha definido quien ocupará el cargo.

La fiscal penal Mirtha Guianze fue propuesta por el gobierno, pero el Partido Nacional aún no define que posición tomará.