Comienzan a aumentar las medidas de seguridad

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De manera discreta pero firme las medidas de seguridad en las zonas involucradas en el conflicto binacional comenzaron a incrementarse. Las recientes intervenciones de los activistas de Greenpeace, los incidentes registrados en territorio fronterizo argentino fueron el disparador para las autoridades. Los contactos con las autoridades locales de Río Negro, Paysandú y Salto son prácticamente constantes, en particular en el primero de los departamentos donde el diferendo ha adquirido ribetes más notorios.

Por lo pronto, el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, piensa entrevistarse con los ministros del Interior y de Defensa Nacional para solicitarles mayor apoyo en materia de seguridad. Sin embargo, aún antes de que el jefe comunal concrete estos encuentros, tanto las fuerzas policiales como militares comenzaron a tomar recaudos.

En tal sentido, el director de la Policía Nacional, Sidney Ribeiro, dijo a El País que el tema había sido evaluado en forma constante durante toda la semana con el ministro del Interior, José Díaz, y los jefes de distintas unidades. El jerarca agregó que a partir de la semana próxima muy probablemente la Policía comenzará a implementar medidas preventivas en las zonas más comprometidas.

Para la Armada Nacional, particularmente para la Prefectura Nacional Naval, el foco de atención se concentra ahora en el río Uruguay. Los efectivos navales se desplegaron en mayor número tanto en las terminales portuarias de Fray Bentos como en los puentes internacionales, realizando operaciones constantes de patrullaje en el curso fluvial.

EN EL RIO. El jefe de la circunscripción del río Uruguay, el capitán Luis Raffo, dijo a El País que la Prefectura Nacional Naval se mantiene en estado de alerta ante posibles acciones en torno al conflicto de las papeleras. "Hemos desplegado más efectivos en la zona y también sobre los puentes internacionales, que están en nuestra jurisdicción", explicó el capitán Raffo, quien además es el prefecto de la base de Nueva Palmira.

"En el lado uruguayo no ha habido acciones violentas, ya que el problema está concentrado en Gualeguaychú hasta el momento", señaló el jerarca naval. "De todas formas, nuestra tarea es la de policía marítima y por lo tanto estamos a lo que disponga la Justicia, como en el caso de la acción que hizo Greenpeace en el puerto de M’Bopicuá donde la jueza dispuso que se incautara el gomón en el que llegaron los activistas", agregó Raffo.

Ayer los efectivos de la Prefectura Nacional Naval debieron dar seguridad a un buque de carga que llegaba a la terminal portuaria de la empresa Botnia con material para las obras en curso. La operación, indicaron fuentes navales, transcurrió con normalidad.

Por el momento la única intervención concreta de la Prefectura Naval fue la detención de los diez activistas de Greenpeace el martes pasado. En ese caso los efectivos navales detuvieron a uno de los tres gomones que participó en la operación, ya que los otros dos permanecieron en jursidicción argentina. Dado que la empresa Botnia no presentó denuncia contra los activistas, la Justicia dispuso la libertad de los detenidos unas dos horas después.

PREVENCION. Mientras tanto, a nivel policial el tema viene siendo analizado con preocupación. "En el correr de la semana próxima es probable que el ministro (José Díaz) disponga alguna medida", señaló el inspector general Sidney Ribeiro, "tampoco se va a esperar a que pase algo para hacer algo".

El jerarca señaló que, hasta el momento, las áreas más directamente afectadas por el conflicto son jurisdicción de la Armada Nacional. No obstante ello, y pese a que hasta el momento no se registraron hechos en jurisdicción policial, se está pensando en reforzar la vigilancia policial en la zona.

Ayer viernes el jerarca recibió el informe periódico del titular de la Jefatura de Río Negro, quien recibió instrucciones directas del ministro del Interior de remitir en forma diaria un informe de situación de la zona.

Las inversiones finlandesas que sufran por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones requerirá del Estado uruguayo restitución, indemnización, compensación u otros acuerdos por las pérdidas sufridas.