Unas 5.500 personas piden trabajo en planta de Botnia

FRAY BENTOS | JORGE LUIS VITTORI

Alrededor de 5.500 personas se inscribieron en busca de un empleo en la construcción de la planta de celulosa de la finlandesa Botnia y la masiva afluencia de posibles trabajadores, entre los que se encuentran ciudadanos argentinos, comienza a generar efectos sociales que preocupan a autoridades y habitantes de Fray Bentos.

Si bien el ritmo de anotaciones ha disminuido, en la compañía se estima que al finalizar el plazo de inscrpción habrá 6.000 currículos en su poder.

Pese a la cerrada oposición del gobierno argentino al emprendimiento finlandés y al de la española ENCE, desde Argentina muchas personas han registrado su inscripción para trabajar en Fray Bentos.

Asimismo, tres empresas de esa nacionalidad resultaron adjudicatarias del suministro de piezas de hormigón pretensado para la construcción de la planta de Botnia. Se trata de las firmas Astori, Pretensa y Prear que próximamente iniciarán sus trabajos.

PREOCUPACION. Pero aunque la radicación en Río Negro de inversiones por unos U$S 1.800 millones dinamizará la zona de una forma nunca imaginada por sus pobladores, el fenómeno también es objeto de preocupación.

Es que a la ciudad ha comenzado a llegar mucha gente alentada por los anuncios de trabajo y en la mayoría de los casos se trata de personas sin recursos, que además de un empleo necesitan casa y comida de manera urgente.

Un caso emblemático es el de un joven matrimonio del departamento de Maldonado que llegó a Fray Bentos y se inscribió para trabajar en Botnia. Tras ello terminaron recorriendo los medios de comunicación locales y solicitaron ayuda a la Intendencia y a la Junta Departamental porque no contaban con medios económicos ni lugar donde quedarse, y terminaron acampando en la terminal de ómnibus de la ciudad. Finalmente luego de varios días en esa situación revolvieron volver a Maldonado.

El gobierno departamental, a cargo de Omar Lafluf, y los principales referentes sociales estiman que casos como ese seguirán repitiéndose y se considera oportuno preparar la ciudad para evitar la instalación de asentamientos irregulares.

Autoridades de Salud Pública, de la comuna, del Plenario Intersindical y Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) observan que con la instalación de estos emprendimientos se producirán efectos sociales no deseados y consideran necesario formar un comité para analizarlos y tomar las medidas necesarias para mitigarlos.

En la última sesión de la Junta Departamental se propuso crear hogares transitorios de manera de ubicar a quienes llegan a la ciudad en estas condiciones.

Delia Villaba —integrante de Movitdes, una de las ONG que se oponen a la instalación de las plantas— dijo en una reunión con consultores contratados por el Banco Mundial para elaborar el estudio de impacto ambiental, que muchos de quienes llegan a la ciudad en busca de trabajo "están viviendo hacinados —hasta 30 en un mismo lugar y con un solo baño— por falta de viviendas adecuadas al alcance de sus ingresos".

Jorge Busti, gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, anunció ayer que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para frenar la radicación de dos plantas papeleras sobre el río Uruguay.

Busti también desestimó que "la instalación (de las papeleras) genere una gran cantidad de puestos de trabajo" para los pobladores de la localidad uruguaya de Fray Bentos, ubicada sobre la margen del Río Uruguay, que divide a ambos países.

El gobernador anunció que su provincia realizará "una presentación ante la Comisión Interamericana ante el riesgo de que las plantas papeleras transformen el aire en irrespirable".

El gobernador indicó que Entre Ríos "hizo una intimación bajo escribano público", para frenar la instalación de las papeleras, ya que, se estima, tendrá un impacto negativo en el ambiente.

Medio millar de personas volvieron a cortar ayer el tránsito por las rutas que comunican las ciudades Gualeguaychú y Colón, en Argentina, con Fray Bentos y Paysandú, respectivamente, en Uruguay, para reclamar la suspensión del proyecto. ANSA