La fuga no tendrá efectos en el pedido de extradición

El juez Juan Carlos Fernández Lecchini informó que la situación que provocó el coronel retirado Gilberto Vázquez no influye en el pedido de extradición que formuló la República Argentina y que está a estudio del magistrado, pero admitió que está analizando si su actuación está enmarcada en alguna figura penal. "Es muy prematuro, todavía lo estamos estudiando", sintetizó el juez ante una consulta de El País.

Fernández Lecchini dijo que quedó detenida en averiguación la ciudadana brasileña que lo ayudó a cambiar su aspecto. El juez investiga si hay más personas involucradas en el caso y anticipó que hoy puede convocar a Vázquez para tomarle declaración. Ayer observó el expediente pero no ingresó en detalles.

Asimismo, el viceministro de Defensa Nacional, José Bayardi, dijo que la actitud del militar retirado "horadó credibilidades institucionales" que resumió en tres jerarquías: el Poder Judicial, el mando del Ejército y el gobierno, por los juicios que emitió a propósito de la conversación que mantuvo con el comandante en jefe, Carlos Díaz.

Bayardi confesó que más allá de alguna ayuda individual, no le consta "algún respaldo organizado que es lo que ha querido transmitir" Vázquez en sus apariciones en los medios de comunicación, en los días de fuga. "No hay un apoyo institucionalizado. La decisión la tomó solo y trató de mostrar que actuaba con más respaldo orgánico", sostuvo, en declaraciones formuladas a radio Carve. Asimismo, sobre la situación del comandante Díaz -que había garantizado la detención en unidades militares y tras la fuga puso su cargo a disposición- el viceministro recordó que el presidente le ratificó la confianza en el mando.

"La pirámide del mando surge de este acto", resumió. Díaz, tras proceder a habilitar la posibilidad de dejar su puesto, no ha esbozado una postura sobre ese extremo.

"Gilberto Vázquez violó los códigos militares y el presidente consideró que no podía asignarle responsabilidades directamente", agregó.

SANTIAGO. En ese sentido, Bayardi marcó diferencias entre el militar prófugo y sus pares que fueron extraditados a Santiago de Chile para comparecer por el caso Berríos. "Ellos pasaron por todas las instancias. Y también andaban sin custodia. Todos, entonces, admitieron la situación, teniendo a la vista el antecedente de los extraditados a Chile", acotó.

Sobre ese caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó ayer conceder la libertad provisional a los tres militares implicados. La resolución, que fue adoptada por unanimidad por la octava sala del tribunal de alzada, confirmó la decisión del juez Alejandro Madrid a cargo del caso, informaron fuentes judiciales.

El pasado 23 de junio, el juez rechazó la excarcelación del coronel retirado Tomás Casella y los coroneles en servicio activo Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, por considerar que constituyen "un peligro para la sociedad".

Los tres uruguayos, que permanecen recluidos en el centro nuclear de Lo Aguirre, al oeste de Santiago, fueron procesados por el juez chileno por asociación ilícita para el secuestro de Berríos en 1991.

El abogado Carlos Portales alegó por la libertad de los imputados, mientras que por los querellantes lo hicieron Luppi Aguirre, del Consejo de Defensa del Estado (Fiscalía), Alejandro Varela y Sergio Corvalán.

Los militares uruguayos fueron extraditados a mediados de abril pasado a Chile a petición del juez Madrid y para determinar su participación en la muerte de Berríos, que fue agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta de Pinochet (1973-1990).

Berríos fue sacado de Chile en 1991 en un operativo conjunto de militares de ambos países, para evitar que declarase en el proceso por el asesinato en 1976 en Washington del ex canciller chileno Orlando Letelier.

El químico fue visto por última vez en noviembre de 1992 en Uruguay, cuando se presentó en una comisaría para denunciar que estaba secuestrado, pero fue entregado a unos militares y no se supo más de su paradero hasta abril de 1995, cuando se encontró su cadáver, atado y con disparos en el cráneo, en una playa.

Lacalle

El líder herrerista aventuró que Vázquez debe ser sancionado con las máximas normas