Presidente de la SCJ se reúne con Astori por partida judicial

El presidente la Suprema Corte de Justicia, Daniel Gutiérrez, se reunirá esta semana con el ministro de Economía, Danilo Astori, para discutir la posibilidad de que la cartera pague una partida que cobraban los actuarios y funcionarios y que les dejaron de pagar.

Asimismo, dialogarán sobre la posibilidad de que le otorgue en comodato algunos edificios para que sean utilizados por el Poder Judicial.

La partida de aproximadamente 800 pesos mensuales comprende a unos 4.000 actuarios y funcionarios. Desde 2001, implicaría unos 20 millones de pesos por año.

Los trabajadores recibían esta partida desde el 2001, como consecuencia del artículo 465 de la ley presupuestal de ese año. Luego, la llamada ley de reforzamiento del Poder Judicial (ley 17.707) determinó en 2003 que la Contaduría General de la Nación, dependiente de Economía, debía reforzar los créditos presupuestales de servicios personales del Poder Judicial, al advertirse un faltante en los mismos para hacer efectivo el financiamiento.

La corporación entiende que corresponde que el Ministerio de Economía les pague esa partida y había presentado un recurso administrativo ante el Poder Ejecutivo, que fue negado por la anterior administración.

Por otro lado, Gutiérrez discutirá con Astori la posibilidad de que el Ministerio le entregue unos locales que son propiedad de la Dirección General Impositiva. Se trata de edificios de la DGI que le han sido ofrecidos por parte de la cartera, para ubicar allí el archivo general y algún juzgado, como los de conciliación actualmente ubicados en donde funcionaba Metzan y Sena.

PLAZO. La Asociación de Funcionarios Judiciales se reunió en asamblea esta semana y resolvió ponerle un plazo hasta mayo al Ministerio de Economía. Si en ese mes no hay una respuesta favorable, iniciarán un juicio civil en reclamo de lo adeudado.

El ex ministro de Economía, Isaac Alfie, se mantuvo firme en la decisión de no pagar a los funcionarios judiciales lo adeudado en el entendido de que las normas presupuestales no le permiten hacer frente a ese dinero.

La corporación se comprometió a entregar la información sobre las sumas de lo que se le debe a cada funcionario, para que los empleados y actuarios puedan iniciar la demanda civil y reclamar el cobro ante la justicia.