El Directorio del Partido Nacional reclama la renuncia del Ministro del Interior. Este se niega argumentando el apoyo del Frente. Tiene el respaldo parlamentario, es verdad. Pero el Frente representa la mitad de los uruguayos. La otra mitad, no respalda ni le tiene confianza y él lo sabe, por lo que la sensibilidad ministerial llega —cansada— al cincuenta por ciento. A prepararnos pues para tener al frente de la defensa de la seguridad pública a un socialista a la antigua, fanático de una ideología que ya fue, que no mira con buenos ojos al derecho de propiedad. De allí su concepto sobre lo que debe ser una actuación policial oportuna, eficaz —lo sucedido el viernes pasado es el ejemplo más reciente de un proceder lento y tardío frente a una columna de exaltados que según justificación de una de sus líderes sólo estaba "grafiteando" la Bolsa de Valores, algunos Bancos y automóviles estacionados en la zona. Y los "grafitearon" nomás. De allí también la derogación de las normas que permitían el desalojo de trabajadores ocupantes de locales de empresas por medio de la policía. Esta medida trajo de inmediato sus previsibles consecuencias, y allí está la estación de servicio cuyo concesionario dispuso su cierre, dejando sin trabajo a quienes ocuparon. Y el que creó el problema fue tomado por Ancap. Con el loable propósito de buscar una solución a este problema el legislador nacionalista Pablo Iturralde presentó un proyecto de ley en que se declara que la ocupación de empresas no es una manifestación del ejercicio del derecho de huelga salvo tres excepciones, y le da la opción al dueño de la empresa ocupada de ejercer la acción de amparo ante la Justicia Laboral para obtener el desalojo de los que en realidad son usurpadores de la propiedad ajena.

El solo hecho de la presentación del proyecto es un mérito a destacar del legislador, aunque no creemos que el mismo tenga éxito. La mayoría parlamentaria la tiene la fuerza política en que se respalda el Ministro, y no va a permitir que la oposición le corrija la plana. Tampoco nos convence que haya excepciones al principio de la ilegitimidad de la ocupación ni que sea la justicia laboral, tradicional y naturalmente tuitiva del trabajador, la que diga la última palabra.

En consecuencia, quien quiera invertir en el país debe saber que está expuesto a que invocando el derecho de huelga —que es un derecho, no una consecuencia fatal e inexorable de una discrepancia entre patrono y empleado— se vea privado de su propiedad sin indemnización de clase alguna.