Habilitan a cotizantes a borrarse de AFAP

El gobierno tomó por sorpresa a todos los actores del régimen de seguridad social al aprobar un decreto un día antes de fin de año que habilita a desafiliarse de las AFAP a las personas que ingresaron a ellas sin estar obligadas a hacerlo cuando comenzó el nuevo sistema.

El decreto fija el 10 de enero como fecha límite para que las persones presenten su voluntad de desafiliarse ante el Banco de Previsión Social (BPS) o al Banco Central.

Cuando entró en vigencia la ley, en 1996, que dio pie al nuevo sistema de seguridad social los trabajadores que tenían más de 40 años a abril de ese año tenían la posibilidad se seguir aportando exclusivamente al régimen de reparto o hacerlo también al de capitalización.

Fuentes de las administradoras dijeron a El País que tomó por sorpresa la difusión del decreto y que esperan recibir en las próximas horas las definiciones operativas. Explicaron que deberán entregar al BPS "el saldo" de la cuenta del afiliado descontando las comisiones y las primas de seguro cobradas. Un ejecutivo de una de las administradoras recordó que entre los años 1997 y 1998 el Poder Ejecutivo de la época dispuso medidas de igual tenor para las personas que se presentaron para lograr su desafiliación.

NORMA. Según el decreto las personas deberán demostrar que haya existido una "errónea valoración financiera apreciada al momento de realizar la opción". Además el que solicite la desafiliación deberá pagar al Banco de Previsión Social "los aportes personales no efectuados" cuando sus ingresos superaran el techo fijado por la ley. Esto es, las personas de mayores sueldos y que no realizaron los aportes por el monto que excediera ese techo, lo deberán hacer "sin multas ni recargos".

Tanto la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social como el equipo de representación de los trabajadores del BPS criticaron que no se haya difundido y que se fije 10 días de plazo, en el comienzo de las licencias.

Según el presidente de la ATSS, Adolfo Bertoni, la medida afecta a cerca de 60 mil afiliados, lo que fue desestimado por fuentes del BPS y de las administradoras. Para Bertoni la medida se debería extender a todo el universo de afiliados.

El director en representación de los trabajadores, Ariel Ferrari, dijo a El País que el decreto es "clandestino, ilegal y discriminatorio". Sostuvo que el decreto va a favorecer solamente a un grupo de personas que tengan acceso a la información y que mientras hubo otras que se jubilaron y fueron "perjudicadas" por haberse afiliado.