MADRID. - El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Luis Rodríguez Zapatero, vencedor en las elecciones generales del domingo, garantizó este lunes que el país contará con una política de inmigración "más ordenada" en la que la "legalidad será la norma y la irregularidad la excepción".
"España necesita mejorar la política de inmigración", aseguró el líder socialista, que asumirá la presidencia española en las próximas semanas, en sustitución del conservador José María Aznar.
Zapatero se comprometió a crear "gran pacto ante el fenómeno de la inmigración" en el que se reunirán el gobierno central, ejecutivos regionales, empresarios, sindicatos y fuerzas políticas.
"Para mejorar la política de inmigración hay que cambiar algunas cosas en los ámbitos normativos, en la gestión de la administración y especialmente en la relación exterior mediante los procedimientos de flujos de inmigrantes", explicó el líder socialista en su primera rueda de prensa tras la victoria del domingo.
Los inmigrantes deberán gozar de "derechos y políticas sociales y de integración, pero también de deberes", insistió el dirigente socialista.
La espinosa cuestión de la inmigración dividió a los partidos antes de las elecciones generales.
En España, país emisor de emigrantes hasta mediados del siglo XX, se ha convertido en un país receptor, viven 1,64 millones de extranjeros y hasta un millón de irregulares. De los residentes extranjeros en España, unos 600.000 son latinoamericanos sobre todo ecuatorianos y colombianos, aunque la cifra de clandestinos supera la oficial, según organizaciones humanitarias.
Con al menos 17 muertos, 28 heridos y varios desaparecidos, la comunidad latinoamericana fue, después de la española, la más afectada por los cruentos atentados de Madrid, reivindicados por la red terrorista Al Qaida, que el jueves 11 de marzo (11-M) se cobraron la vida de 200 personas.
Al día siguiente de la masacre, el presidente del gobierno José María Aznar anunció que había ordenado la regularización de la situación en España de todas las víctimas de los atentados y sus familiares directos (cónyuges, hijos y ascendientes, en algunos casos).
No obstante, la oferta de Aznar, calificada de "ínfima" por grupos de inmigrantes, no se ha concretado y los familiares de los fallecidos tienen miedo de repatriar los cadáveres de sus seres queridos y no poder regresar después.
"Por ejemplo, hay una viuda ecuatoriana que se niega a salir de España sin un papel firmado por el gobierno autorizándola a volver", declaró a la AFP Vladimir Paspuel, responsable de la organización hispano-ecuatoriana Rumiñanhui, afirmando que "el ejecutivo español ha necesitado estos muertos para mostrarse finalmente humano" con los inmigrantes.
Durante la campaña electoral, la clase política española coincidió en que los inmigrantes son necesarios para mantener el nivel actual de la economía pero discreparon a la hora de decidir cómo gestionar los flujos de migración.
Sólo en el 2003, el gobierno repatrió a 92.679 inmigrantes clandestinos, la mayoría de ellos rumanos y marroquíes.
En diciembre del 2003 entró en vigor en España la tercera reforma de la Ley de Extranjería, que endurece la lucha contra la inmigración ilegal.
Los socialistas, críticos con las decisiones del gobierno de Aznar con respecto a la inmigración, en particular la política de contingentes y las medidas para luchar contra la inmigración ilegal, apoyaron sin embargo esta reforma en el Parlamento.
Con ella, se introdujo además la obligación para las compañías de transporte, en particular áereas, de comunicar sus listas de pasajeros a las autoridades españolas. Según la nueva ley, se otorgará un visado que sirve de permiso de trabajo y/o residencia "a quien obtenga previamente una autorización para residir o trabajar".
Además, Aznar fue un firme defensor de las últimas decisiones de la Unión Europea (UE) de restablecer el visado para países como Ecuador y Colombia. Cubanos, haitianos, peruanos y dominicanos, necesitan también un visado para llegar a Europa y por lo tanto a España, tradicional puerta de entrada de estos emigrantes al territorio europeo.
AFP