El borrador de proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno la semana pasada generó críticas de parte de especialistas de diversas consultoras. En general coinciden en sostener que la propuesta no se condice con la intención de avanzar hacia una mayor justicia y equidad en el sistema impositivo que había planteado como objetivo el gobierno, que perjudica a la clase media y que no fomenta la inversión.

Uno de los aspectos más cuestionados por los tributaristas es que hasta el momento no estén previstas deducciones para el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El viernes el ministro Danilo Astori se mostró dispuesto a analizarlas, pero aclaró que de aplicarlas habría que aumentar las tasas previstas para el tributo.

Nicolás Juan, del estudio Guyer & Regules, comentó que "la renta son los ingresos menos los gastos por lo que esto en realidad es un impuesto a los ingresos, un IRP ampliado y con tasas mayores" y opinó que "si se argumenta que no se pueden controlar las deducciones, que no se implemente el impuesto".

Daniel García, de Price WaterhouseCoopers, indicó que el IRPF sin deducciones "no es razonable" en tanto "no mide la capacidad contributiva de la gente".

Su colega, Carlos Borba, de Tea Deloitte & Touche, consideró "lógico y de justicia" que existan deducciones y dijo estar convencido de que la falta de éstas se subsanará en los próximos meses. "No hay que poner el grito en el cielo por eso", opinó.

En este sentido, Alberto Varela de CPA Ferrere dijo que seguramente se aplicarán deducciones a los ingresos de los profesionales por gastos asociados a su trabajo, pero aclaró que de todas formas "el no tener previstas deducciones para las personas físicas va contra la justicia del régimen".

AFECTADOS. Para los tributaristas la clase media y media-alta serán la más castigada por la reforma.

"¿Se puede decir que una persona que gana $ 20.000, no tiene otro ingreso en su familia e hijos es de clase alta?", se preguntó Juan. En tanto, para Borba "fue un error presentar las posibles tasas en lo que no fueron más que lineamientos y no un articulado".

Tanto Varela como García coincidieron en que gravar más el trabajo que el capital "fue un error", porque se castiga más al trabajador que al que supuestamente es más rico. "Si tengo U$S 100 millones en las Bahamas me río mientras que si trabajo pago los impuestos", dijo Varela.

También señalaron como un error es gravar la renta bruta y no la neta y además no considerar el ingreso del hogar.

Con respecto al abatimiento del IVA, Juan consideró que los comercios "no lo van a trasladar a precios y recompondrán márgenes", en tanto Borba si bien sostuvo que se trata de un avance que favorecerá al consumo, consideró que las alícuotas seguirán siendo altas y no desalentarán la evasión. "La baja del IVA no compensará a las familias de la clase media", consideró Juan. Para Varela la rebaja del IVA será "relativa" en tanto "no se afecte la recaudación". Agregó que utilizar la eliminación de 15 impuestos a través de la reforma "como un argumento de venta" es "bueno", pero "no real" dado que "a la mayoría de los impuestos se les cambia el nombre". Señaló que el IRIC y el IRA pasarán a cobrarse como IRAE y que el Imesa estará alcanzado en el IVA.

EMPRESAS. García fue tajante al definir los lineamientos de la reforma tributaria como un "desestímulo a la inversión", porque se "pierden ventajas comparativas".

"El atractivo que podía existir en sectores porque no se pagaba desaparece, por ejemplo en el inmobiliario o en el mercado de acciones, además el impuesto a la renta de las empresas si bien se reduce es alto con respecto a otros países, y en lo personal el empresario verá gravado su ingreso bruto, con lo que estará peor que en otro lados", dijo.

Afirmó que en los países de Europa del este "el Impuesto a la Renta corporativa es menor al 20% y en Irlanda es de 12,5%", lo que atrae más a las inversiones.

Varela dijo que si bien la reducción de aportes patronales es buena, las industrias que estaban exoneradas deberán enfrentar "no solo un aporte del 7,5% sino los aumentos previstos por los consejos de salarios con lo que pueden afectarse los números finales".

El técnico tampoco está de acuerdo con que se graven los al sector inmobiliario, con lo que estimó se encarecerá la ganancia del promotor privado y de la mano de obra "como mínimo un 14%". Dijo que los alquileres seguramente ya apliquen un aumento del 10% en sus valores considerando que los contratos se hacen con dos años de previsión.

En contraposición, tanto Juan como Borba coincidieron en que es adecuado gravar los ingresos de los profesionales y los alquileres. Pero no están de acuerdo con hacer lo propio con los intereses de los depósitos. "En ningún lado del mundo se gravan los depósitos de no residentes. No le veo la razón. ¿Por qué poner a prueba al sistema financiero nuevamente? Los depósitos rinden poco y ahora se los gravará. Los grandes se los llevarán y los chicos quedarán de rehenes", opinó Juan. Borba dijo que gravar los depósitos "no es una buena idea y además con los actuales niveles de interés, no aplicarles impuestos no supone pérdidas de recaudación relevantes". García agregó que "los bancos terminarán canalizando a sus depositantes donde no hay cobro de intereses como pasa en Estados Unidos".

Dudas porlas Safis

Los especialistas discrepan en torno a la conveniencia de eliminar las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (Safis). Para Nicolás Juan, de Guyer y Regules, las tienen países como Holanda y España y ahora existirá en Chile y es "discutible" su eliminación, pero Carlos Borba —de TEA, Deloitte & Touche— entiende que estas sociedades "a esta altura eran más una complicación que un beneficio y ya no tienen razón de ser" porque el tipo de negocios legales que permitían hacer se pueden realizar con otras figuras que no tienen la "aureola" negativa que tienen las Safis que "muchas veces fueron mal usadas".

Daniel García, de PriceWaterhouseCoopers, mostró su apoyo a que se eliminen en tanto "es adecuado para posicionar a Uruguay como un no paraíso fiscal".

Mientras, especialistas tributarios de Argentina dudan que la decisión limite la evasión que ciudadanos de esa nacionalidad efectúan a través de empresas off-shore radicadas en Uruguay.