Buscan sortear limitación a SAFIs para operar en capital argentina

| La decisión se tomó sin transmitirla a las autoridades uruguayas, tanto a las actuales como la anterior administración

RICARDO SOSA

La ofensiva del gobierno argentino para limitar las operaciones de la sociedades anónimas financieras de inversión(SAFIs) creadas en Uruguay sacudió al mercado local de estudios jurídicos que se dedican a crear este tipo de figuras, aunque éstos ya estudian vías para sortear la prohibición.

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) de Argentina, Ricardo Nissen, dijo a El País que Uruguay es un país "demasiado serio" para seguir con la actual legislación que habilita las SAFIs, aunque aclaró que no realizó contactos con la pasada ni con la actual administración en ese sentido.

El gobierno de Tabaré Vázquez no ha dado señales de querer cambiar la legislación que data de 1948 y el propio ministro de Economía, Danilo Astori, dio muestra de ello cuando expuso ante empresarios argentinos y brasileños antes de las elecciones.

En el mercado local la estrategia argentina produjo un cimbronazo dado que la creación de estas sociedades constitiuye una verdadera industria en la City montevideana desde hace décadas.

REACCION. Uno de los profesionales que más actividad tiene en este campo sostuvo que la medida "pegó duro" a los "estudios chicos" que no tienen las armas para buscar herramientas alternativas. "Los actores más grandes ya están trabajando para seguir ofreciendo alternativas a sus clientes", dijo el profesional que conversó con El País con la condición de no revelar su identidad. "Hay un procentaje grande de estudios y clientes argentinos que están paralizados pero los de más peso ya se están moviendo", agregó.

El profesional —con vasta clientela en Argentina— dijo que uno de los caminos elegidos hasta ahora es constituir el domicilio de las sociedades en la provincia de Buenos Aires o en el interior, dado que la normativa de la IGJ sólo rige para la capital federal aunque hay un proyecto en el Parlamento para extenderla a todo el país.

La provincia del interior elegida hasta ahora es San Luis, aunque la fuente dice que existe confianza porque algunos gobernadores decidan continuar con la actual legislación.

Según Nissen es poco probable que las provincias no acaten una ley nacional. Mientras la IGJ combate la instalación de sociedades off shore fuera de la capital. "Me tendrán que explicar por qué se instalan allí si no tienen actividad en ese lugar", dijo el funcionario.

En los estudios locales también se maneja la posibilidad de crear las SAFIs desde Uruguay y radicarlas en otros países. "El año que viene las estadísticas van a mostrar que hay mas dinero de uruguayos en el exterior, cuando en realidad es plata de argentinos", dijo el profesional.

El propio Nissen reconoció que existen "indicios" de movimientos para eludir la normativa. El titular de la IGJ consideró "probable" que se radicen este tipo de sociedades en otros país o que se busque "otro tipo" de instrumento para eludir el control del gobierno.

Una figura creada hace casi 60 años

Nacidas bajo el amparo de una ley aprobada durante el gobierno de Luis Batlle Berres, las sociedades anónimas financieras de inversión (SAFIs) sufren casi 60 años después el cimbronazo del ataque del gobierno argentino a este tipo de figuras jurídicas vinculadas a la evasión y al lavado de dinero.

Las normas que la Inspección General de Justicia de Argentina comenzó a aplicar desde 2004 se intensificaron a principios de 2005 con medidas que suponen el golpe de gracia para las sociedades off shore. Para proseguir su actividad estas sociedades tendrían que sufrir cambios que desnaturalizarían el objetivo para las que fueron pensadas.

En Uruguay la Oficina de Atención al Inversor del Ministerio de Turismo sostiene que la utilización de las SAFIs "está muy difundida" por parte de inversores extranjeros, destacando su régimen tributario especial que puede ser muy ventajoso". Las SAFIs no pueden tener actividad en el país, aunque sí pueden contar con cuentas en moneda extranjera en el sistema financiero aunque no pueden emitir acciones por suscripción pública o cotizarlas en bolsa.

Según el texto oficial "constituyen un vehículo especialmente apto para la realización de operaciones financieras internacionales entre empresas de un mismo grupo económico".

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