Comisión de Salto Grande actuó con "discrecionalidad"

| Auditoría Interna hizo público informe que mostró deficiencias en la gestión de una comisión de Salto Grande

La comisión honoraria que determina el pago de indemnizaciones a los damnificados por Salto Grande, no cumplió con los cometidos que le correspondían de acuerdo a la ley y se manejó con "discrecionalidad", según un informe de la Auditoría Interna de la Nación (AIN).

El organismo afirmó además que el representante de los plantadores de caña de azúcar en la comisión, "percibió sumas de dinero" por concepto del cobro de indemnizaciones.

En la comisión participan dos representantes del Poder Ejecutivo —uno la preside—, uno de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, un delegado de los arroceros y otros de los de caña de azúcar. El monto de la indemnización se fija entre Catastro y el delegado de Salto Grande.

La AIN hizo público ayer viernes el informe sobre sus actuaciones en la comisión honoraria entre julio y setiembre del año pasado, que determinaron una investigación del Poder Ejecutivo y el pase a la justicia penal de los hechos irregulares denunciados.

Creada en 1986 por la ley 15.845, la comisión tiene como cometido el pago de indemnizaciones a los productores rurales cuyas tierras son afectadas por las obras y el embalse de la represa de Salto Grande.

Depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y está integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo, uno de los productores de azúcar, otro de los cultivadores de arroz y un delegado de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande.

El informe de la AIN determinó que el año pasado el presidente Jorge Batlle y el titular de MGAP, Martín Aguirrezabala, dispusieran una investigación administrativa de los hechos denunciados, para comprobar la existencia de "actos o hechos irregulares o ilícitos" así como la "individualización de sus responsables".

El tema también fue analizado a la Junta Anticorrupción, que envió a la justicia penal las evidencias de irregularidades en el pago de las indemnizaciones.

OMISA. Según la AIN, la comisión honoraria "no ha implementado un sistema de control interno que permita dotar a la organización de procedimientos que otorguen seguridad y transparencia en su funcionamiento y en las decisiones adoptadas".

De acuerdo al informe de la AIN, esa situación se confirma "más aún" cuando "las facultades otorgadas por la ley" que estableció la creación de la comisión son "extremadamente amplias" y el Tribunal de Cuentas interviene recién después de "convalidado el acto administrativo".

En el informe, también se señaló que existen "varias denuncias" contra el representante de los plantadores de caña de azúcar, por cuales se expresa que esa persona "percibió sumas de dinero por gestiones realizadas para el cobro de las indemnizaciones".

Según la AIN, la comisión fue "omisa en la identificación de los padrones afectados por las crecidas" extraordinarias y discontinuas del Río Uruguay, porque si bien han pasado 17 años desde su creación, "no ha dado cumplimiento" a esa tarea.

También estableció que no se ha hecho el relevamiento de la zonas afectadas para evaluar con exactitud el monto de las demandas y sostuvo que los "criterios utilizados" para establecer el monto de la indemnización "no se ajustan al rigor legal". "La comisión ha actuado con criterios que no son uniformes ya que se fijaron valores en UR, dólares y ahora Unidades Indexadas, optando siempre por aquel que resulta más beneficioso para el demandante", agregó.

Dirección "acéfala" en Ganadería

El informe determinó asimismo situaciones irregulares en distintas dependencias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

En la Dirección General de Secretaría, constató irregularidades en el pago de viáticos y determinó que la División de Recursos Humanos está acéfala desde hace casi una década.

En Recursos Humanos, la AIN constató que existen "conductas negligentes" en el control de funcionarios, que se traducen en fallas de contralor de asistencias y horas extras.

La AIN puso como ejemplo el caso de un funcionario que tuvo 162 inasistencias en el 2003 y 12 en el 2004, sin que le fuera iniciado el sumario correspondiente ni aplicada la sanción disciplinaria. A ese funcionario, además, se le otorgaron mayor cantidad de días de licencia por antiguedad.

En el caso de la Dirección de Servicios Ganaderos, se pagaron indebidamente viáticos a trabajadores que estaban fuera de su lugar de trabajo. Recomendó que se realice una investigación administrativa.

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