Representantes de organizaciones de Derechos Humanos ofrecieron ayer a los jueces capacitación académica en esos temas, frente a la proliferación de casos que se están abriendo en la justicia de esta materia, en la que los letrados ya tienen formación.

La vicepresidente de la Asociación de Magistrados, Anabella Damasco informó que ya que estos abogados se han capacitado en el tema de los derechos humanos, ofrecieron bibliografía y capacitación sobre los hechos ocurridos durante la dictadura militar.

Consultada sobre si los casos que se tramitan ante la justicia fueron tema del encuentro, Damasco aseguró que la condición que pusieron los jueces para acceder al encuentro fue que esos asuntos no se tocaran. "No lo hubiéramos permitido porque no tiene que ver", afirmó.

Estuvieron en la sede de la Asociación de Magistrados, el abogado Pablo Chargoñia, de la secretaría de Derechos Humanos del Pit-Cnt; el abogado Guillermo Paysée del Servicio Paz y Justicia (Serpaj); la abogada Hebe Martínez Burlé, representante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), junto a otros profesionales. Damasco explicó que si bien algunos de ellos son denunciantes en los casos que se están tramitando ante la justicia, no se presentaron en ese carácter.

EXTRADICION. El abogado paraguayo defensor de derechos humanos Martín Almada reiteró ayer a un juzgado su pedido para que investigue y solicite la extradición de algunos militares uruguayos y argentinos, acusados de participar en detenciones y torturas en Asunción, en el marco del Operación Cóndor.

Almada descubrió a fines de 1991 el archivo secreto —bautizado "Archivo del terror"—de la policía del ex presidente Alfredo Stroessner, del que dice contener pruebas palpables de varias acciones de la Operación Cóndor, la represión coordinada entre los dictadores del Cono Sur en los 70.

El abogado elogió lo que consideró un esfuerzo realizado actualmente en Uruguay para sacar a luz violaciones de derechos humanos cometidas por los militares.

Basado en el "Archivo del Terror" Almada informó a ANSA que reiteró al juez Guztavo Santander que reclame la extradición del mayor de nacionalidad uruguaya Carlos Calcagno, de quien afirma que el 9 de abril de 1977 torturó en Asunción al educador también uruguayo Gustavo Edison Insaurralde Meliar, dirigente del partido Por la Victoria del Pueblo.

Agregó que de la misma sesión de torturas, realizada en el entonces Departamento de Investigaciones de la Policía, también participaron el coronel Galo Escobar y el comisario Alberto Cantero (paraguayos), y los militares argentinos Angel Spada, Juan Carlos Camicha, José Montenegro y Alejandro Stada.

Entre los desaparecidos que mencionó pidió que se investigue las causas de los uruguayos Meliar y Nelson Rodolfo Santana Scotto, quienes fueron torturados en Asunción y entregados a las autoridades de su país el 16 de mayo de 1977.