Arbitraje: Tribunal de Cuentas observó contratación de juristas

El 29 de diciembre de 2004, dos días antes que la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio fallara contra el Estado uruguayo en una demanda de U$S 100 millones que le iniciaron los tres ex socios extranjeros del desaparecido Banco Comercial, y 13 días antes de que eso se conociera en el país, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) ratificó las observaciones que le realizó al gobierno por la contratación del estudio jurídico estadounidense que asesoró al país en ese instancia.

El 3 de noviembre del año pasado, el TCR había observado al gobierno por la contratación del estudio jurídico Howrey, Simon, Arnold & White de Washington, profesionales que se encargaron de la defensa de Uruguay en la demanda que le iniciaron los bancos JP Morgan, Crédit Suisse y Dresdner Bank —ex socios extranjeros del Banco Comercial—, por incumplimiento del contrato de capitalización de la desaparecida institución que se firmó el 26 de febrero de 2002.

Los honorarios de ese estudio fueron fijados en U$S 2.500.000, de los cuales, hasta el 3 de noviembre, se habían pagado U$S 1.100.000 y restaban U$S 1.400.000. En ese momento, el TCR indicó que de esos U$S 1.100.000 sólo se encontraban regularizados U$S 300.000.

Además, el organismo de contralor indicó que las operaciones por tesorería por U$S 250 mil, U$S 150 mil y U$S 400 mil, pese a ser ejecutadas, no contaron con su intervención previa, por lo cual se habría vulnerado el artículo 221 de la Constitución.

En la resolución del 29 de diciembre, el TCR señaló que luego de conocido su informe de noviembre, el Poder Ejecutivo le comunicó la reiteración de los gastos observados en esa oportunidad y los argumentos del Ministerio de Economía para la contratación de ese estudio.

"Los argumentos expuestos por la resolución del Poder Ejecutivo no logra enervar el motivo esgrimido para sustentar la observación en razón de que se procedió al pago sin contarse con la intervención del Tribunal", indicó el organismo de contralor.

Por lo tanto, el TCR acordó "mantener la observación formulada" el 3 de noviembre.

AHORRISTAS. Por otra parte, ahorristas del desaparecido Banco Comercial se oponen a la destrucción de los documentos utilizados en el arbitraje internacional, medida que fue adoptada previamente entre las dos partes en pugna a partir de un convenio de confidencialidad, porque entienden que en esos documentos podrían existir elementos probatorios sobre el supuesto accionar fraudulento de los accionistas de la institución liquidada a fines de 2002.

En declaraciones a radio El Espectador, el abogado Miguel Loinaz, representante de los ahorristas dijo que ese acuerdo beneficia a los bancos extranjeros y perjudica a los depositantes del banco y al Estado uruguayo.

Agregó que si bien se intentará por distintos medios judiciales que esa documentación no sea destruida, "sabe" que no llegará a tiempo.