BUENOS AIRES - Organizaciones sociales pondrán en marcha un plan de cortes de rutas y avenidas en rechazo a la decisión del gobierno argentino que denunció ante la justicia a las entidades más radicalizadas del movimiento piquetero de pobres y desocupados que la semana pasada bloquearon el ministerio de Trabajo.

El gobierno negó hoy que haya variado su política de diálogo con esas organizaciones y desestimó las versiones de prensa sobre la creación de una brigada antipiquetes.

No obstante su actitud conciliadora, el Gobierno denunció ayer ante la justicia a los grupos que la semana pasada sitiaron por varias horas el ministerio de Trabajo, e impidieron la salida de su titular, Carlos Tomada, y de otros funcionarios.

"No hay ninguna creación de brigadas especiales, ni modificación de la política del gobierno respecto de las organizaciones sociales. La instrucción del presidente (Néstor Kirchner) es trabajar en conjunto para generar puestos laborales genuinos", dijo el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.

Las entidades "piqueteras" más duras denunciaron el martes una "ola represiva y de persecución policial y judicial" contra ese movimiento, luego de la presentación gubernamental ante la justicia.

El juez que interviene en el caso, Norberto Oyarbide, dijo este martes a la prensa que el bloqueo a la sede gubernamental podría ser considerada como "una posible privación ilegal de la libertad".

El fiscal federal Luis Comparatore pidió este martes al juez que "se proceda a la inmediata detención" de los participantes en el bloqueo al ministerio de Trabajo, quienes no fueron identificados en la denuncia gubernamental.

Según fuentes judiciales, Comparatore pidió a Oyarbide que "si se demuestra el hecho investigado y se logra identificar a sus autores" se debe proceder "a la inmediata detención de los presuntos responsables a los efectos de su declaración indagatoria".

Parrilli dialogó con la prensa tras una reunión que Kirchner mantuvo en la Casa Rosada con dirigentes de una empresa metalúrgica recuperada por sus obreros a la que asistió el líder de la piquetera Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete.

Grupos sociales radicalizados realizarán la tarde del martes una rueda de prensa en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, mientras la mayoritaria CCC anunció que el miércoles continuará un "plan nacional de lucha" contra la "persecución y judicialización de la protesta social".

Felipe Solá, gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, la más grande y poblada del país, dijo que las autoridades deben tener "tolerancia" con las frecuentes movilizaciones de los desocupados, pero advirtió que "hay un límite para todo", al aludir al episodio en el edificio gubernamental.

El heterogéneo movimiento "piquetero", nacido en 1997 al calor de la profundización de la crisis económica durante el gobierno de Carlos Menem (1989-99), abarca a unos 300.000 pobres y desocupados que se expresan en decenas de entidades, varias de ellas vinculadas a partidos de izquierda y otras con vínculos con el gobierno peronista progresista de Kirchner.

En Argentina, que lentamente emerge de la peor crisis económica, más de la mitad de los 36 millones de habitantes vive en la pobreza, mientras que la desocupación afecta al 17,8% de la fuerza laboral.

AFP