Mientras decide qué camino tomará con respecto a la deuda de 120 millones que mantiene con los tres bancos ex accionistas del Comercial, el gobierno apuesta a demorar la aplicación del fallo del tribunal arbitral de Nueva York. La deuda que tiene Uruguay fue confirmada y hecha ejecutable de inmediato por otro juez.
Según dijeron a El País fuentes allegadas al caso, el gobierno pidió a los abogados que contrató en Estados Unidos que en caso de que la reposición que presentaron ante el tribunal sea rechazada, vuelvan a apelarla, de modo de dilatar el pago.
Con esa estrategia el gobierno pretende tener más tiempo para definir si llegará a una fórmula de pago.
En un prospecto que el gobierno registró sorpresivamente el viernes 29 de abril ante el organismo que regula los mercados de valores de ese país —la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos— mencionó que pidió la postergación del fallo.
Agregó que el mes pasado Uruguay presentó una moción de reconsideración que todavía no ha sido respondida por el tribunal. Probablemente el recurso de reposición sea rechazado por la sede. En ese caso los abogados que trabajan para el gobierno apelarán ante otro tribunal.
El Estado manifestó además que el monto que se le debe pagar a los bancos está embargado debido a que acaba de ser confirmado por un tribunal de Apelaciones. Las medidas cautelares fueron entabladas por unos 400 ahorristas de la Compañía General de Negocios (SAIFE), entidad "off shore" de la cual los bancos extranjeros eran también accionistas mayoritarios y socios con los hermanos Carlos y José Röhm.
EJECUTABLE. Luego de perder el juicio arbitral en Nueva York contra los bancos J.P. Morgan, Credit Suisse y Dresdner Bank, el gobierno quedó obligado a devolver el dinero que los bancos pusieron. El acuerdo firmado entonces establecía que si el banco caía, el gobierno debía devolver a cada banco los 33 millones que depositaron para capitalizarlo.
Durante los últimos meses de administración, Jorge Batlle inició acciones tendientes a demandar a los bancos, por considerarlos igualmente responsables a los hermanos Röhm en el fraude.
Las nuevas autoridades están analizando la documentación para definir si sigue adelante con esa línea o negocian con los bancos y acuerda una forma de pago de los 120 millones de dólares.
Fuentes del gobierno indicaron que están esperando un dato que consideran decisivo para decidir qué posición tomarán.
El juez del distrito de Nueva York, Gerard Lynch confirmó el laudo arbitral haciéndolo inmediatamente ejecutable. Además al monto inicial le agregó al Estado uruguayo todos los gastos que el juicio ha demandado.
Con el fallo del tribunal arbitral favorable, los bancos se presentaron ante una sede para certificar el fallo.
De todos modos, los abogados representantes de los bancos Andrés Cerisola y Sandra González, indicaron en ese momento que debido a las conversaciones "iniciadas de buena fe" con el gobierno "no sería razonable esperar medidas unilaterales, ni actitudes que no estén constructivamente orientadas al éxito de dichas negociaciones".