La política cambiaria, las presiones inflacionarias y las ocupaciones de empresas fueron el centro de la preocupación de los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante las discusiones con el equipo económico en el marco de la revisión del cumplimiento de las metas del primer trimestre.

El resumen de la tercera revisión del acuerdo "stand-by" vigente entre el organismo y Uruguay publicada ayer, indica que la misión técnica encabezada por Marco Piñón le marcó al gobierno que el tipo de cambio en Uruguay debe reflejar mejor las condiciones del mercado, enfatizando los peligros de ponerle "un piso" al dólar. Los comentarios fueron hechos tras reiteradas participaciones del Banco Central en el mercado de cambios a principios de este año.

Ante ello, el equipo económico explicó al organismo que las intervenciones en el mercado se destinaron a incrementar las reservas y a quebrar el ciclo de expectativas de apreciación del peso que se retroalimentaban, pero aclaró que no implicaron un cambio fundamental en la política cambiaria y monetaria.

Los funcionarios del gobierno señalaron al FMI que el tipo de cambio comenzó a recuperar flexibilidad y explicaron que, si bien había cierta preocupación por una excesiva apreciación del peso, la inflación sigue siendo el objetivo más importante de la política monetaria.

En este sentido, el informe indica que los técnicos del FMI alertaron al gobierno sobre las dificultades de perseguir múltiples objetivos de política macroeconómica con un único instrumento. El programa oficial eligió actuar únicamente sobre los precios a través del manejo de la cantidad de dinero en la economía.

Durante el análisis de la marcha de la economía, tanto el staff del FMI como el gobierno coincidieron en que las presiones inflacionarias se incrementaron. En este contexto, las autoridades reafirmaron su compromiso de endurecer las políticas lo necesario para cumplir las metas de inflación y decidieron que, por ahora, sería más prudente no cambiar los objetivos de base monetaria y mantener las metas acordadas para 2006, lo que implicará un sustancial enlentecimiento del crecimiento de la cantidad de dinero en lo que queda de 2006.

Desde el FMI se mostró preocupación por las ocupaciones de empresas por parte de los sindicatos en conflicto. Ante ello los gobernantes explicaron que esos fueron incidentes aislados, que no representan una tendencia generalizada y que se está preparando legislación que clarifica los derechos y responsabilidades de los trabajadores en huelga.

fiscal. El FMI reiteró al gobierno que para que el crecimiento sea sostenido en el mediano plazo se requerirá mantener el impulso de la agenda de reformas estructurales y sostuvo que la performance fiscal debería seguir siendo fuerte si las reformas administrativas continúan siendo implementadas con fuerza.

Aunque reconocieron el buen comportamiento de la recaudación, los representantes del FMI advirtieron que "es crítico mantener una ejecución cauta de los gastos, ajustando las tarifas públicas si resulta necesario y siguiendo adelante con las reformas administrativas en marcha de las agencias recaudadoras para asegurar una implementación fácil de las reforma tributaria y el mantenimiento de las ambiciosas metas de ingresos".

El organismo dio apoyó a las asociaciones entre el sector privado y el público pero advirtió que deben minimizar los riesgos fiscales contingentes.

El Fondo cree que aunque las vulnerabilidades se han reducido sustancialmente, los niveles de deuda siguen siendo altos, las reservas son todavía relativamente bajas considerando la elevada dolarización de la economía y que siguen existiendo contingencias fiscales en el sistema financiero.

En tal sentido recomendó aprovechar la economía fuerte y las condiciones benignas del mercado financiero para acelerar la reducción de la deuda y mejorar su estructura mediante una extensión de los vencimientos y un incremento de la participación de la deuda en pesos.

Según el informe, los objetivos del programa fiscal suponen un incremento en los ingresos de alrededor de un punto del producto para asegurar tanto un gasto adecuado en áreas prioritarias (incluyendo el Panes), como el cumplimiento de la meta de superávit primario.

Nuevas inversiones sin costo fiscal

Según la revisión, el gobierno realizará entre julio de 2006 y junio de 2007 inversiones adicionales y cuidadosamente seleccionadas para catalizar emprendimientos privados en áreas donde hay "cuellos de botella" en materia de infraestructura, como forma de impulsar un crecimiento mayor de la actividad económica.

Esto podría reducir el superávit primario levemente (alrededor de un cuarto de punto del producto) pero se vería totalmente financiado con flujos que no crean deuda, como por ejemplo los ingresos obtenidos con la venta del Nuevo Banco Comercial.

El gobierno compartirá adecuadamente los riesgos en esos proyectos con socios privados y registrará las eventuales garantías gubernamentales (que no está esperado otorgar) o las contingencias fiscales en las cuentas públicas que deriven de esas iniciativas. Estas inversiones deberán tener un impacto fiscal positivo en el corto plazo y resultar en ganancias de productividad y mejoras en la infraestructura.

Entre esos proyectos figuran inversiones en el sistema ferroviario (para facilitar las exportaciones del sector forestal) y el dragado del puerto de Montevideo.

El gobierno reiteró que ahorrará todo posible sobrecumplimiento de las metas fiscales para llegar a un superávit primario equivalente a cuatro puntos del producto a mediano plazo.