El estruendo que ha provocado la salida a la luz pública del esquema de corrupción montado en torno del gobierno brasileño y del Partido de los Trabajadores ha sido mayúsculo. Va a tener repercusiones en ese país y en los partidos de izquierda de todas partes. La mitología de la honestidad intrínseca de los hombres de izquierda (sobreviviente no obstante de las escandalosas y antiguas evidencias en su contra de parte de personajes como Honneker, de Alemania Oriental y otros del fenecido mundo comunista) se encuentra bajo fuego cruzado por los sucesos de Brasil. Algunas figuras legendarias del PT, sus fundadores, viejos referentes, probados en la cárcel y el exilio (Dirceu, Genoino, Suárez, Silva) han tenido que renunciar a sus altos cargos por haberse mezclado en el uso privado de fondos públicos. Pero este aspecto puntual es de incumbencia exclusiva de las izquierdas. Otros aspectos de los episodios brasileños proporcionan elementos de reflexión para todos.
Lo que ha pasado en Brasil —además de la compra del voto de diputados en dinero contante y sonante (trasladado en valijas o entre las prendas íntimas de algunos asesores, como lo mostró la prensa de ese país)— refleja una suerte de peligrosa promiscuidad generada por la vinculación entre las agencias de publicidad, los contratos de propaganda del gobierno y los esfuerzos (gastos) publicitarios de las campañas electorales de los partidos políticos.
Lo que ha saltado a la luz pública allá nos debe disponer a mirar lo que sucede acá. Estoy seguro de que en nuestro país no se ha dado ningún caso de compra de votos en el Parlamento como aparece ahora en Brasil involucrando a diputados de todos los partidos, tanto de los partidos aliados del gobierno como de la oposición, incluido el del anterior presidente, Fernando Henrique Cardoso. Algo de eso se vio también en la Argentina en tiempos de De la Rúa, cuando el gobierno compró votos de senadores para la aprobación de una ley laboral (y hoy hay seis de ellos con condena; cfrt. El País, miércoles 3 de agosto). Pero tampoco se puede negar la existencia entre nosotros, hasta hace poco tolerada, de una conmixtión turbia entre publicidad, marketing electoral, propaganda oficial y algunos medios.
La publicidad oficial fue usada no para información sino como palanca para mejorar y manejar la imagen pública de gobiernos (nacionales y departamentales). Su distribución entre los medios fue utilizada —hasta que le puso freno el Presidente Batlle— como favor otorgado a ciertos medios amigos del jerarca mandante o de su partido y retaceada a otros como castigo. Algunos abusos de escandalosa notoriedad todavía andan por los tribunales penales.
La conmixtión cuestionable entre medios de comunicación, figuras de gobierno y dirigentes políticos está muy abierta a manejos sospechosos. En nuestro medio no se cobra ni se paga, como en Argentina, la aparición de un político en los programas de televisión, pero todos los periodistas uruguayos han visto alguna vez presiones que van y vienen, tanto para que tal hecho o tal persona salga en los medios, como, quizás con mayor frecuencia, para evitar que tal cosa llegue a aparecer.
Agencias de publicidad y órganos de prensa son dos cosas distintas, pero la publicidad se hace, se factura y se exhibe en los medios. La mayor garantía de control del gobierno está en la prensa independiente, pero esa independencia se puede complicar si se ha generado una dependencia económica respecto a las agencias de publicidad.
Lo que está pasando en el entorno del gobierno de Brasil muestra cuánto debe cuidarse la cristalinidad de la publicidad y de los fondos de publicidad (sea de propaganda oficial, sea de la publicidad electoral de los partidos) porque allí está el modo más común de disfrazar la compraventa.