Edificio en arroyo Maldonado enfrenta al oficialismo local

| Ediles de la izquierda denuncian presiones de los empresarios, pese a decisión oficial de autorizar la obra

MALDONADO |

MARCELO GALLARDO

El intendente de Maldonado, Oscar De los Santos, dio marcha atrás con la suspensión de la construcción del edificio Delamar y anunció ayer que habilitará que continúe la obra en la cabecera este del arroyo Maldonado.

La cuestión tomó también un nuevo giro el martes de noche cuando el edil oficialista Gastón Pereira realizó un planteo de fueros al denunciar que fue presionado por el inversor de la obra, el argentino Enrique Etchebarne Bullrich.

El edificio "no está en cuestión", dijo De los Santos, quien precisó que lo que está siendo sujeto de revisión son los locales comerciales que los inversores agregaron al proyecto.

"Identificamos que no se había votado la permuta de tierras que enviamos a la Junta. Eran dos predios paralelos atravesados por dos calles que llegaban al arroyo Maldonado y la administración anterior permitió unificar esa tierra incorporando esos bienes públicos que eran las calles a un predio privado", señaló De los Santos.

El intendente de Maldonado dijo que "en este momento la decisión del ejecutivo es no permitir la unificación de esos predios".

Sobre la obra pendía una resolución de De los Santos que decidió suspenderla el 24 de agosto. La comuna había habilitado únicamente tareas de excavación y cimentación, pero la obra siguió adelante.

Pereira había reclamado que se cumpliera lo decido oficialmente por la comuna hasta que la Junta se expidiera sobre el proyecto, lo que no ocurrió.

PLANTEO. Sin embargo, el edil del Encuentro Progresista, ingeniero agrimensor Gastón Pereira, pateó el tablero político de la coalición de izquierda, al denunciar en la última sesión de la Junta Departamental un planteo del inversor de la obra que consideró como una presión injustificada.

Pereira dijo en la seción de la Junta que la supuesta presión que recibió del inversor se produjo durante una reunión que mantuvo con Etchebarne Bullrich a instancias del odontólogo carolino Beltrán Barrios.

El dentista, amigo de las dos partes, en una gestión de buena fe, había citado a Pereira y a Etchebarne en su consultorio.

Sin embargo, Pereira se encontraba molesto porque antes había sido informado de un comentario por boca de su aliado político, el diputado Darío Pérez, sobre determinadas afirmaciones que realizó sobre su persona el arquitecto de la obra, Omar de Santa Ana.

Pereira dijo en la Junta que Santa Ana le había advertido a Darío Pérez que Pereira estaba "operando" a favor del multimillonario inversor argentino Sergio Grosskopf, emprendedor local que levantó las torres Millenium, Coral Tower y Beverly Tower.

Pereira estaba muy molesto con el comentario y con ese clima llegó al encuentro. Como podía esperarse, la reunión entre Etchebarne y Pereira duró pocos minutos porque de primera el inversor argentino le dijo que estaba al tanto de que operaría con mecanismos ilegales para entorpecerle la obra, según denunció el edil.

Pereira, que fue acompañado a la reunión por la edila y abogada Florencia Beledo, se retiró del lugar ofuscado y planteó el tema en la Junta.

Sobre este punto, el intendente consideró "legítimo que cualquier señor edil pueda sentirse afectado en sus fueros". "Hemos definido una estrategia de gobierno que se puede compartir o no", sostuvo De los Santos.

Obra "sin autorización"

Las denuncias del edil oficialista Gastón Pereira sobre irregularidades en la construcción del edificio no son nuevas. Tiempo atrás, en declaraciones a Correo de Punta del Este y diversos medios locales, el edil había asegurado que la obra se llevaba a cabo sin la debida autorización comunal.

El legislador comunal sostuvo que el proyecto original aprobado por la pasada legislatura había sufrido modificaciones radicales y que la obra había comenzado sin que éstas fueran aprobadas por el legislativo.

Pereira reafirmó su condición de "imparcial" e "independiente" respecto a la obra y rechazó las presiones.

Todo indica que la situación que se ha generado en la interna del oficialismo de Maldonado parece encaminarse a convertirse en un campo propicio para el cobro de facturas revertidas entre la propia izquierda.

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