Batlle dijo a uruguayos en España que no apoya el voto a distancia

El presidente Jorge Batlle se pronunció ayer en contra del voto a distancia, durante una reunión con representantes de las organizaciones de uruguayos residentes en España. El mandatario admitió que las causas de la emigración hacia otros países, en particular España, son "económicas", dijeron a El País fuentes oficiales.

Pero anunció a una decena de compatriotas con quienes dialogó por dos horas que el gobierno hace esfuerzos por atraer inversiones que generen mano de obra.

La reunión de ayer fue el paso inicial del reclamo oficial uruguayo al gobierno del presidente José María Aznar.

De acuerdo con el resultado de la reunión de ayer, Batlle planteará hoy la necesidad de mantener la cláusula de nación más favorecida para con los inmigrantes de nuestro país, después de que en los dos últimos años llegaran a España algo más de 39.000 uruguayos.

Es propósito del gobierno acentuar la vía de la negociación con España, sin confrontar pero, a su vez, sin renunciar a los derechos del tratado de reconocimiento, paz y amistad suscrito entre Uruguay y España en 1870, dijo a El País el ministro de Relaciones Exteriores, Didier Opertti.

La reunión de una decena de inmigrantes, representantes de las organizaciones de uruguayos en España, fue con Batlle y con Opertti en uno de los salones del hotel Ritz, en el centro madrileño.

"El gobierno reafirmará la vigencia del tratado", adelantó Opertti tras el encuentro.

El ministro dijo que los jueces españoles de modo consistente han reconocido la vigencia del tratado.

REGULARIZACION. Uruguay propondrá hoy a España conformar un grupo de trabajo a nivel ministerial para analizar el tema del trato a los inmigrantes, con participación del canciller y de su colega española, Ana Palacio. Para Opertti, si se toma en cuenta la forma en que la justicia española ha ido resolviendo estos casos, reconociendo la aplicacion del tratado de 1870, "se podría obtener un reconocimiento de las autoridades que permita que los uruguayos puedan regularizar su situación", dijo.

La idea del gobierno uruguayo es negociar con su similar, sin confrontar, pero "sin resignar a los derechos que provienen del tratado" bilateral de 1870.

En la reunión de ayer con los representantes de los inmigrantes, el presidente habló de las causas de esta situación, reconciendo que las mismas son "de naturaleza económica", y dijo que para que las mismas desaparezcan es necesario que haya "un crecimiento en el país, de la producción y del comercio y, con ello, de la ocupación de mano de obra".

Según el canciller, el presidente ratificó ayer ante los emigrantes que es contrario al voto a distancia porque cree que los ciudadanos deben votar "en el lugar donde se encuentran", porque allí es donde se resuelven sus posibilidades de desarrollo personal. Inclusive, en la charla Batlle puso un ejemplo de su propia familia.

LICENCIAS. En otro orden, Opertti anunció a El País que se llegó a una solución en el problema por la obtención de las libretas de conducir y hoy entregará a las autoridades españolas una copia fiel de la resolución del Congreso de Intendentes y de los modelos de licencias de todos los departamentos para que los españoles comprueben que licencias exhibidas por los uruguayos son auténticas.

El ministro trasmitió a los compatriotas que en estos días envió al Parlamento un informe dando cuenta de la posición del gobierno sobre ellos, donde además advierte que el Poder Legislativo debe ratificar una serie de convenios internacionales sobre la migración.

En lo personal, Opertti valoró positivamente el encuentro.

En los dos últimos años 39.128 uruguayos viajaron a España, de los cuales 56 no fueron admitidos y 40 fueron expulsados por las autoridades españolas, según cifras oficiales.

Durante el año 2002, 13.300 uruguayos ingresaron a España. Se registraron 25 inadmisiones y quince expulsados, según un documento enviado por la cancillería uruguaya a la comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados.

El documento indica que en 2003 entraron a España más del doble de personas que el año anterior: 25.828, resultando 31 inadmisiones y 23 expulsados.

"Sabemos que no es el momento de plantear un nuevo acuerdo bilateral. Así nos lo ha hecho saber España a nosotros. Creemos que el mejor mecanismo de negociación, por el momento, es insistir en que para Uruguay está vigente el acuerdo de 1870. Nosotros tratamos de mantener la defensa de la cláusula de la nación más favorecida. Mientras tanto esperamos que los fallos jurisdiccionales que se están dando en España y que han sido favorables a nuestros compatriotas sigan generando una jurisprudencia que nos ayude en nuestra negociación con el gobierno de España", comentó la pasada semana en una comisión de la Cámara de Diputados el subdirector General de Asuntos Políticos de la Cancillería, Raúl Pollak.