Cambian ley que repara a privados destituidos en la pasada dictadura

Con la convicción de que ha habido irregularidades, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social inició una investigación administrativa para determinar las razones por las cuales en los últimos tres años la anterior administración apenas atendió el 25% de las 2.881 solicitudes presentadas desde que se aprobó en el año 2002 la ley que repara a empleados privados que se vieron impedidos de trabajar por razones políticas durante la pasada dictadura.

Además, el Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto derogatorio de la ley vigente, para otorgarle a los funcionarios privados mayores posibilidades de probar que fueron perjudicados durante el gobierno militar.

El subsecretario de Trabajo Jorge Bruni dijo ayer que una comisión especial integrada por delegados del Ministerio de Trabajo, la Oficina Nacional del Servicio Civil, el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Economía, no tramitó el 75% de las solicitudes "de ciudadanos que se entendían perjudicados y esperaban una solución por parte del Estado a una situación que en muchos casos el paso del tiempo ha ido agudizando".

Bruni sostuvo que la "lamentable" situación "revela una gran dilación o una inexistencia de un trabajo sistemático, a punto tal que el ministerio inició una investigación administrativa porque entendió que no era posible que hubiera tan pocos expedientes tramitados".

En los hechos, solamente se resolvieron 860 expedientes, de las cuales más de 600 obtuvieron respuesta positiva y las personas recibieron los haberes jubilatorios no aportados durante el período.

Las autoridades tienen la "convicción" de que en algunos casos existió "irresponsabilidad", aunque esperarán al resultado de la investigación administrativa iniciada para brindar las "garantías necesarias" a los integrantes de la comisión.

"No podemos avalar esta situación, y estamos preocupados. Pero no significa que estemos atacando a personas concretas", aclaró Bruni.

CLANDESTINIDAD. Más allá de la investigación iniciada, los ministerios de Trabajo y de Economía —en coordinación con organizaciones sociales— definen detalles de un proyecto que elevarían al Parlamento a fines de octubre, para sustituir la ley vigente.

Una de las principales modificaciones estará vinculada a "los medios probatorios" con los que cuentan los empleados privados que debieron abandonar el país durante la dictadura por razones políticas, ideológicas o gremiales, así como quienes estuvieron detenidos o se encontraban en la clandestinidad.

De acuerdo a la ley vigente, los ciudadanos deben aportar pruebas documentales para demostrar que no pudieron seguir trabajando por razones políticas. "Pero evidentemente es muy difícil probar la clandestinidad mediante documentos", aclaró el jerarca.

Por eso, se agregaría a la prueba documental, la posibilidad de presentar pruebas testimoniales. "Se habilitarán todos los medios de prueba que existen en el derecho local", recalcó Bruni.

Además, se estudia la posibilidad de que la nueva ley permita abrir un nuevo período de inscripciones, incluyendo los casos ya presentados y rechazados. "Ya no se puede dilatar porque es un tema de alta sensibilidad: se trata de gente perjudicada por la dictadura que debió exiliarse, que dejó de trabajar, o estuvo presa", recordó Bruni,.