Hay gran campo para alianzas entes-privados

El impulso del gobierno a las asociaciones entre empresas públicas y privadas tiene un campo "muy vasto" en Uruguay para lo que sería "deseable un marco normativo específico" y la modalidad preponderante podría ser la creación de sociedades anónimas, dijo a El País el experto de PriceWaterhouseCoopers, Ignacio Aragone.

Como director de la división internacional especializada en estas operaciones, Aragone destacó que con los proyectos público-privados (PPP) se "incrementa el patrimonio público en vez de disminuirse".

Dijo que en los PPP el Estado "invariablemente" retiene las "potestades de control y regulación" junto con la "propiedad de los activos básicos afectados a los proyectos".

Destacó que con estas operaciones se "reducen los riesgos tomados por el sector público" y el Estado se reserva "los cada vez más menguados recursos del rubro inversión a proyectos de alto impacto económico y social, pero de rentabilidad insuficiente".

El abanico de opciones para estas asociaciones pueden ir desde el transporte, energía, comunicaciones y agua hasta el desarrollo de nuevos sistemas carcelarios, hospitales, centros educacionales e incluso teatros.

SOCIEDADES. Las figuras jurídicas "más comunes" para los PPP son las sociedades anónimas por las "ventajas" que ofrecen frente "a las alternativas tradicionales de entidades de economía mixta regidas por el derecho público", según Aragone.

Afirmó que "lo usual" es que los privados participen de la gestión del proyecto y que "lo normal" es que tenga mayor proporción de acciones que el Estado, la que "puede ir desde un 49% hasta porcentajes insignificantes".

A pesar de ello existen fórmulas para que el sector público conserve el derecho de veto dentro de la sociedad sin importar el porcentaje de acciones que controle.

El experto dijo que "es deseable" un marco legal que regule "aspectos esenciales" como las modalidades de PPP a utilizar, la metodología de estructuración junto a las instancias de conducción, control y regulación de los procesos.

Aragone dijo que mientras no haya un marco legal para estas operaciones es "vital" el diseño de una "adecuada regulación contractual a través de los documentos de cada proceso" dado que los modelos utilizados hasta ahora en el país "han evidenciado importantes carencias".

Según el experto, "lo primero" es hacer "buenos contratos" a partir de las "mejores prácticas internacionales" aunque "sin perjuicio" de las normas vigentes en el país.

Se debe regular en forma adecuada el régimen de derechos y obligaciones de las partes así como el de "reparto de riesgos" y los mecanismos de control de la actividad del socio privado junto al sistema de sanciones y de solución de controversias, consideró.