El 58% de las mujeres no cuenta con apoyo

El 58% de las mujeres separadas o divorciadas con hijos declaró no recibir aporte monetario por parte del padre de familia, según se indica en el documento "Asignaciones familiares, pensiones alimenticias y bienestar de la infancia en Uruguay", realizado por Unicef y la Universidad de la República.

El mismo será presentado en la tarde de hoy en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad. Los porcentajes que se manejan surgen de una Encuesta de Situaciones Familiares y Desempeños Sociales realizada en 2001, en Montevideo y la zona metropolitana.

La publicación permite conocer los determinantes, los efectos económicos y el entorno legal de las transferencias económicas de los padres hacia sus hijos, luego del divorcio o separación.

"La evidencia para varios países encuentra que altos ingresos del padre, estar ocupado, mejores empleos y mayor nivel educativo se asocian a un mayor cumplimiento", se expresa en el estudio.

En este sentido se señala que la probabilidad de que el padre realice una transferencia de dinero, va desde un 19% cuando éste cursó enseñanza primaria, hasta casi el 66% cuando cuenta con educación terciaria.

Se considera que el hogar recibe una pensión alimenticia cuando el padre se ocupa regularmente de hacer un pago en dinero o cubre algún gasto: matrícula escolar, cuota de la vivienda o alquiler, gastos de salud, entre otros.

Según el estudio, el aumento del divorcio en los países occidentales fue acompañado por el crecimiento acelerado de hogares monoparentales encabezados por mujeres, y se indica que es habitual que en el entorno del 85% y 90% de los casos sean éstas quienes continúan viviendo con sus hijos luego de la separación.

Al hecho de que en Uruguay, al igual que en los países desarrollados, ha aumentado significativamente el número de divorcios, se suma que un gran número de niños y adolescentes dejan de percibir la ayuda económica de sus padres cuando éstos rompen el vínculo con su madre.

"Si a eso se agrega que la justicia enfrenta dificultades graves para obligar a los padres a cumplir con sus responsabilidades económicas luego del divorcio, la revisión del régimen de pensiones alimenticias se presenta como un problema que debería ocupar un lugar central en la agenda de las políticas públicas", concluye el estudio.