Población carcelaria: problema subsiste

Al cabo de un año de gestión, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Alvaro Garcé, reconoció que la situación de hacinamiento en los establecimientos penales se mantiene a pesar de la aplicación de la ley de humanización del sistema. El jerarca dijo ante legisladores que el problema del hacinamiento "no ha podido ser resuelto".

Garcé destacó que se viene cumpliendo el plan de redención de la pena por trabajo o estudio y aseguró que el índice de reincidencia de los presos liberados "es razonablemente bajo". Destacó que es partidario del régimen de "reclusión abierta" en las chacras policiales como forma de descongestionar los establecimientos de detención y además de estimular la rehabilitación. Garcé presentó un informe sobre el primer año de actuación ante una comisión de la Asamblea General. De las visitas que practicó a las cárceles de todo el país, apuntó como más "complejo" el panorama de Libertad y el Compen (Santiago Vázquez), pero también dijo que en Maldonado y Paysandú encontró "síntomas" de problemas de violación a los derechos humanos.

Respecto a la cárcel de Paysandú, en concreto, dijo haber encontrado problemas en los llamados "calabozos de castigo". En el establecimiento de Las Rosas, en Maldonado, el problema es de hacinamiento por causa de las reparaciones que se llevan a cabo y que dejan menos espacio habitable para los reclusos. Hay más de 300 presos cuando su capacidad es de 220. En Las Rosas, Garcé dijo que los presos estuvieron "al borde" de amotinarse por el problema locativo.

El comisionado dio explicación a pedido de varios miembros de la comisión sobre una versión periodística acerca de su supuesta gestión a instancias de un legislador para el traslado de un narcotraficante de una cárcel a una granja policial, desde donde le sería muy fácil escapar. Garcé aclaró que el comisionado parlamentario no promueve ni actúa ante una solicitud de traslado de presos y que exclusivamente lo hace cuando se presume situación de riesgo de vida o de los derechos humanos de esa persona.

Dijo que su actuación se limita a informar a través de un documento a la autoridad respectiva de que se está gestionando en otro ámbito una solicitud de traslado para ese recluso. En este caso particular, dijo que había recibido ese planteo de la compañera del narcotraficante. Garcé afirmó haber recibido cerca de 70 solicitudes concretas de traslado, y que en menos de diez se limitó a hacer esa comunicación escrita. Garcé dijo haber recibido en su primer año de actuación 241 denuncias y visitó a 1.603 reclusos.