El gobierno abre discusión con privados por la ley de quiebras

El Ministerio de Economía abrió ayer el juego a las cámaras empresariales y a las asociaciones profesionales para el diseño de una nueva ley de bancarrota que permitirá que los acreedores puedan pedir la intervención de la Justicia y dará incentivos para que los empresarios se presenten a ella antes de estar al borde de la quiebra.

Los número uno y dos de Economía, Danilo Astori y Mario Bergara, inauguraron ayer un seminario que tuvo como fin recibir los aportes de los privados para la presentación de un proyecto de ley sobre el cierre de 2005.

Astori dijo que la nueva ley es una "necesidad ineludible" para una "transformación profunda" del sistema donde la "aplastante mayoría" de las empresas que "entran en dificultades terminan en la quiebra".

Al igual que su jefe, el subsecretario de Economía recalcó la importancia de contar con un nuevo régimen para mejorar "el clima de inversiones". Bergara dijo a El País que el nuevo régimen concursal y el proyecto de Economía que ampliará las alternativas para dar solución a los bancos en problemas, tienen el "objetivo" de asegurar la continuidad del negocio en caso que sea viable. Dijo que en ambos casos se fomentará la rápida entrada de inversores para que continúen el negocio antes de que éste se torne "inviable".

ANALISIS. Un documento presentado ayer por Economía trazó un grave diagnóstico del actual régimen donde "los empresarios tienen incentivos a acudir a concordato cuando la empresa está quebrada y los acreedores no tienen los medios para cobrar".

Según el trabajo el régimen actual lleva a que los deudores "exacerben sus dificultades financieras" y que los acreedores "se desinteresen" de seguir con el procedimiento concursal.

Fuentes oficiales dijeron a El País que podría incentivarse al empresario a que se presente en forma temprana asegurándole que no será desplazado de la empresa, o que no se le asignará la peor calificación de riesgo crediticia, permitiendo que pueda seguir teniendo financiamiento en caso de una reestructura.

Justamente se apunta a que cuando se detecten problemas haya una instancia donde se pueda —junto a los acreedores— adoptar medidas que permitan dar viabilidad a la empresa, dijeron las fuentes.

También se promoverá que el acreedor pueda iniciar el procedimiento cuando detecte que los problemas de pago del deudor hacen peligrar el repago.

Se deberá analizar, sostiene el documento entregado ayer, el manejo de mecanismos que permitan "separar la propiedad de la empresa del funcionamiento de la unidad productiva, a efectos de que esta se mantenga mientras se resuelve la problemática financiera".

Entre las líneas generales se prevé un procedimiento "único" y mejorar el acceso a la información de los acreedores para lograr "alarma tempranas" sobre las dificultades. También se apuntará a lograr "consensos con mayor celeridad" para que la "unidad productiva salga del procedimiento en forma rápida y con los menores costos para las partes".

La Liga de Defensa Comercial (Lideco) propuso aplicar una tasa de 1% sobre los pasivos de las empresas que se presentan a concordato para solventar el incremento en los recursos que se deberá dar a los juzgados especializados.

El gerente de la entidad, Camilo Martínez Blanco, sostuvo que se debe modernizar el "marco sancionatorio" para castigar a los empresarios que incurran en acciones delictivas que terminen en la insolvencia de las compañías.

El representante de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, reclamó que sea "más accesible" la información del registro de estados contables. Además propuso que no se permita incluir dentro del pasivo de las empresas que entren en concorda- to las deudas con "directores y accionistas" y las compras que realicen premeditadamen-te antes de pedir la moratoria judicial.

Para el vocal y ex presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Alfonso Varela, el Estado debería dar el ejemplo ya que las deudas que mantiene con proveedores "han llevado a la quiebra" a varias empresas además de que "no se le puede cobrar a las intendencias".