Militares detenidos y llevados a la justicia mientras llega extradición

Los militares José Arab, José Gavazzo, Ernesto Rama, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, y el policía Ricardo Medina serán conducidos hoy al juzgado de Aída Vera Barreto ante una orden de detención preventiva de la justicia argentina que llegó a través de Interpol. Todos están acusados de tener responsabilidad en la desaparición de María Claudia García de Gelman, ocurrida en 1976 en el vecino país. La solicitud también comprendía al militar Julio César Vadora, fallecido.

Hoy a primera hora serán llevados ante la magistrada y si ésta entiende que el pedido de detención cumple con los requisitos legales, quedarán detenidos mientras se sustancia el trámite de la extradición. Arab fue aprehendido anoche, antes de ingresar a su domicilio, y otro de los indagados no había podido ser ubicado, según trascendió. Los restantes, serán detenidos en la mañana de hoy.

En el caso de Gavazzo, Rama, Silveira y Vázquez, el Ejército se encargará de la conducción y si quedan detenidos, lo harán en dependencias del Arma. El procedimiento en relación con Medina y Arab, correrá por cuenta del Ministerio del Interior.

El pedido de detención preventiva con fines de extradición, tiene el objetivo de evitar que los militares se sustraigan de comparecer ante la justicia. Posteriormente llegará el pedido de extradición que ahora deberá ser remitido a Vera Barreto, puesto que comenzó a actuar en el caso.

El embajador argentino Hernán Patiño Mayer dijo a El País que presentará el lunes el escrito ante el canciller Reinaldo Gargano. Mientras se sustancia el exhorto redactado por el juez Guillermo Montenegro, los militares aguardarán detenidos.

EXIGENCIAS. Vera Barreto recibió en la tarde del jueves el pedido del juez argentino Guillermo Montenegro y ayer dispuso la conducción. Para aceptar el pedido de extradición, el exhorto debe cumplir los requisitos que exige el tratado de extradición que mantiene Argentina con Uruguay. El tratado de 1996, que rige desde el 2001, establece que los delitos tipificados deben ser considerados como tales por las leyes de ambos países y Argentina debe tener jurisdicción para juzgar los hechos.

En este caso la justicia no podrá alegar que el caso se encuentra comprendido por la ley de Caducidad porque las leyes nacionales sólo se aplican dentro de la jurisdicción de Uruguay.

Por su parte, el gobierno anunció que acatará la decisión que tome la justicia con respecto a la solicitud de la justicia argentina, según declaró a El País esta semana el ministro de Educación y Cultura Jorge Brovetto.

Brovetto afirmó el jueves que no le sorprende que "se quiera hacer justicia". Y "si tienen la capacidad de hacerlo, se ajusta a derecho nacional e internacional, se dará cumplimiento". Analizó que "no es un tema para ser analizado en el Poder Ejecutivo porque esto requiere que se expida la justicia".

El pasado 26 de abril, el juez argentino resolvió pedir la extradición de los efectivos uruguayos por entender que participaron en el secuestro y posterior traslado a Uruguay de García. La causa que sigue Montenegro involucra al ex dictador argentino Rafael Videla, en el expediente en que la justicia argentina investiga el llamado "Plan Cóndor".