Rechazaron pedido argentino para cambiar fiscal en el caso Gelman

ELENA RISSO

La decisión de la justicia de disponer el archivo del caso de María Claudia García de Gelman, por considerar que está incluido en la ley de Caducidad, llevó al gobierno argentino a pedir a su par uruguayo que se "cambiara el fiscal" que solicitó la medida.

El reclamo fue realizado por el jefe de gabinete del gobierno del presidente Néstor Kirchner, Alberto Fernández, como consecuencia del pedido del fiscal Enrique Moller, que culminó con el archivo del caso por parte del tribunal de apelaciones.

El secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, le explicó que en Uruguay los fiscales tienen "independencia técnica" y que no se podía operar de esa forma, dijeron a El País fuentes políticas.

Fernández relató la existencia de "presiones" de Argentina para "influir sobre los fiscales" —a la que desde Uruguay se respondió que no se haría eso "de ninguna manera"—, durante las reuniones que mantuvo el lunes y martes con representantes de los partidos de la oposición, a los que explicó el alcance del proyecto interpretativo de la ley de Caducidad que ingresó ayer en el Senado.

Y si bien admitió que a él le "disgustó" el fallo, Fernández se apuró en aclarar que "nunca" se comunicó con un juez o un fiscal por eso, según relató el jerarca al resto de los partidos políticos.

Al encuentro que Fernández mantuvo el lunes 14 por la tarde con legisladores blancos, se sumó ayer una reunión con miembros del Partido Colorado (el senador Washington Abdala, el diputado José Amorín, y el ex integrante de la Comisión para la Paz y ex asesor presidencial Carlos Ramela), y con representantes del Partido Independiente (el diputado Iván Posada, el ex diputado Pablo Mieres, y los abogados Hebert Gatto y Mariella Demarco).

Según las fuentes consultadas, Fernández comentó a las delegaciones que lo visitaron en el Edificio Libertad que tuvo que convocar a esos partidos "de apuro", debido a que la bancada oficialista pretendía presentar el proyecto ese mismo día (ver nota aparte).

El secretario de la Presidencia tampoco ocultó su "malestar" con los trascendidos de la reunión que mantuvo el día anterior con los legisladores blancos.

Según Fernández, los nacionalistas "volantearon" los contenidos del encuentro, y se refirió concretamente a la información que les brindó sobre supuestos hallazgos de restos de cal y prendas de vestir en el Batallón 14 de Toledo.

"Yo no me hago responsable (de eso), en la medida que aclaré a los blancos que no era oficial, y que hasta no contar con una información escrita no iba a confirmar nada", comentó Fernández.

UNOS 200. Varias fuentes comentaron a El País que de acuerdo a la interpretación que hace el gobierno, la justicia podría actuar "en unos 200 casos" de desaparecidos, porque la norma vigente sólo ampara a aquellas situaciones en las que han aparecido los restos óseos.

Con excepción de Roberto Gomensoro (cuyo cráneo apareció en Tacuarembó), el resto de los casos de desaparecidos en Uruguay y en Argentina podría ser indagado por la justicia. "En principio sí pueden ser objeto de acción judicial", indicó Fernández.

El secretario de la Presidencia repitió en varias oportunidades que la iniciativa del gobierno fue presentada por la bancada oficialista, y que él sólo se limitó a hacer precisiones.

"Acá estamos en una situación en que no aparece más nada. No es posible avanzar más", comentó Fernández, según los informantes.

El jerarca señaló que desde la propia izquierda se solicitó "hacer algo más", ante la falta de información y que por eso se resolvió presentar el proyecto, para que sea la justicia la que defina qué hacer en cada caso.

"No tenemos más nada que (lo obtenido) en la Comisión para la Paz. Estamos obligados a hacer esto", dijo Fernández.

En los encuentros, el secretario de la Presidencia utilizó el terminó "judicialización", para definir la salida acordada por el gobierno al tema, señalaron las fuentes.

Según indicó el jerarca, a partir de la promulgación de la ley será la justicia la que defina y subrayó que para solicitar la exclusión de un caso, deberá remitir al Poder Ejecutivo información obtenida a partir de las indagaciones.

De acuerdo a las fuentes, el jerarca indicó que el proyecto de ley no es "retroactivo" sino "interpretativo", porque se aplicará para causas que fueron "archivadas", pero sobre las cuales no se dictó sentencia.

Citando en varias oportunidades a Charles Montesquieu, Fernández apeló a la "separación de poderes", para asegurar que será la justicia quien defina.

CUENTAGOTAS. Por otra parte, el secretario de la Presidencia hizo referencia a las dificultades para obtener información, que a su entender, al igual que sucedió durante el trabajo de la Comisión para la Paz, fue llegando "en cuentagotas". A eso, agregó, se sumaron "versiones contradictorias", que no han permitido el hallazgo de restos.

Pero aclaró en varias oportunidades que está convencido que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas actuaron de buena fe con el gobierno y no le mintieron.

Según relató el secretario de la Presidencia a los integrantes de la oposición, la acción llevada adelante por el gobierno en materia de derechos humanos ha permitido que en las Fuerzas Armadas se "avance" en lo que tiene que ver con asuntos referidos al pasado.

Es más, agregó que será posible "avanzar" en las indagaciones porque los militares que se encuentran en situaciones más complejas integran un "grupo muy reducido" que no supera los "ocho o 10".

Según varias fuentes, Fernández se refirió de esa manera a los militares retirados que son señalados en varias causas vinculadas a violaciones de derechos humanos.

"Acá en las Fuerzas Armadas hay miles de efectivos, pero siempre terminamos hablando de ocho, nueve o 10 tipos", agregó.

DESCONFORMES. De acuerdo a la información proporcionada por las distintas fuentes, Fernández señaló que ahora el gobierno tendrá un nuevo marco para fijar los criterios que permitan excluir casos de la ley de Caducidad.

En ese sentido, comentó que en gobiernos anteriores se aplicó la "discrecionalidad", pero que no se dejaron expedientes con las constancias que llevaron a esas definiciones.

Además, puso como ejemplo que hay casos que a su entender exceden desde todo punto de vista la norma, como fue la inclusión en la ley de un militar vinculado a "un delito administrativo" en el Banco Hipotecario.

Sin embargo, Fernández aclaró que a pesar de los intentos del gobierno de buscar una salida consensuada, "hay gente que no se va a conformar" y que sólo estaría satisfecha si aparecieran los desaparecidos. Puso como ejemplos a los integrantes del grupo Plenaria Memoria y Justicia.

Con el objetivo de lograr la sanción parlamentaria a fin de año, la bancada oficialista de senadores presentó ayer el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad.

Los senadores Enrique Rubio, Margarita Percovich, Eduardo Ríos, Alberto Couriel y Rafael Michelini presentaron la iniciativa minutos después que ingresó en la Cámara.

Rubio (Vertiente Artiguista) explicó que cuando el miércoles próximo finalice el tratamiento del presupuesto, el proyecto comenzará a ser discutido en las comisiones de Constitución y Derechos Humanos, que sesionarán integradas con las de Diputados, para aprobarlo antes de fin de año.

El legislador aclaró que la idea es que las delegaciones vinculadas a la futura aplicación de la ley (por ejemplo Suprema Corte de Justicia y la Asociación de Familiares de Desaparecidos), concurran una sola vez y brinden su posición ante las comisiones de las dos cámaras de forma conjunta.

Agregó que la idea del gobierno es buscar el mayor apoyo posible de los demás sectores, y aclaró que la norma "pretende interpretar y no modificar la ley de Caducidad".

Percovich (Vertiente Artiguista), explicó que el proyecto apunta a "acotar algunas de las distintas interpretaciones que se han hecho en los últimos años en relación a la ley" de Caducidad realizadas por los gobiernos anteriores.

Al ser consultados los legisladores sobre el concepto de "mandos" incluido en el articulado, Ríos (Alianza Progresista) expresó que "es muy difícil interpretar en una ley" el punto y que el mismo será fijado "en cada expediente".

batallon 14

"Yo no me hago responsable (de la información que trascendió luego de la reunión con el Partido Nacional), en la medida que aclaré a los blancos que no era oficial, y que hasta no contar con una información escrita no iba a confirmar nada".

desaparecidos

"En principio (unos 200 casos) sí pueden ser objeto de acción judicial".

obligacion

"No tenemos más nada que (los datos obtenidos) en la Comisión para la Paz. Estamos obligados a hacer esto".