Uragua pidió a OSE que en 10 días le diga qué empresa la sustituirá

La empresa española Uragua transmitió ayer por carta a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) que reitera su voluntad de abandonar el servicio y exhortó a la empresa pública a que en un plazo de diez días corridos se le notifique formalmente los pasos que deberá dar para que la cobertura sea prestada por una persona jurídica que pueda hacer la tarea sin incurrir en una violación de la Constitución.

En la misiva también se pide a OSE que declare formalmente rescindido el contrato que unía a la empresa pública con el consorcio español.

Uragua es concesionaria de los servicios de agua potable y saneamiento de la zona más poblada de Maldonado

La carta también fue enviada al ministro de Vivienda, Acondicionamiento Territorial y Medio Ambiente, Saúl Irureta, y está firmada por Unai Lerma, gerente general de Uragua y Juan López, gerente económico-financiero del grupo.

"No escapará sin duda a vuestra percepción que Uragua —con carácter excepcional y precario— está desarrollando una actividad vedada constitucionalmente, en aras tanto a preservar el interés público en la prestación de los servicios como a no permitir un desenlace de profunda crisis para los usuarios y ciudadanos del departamento de Maldonado, trabajadores de esta empresa, acreedores y otros intereses implicados, pero que tal situación no puede prolongarse", dice la carta.

Los ejecutivos sostienen que se configuró una hipótesis de fuerza mayor absoluta y definitiva y por lo tanto se produce la extinción de pleno derecho del contrato de concesión firmado el 4 de agosto de 2000.

Recuerdan, asimismo, que habían advertido el pasado 28 de octubre a OSE de las consecuencias que tendría la eventual aprobación de la reforma constitucional que hace caer la concesión, sin que desde entonces el organismo le haya a dado a Uragua "las instrucciones solicitadas respecto a cómo proceder para un ordenado traspaso del servicio a esa administración".

LA GARANTIA. Uragua tiene constituida una garantía de fiel cumplimiento de contrato por U$S 20 millones que puede dar lugar a polémica porque respecto a su destino se insinúan diferencias de criterio en el directorio de OSE.

Hugo Granucci, vicepresidente del organismo, entiende que el ente no tiene derecho a reclamar ese dinero pero por lo menos otro integrante del directorio tiene dudas.

La comisión de seguimiento de la concesión constató algunos incumplimientos en obras a realizarse en Punta del Este y Pan de Azúcar y el consorcio pidió prórroga hasta el 19 para evacuar las objeciones.

Granucci reconoció que "no pudieron cumplir algunas cosas" y que el grupo español sostiene que eso se debió a que no contó con algunas informaciones solicitadas al Ministerio de Vivienda, Acondicionamiento Territorial y Medio Ambiente.

Para Granucci, ahora OSE tiene que tomar los recaudos para brindar el servicio y sería "más que importante" contar con la opinión del gobierno electo.

"Por un lado tenemos el mandato constitucional y por otro la opinión del gobierno electo que dice que las concesiones no caen", comentó.

El panorama será analizado en una sesión extraordinaria del directorio de OSE que se realizará hoy.

"Estamos preparados para dar agua potable segura todo el tiempo y en todos lados, cualquiera sea la circunstancia. Si es necesario, voy yo. Después está el tema de la eficiencia y los costos pero eso corresponde al directorio de cuyas políticas yo soy un ejecutor", dijo por su parte el gerente general de la empresa pública, Arturo Castagnino.

El técnico reconoció que la prohibición legal de que ingresen nuevos funcionarios públicos es un factor que puede complicar la reabsorción como trabajadores estatales de los empleados de Uragua. Sin embargo, recordó que la Rendición de Cuentas habilita a que, con autorización del Poder Ejecutivo, se tome personal para atender situaciones de emergencia o incrementos fuertes de demanda.

REAFIRMACION. Entretanto, ayer lunes, el presidente electo, Tabaré Vázquez, reiteró que el asunto planteado con Uragua "es problema de este gobierno", tal como lo afirmó el sábado en Maldonado, el futuro secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernandez.

No obstante, y tal como ya lo había afirmado el miércoles 27 de octubre en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing, Vázquez reiteró ayer que es intención de la nueva administración "cumplir con todos los contratos".

Ing. Carlos Rodríguez Landoni

Presidente del Directorio de O.S.E.

Presente

C/c. Sr. Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

De nuestra mayor consideración:

1. Por nota del pasado 28 de Octubre cumplimos en informar a OSE y por su intermedio al Estado uruguayo, de las consecuencias jurídicas que sobre el Contrato que Concesión tendría un resultado aprobatorio del plebiscito para la reforma de la Constitución, según los fundamentos jurídicos explicitados en una consulta adjuntada a nuestro escrito.

2. Habiéndose producido el mencionado resultado, se siguen las consecuencias anunciadas, sin que la empresa haya recibido de ustedes las instrucciones solicitadas respecto a cómo proceder para un ordenado traspaso del servicio a esa Administración.

3. Cúmplenos por consecuencia comunicarles formalmente y en consideración a lo preceptuado en el Nral. 6.2.1.3.3 del Pliego de Condiciones que se ha configurado una hipótesis de fuerza mayor —absoluta y definitiva— y, por ende, la extinción de pleno derecho del Contrato de Concesión suscrito el 4/8/2000 entre OSE y URAGUA.

4. En vista de lo anterior y a efectos de deslindar toda responsabilidad por una situación que la empresa no quiso ni buscó y que tendrá graves consecuencias, instamos a OSE a que, en un plazo de diez días corridos a contar de hoy, congruente con la economía procesal del contrato, dicte resolución declarando rescindido el mismo, y nos notifique formalmente las medidas a adoptar para que el servicio público de saneamiento y el de abastecimiento de agua potable antes a nuestro cargo, sea prestado por persona jurídica que cumpla con las condiciones que establecen las normas.

No escapará sin duda a vuestra percepción que URAGUA —con carácter excepcional y precario— está desarrollando una actividad vedada constitucionalmente, en aras tanto a preservar el interés público en la prestación de los servicios como a no permitir un desenlace de profunda crisis para los usuarios y ciudadanos del departamento de Maldonado, trabajadores de esta empresa, acreedores y otros intereses implicados, pero que tal situación no puede prolongarse.

A la espera de vuestra respuesta, con la premura que dictan las circunstancias, le saludamos muy atentamente

Unai Lerma Mentxaka, Gerente General

Juan A. López Basavilbaso, Gerente Económico-Financiero