Cambios a partir de donación millonaria

La Unión Europea se apresta a habilitar una donación de más de U$S 6 millones para la Dirección General Impositiva (DGI), que le permitirá a esta iniciar una reforma cuyo principal eje será la incorporación de tecnología para la gestión tributaria, anunció a El País el titular del organismo, Eduardo Zaidensztat.

El jerarca tiene previsto que la donación, que en principio iba a ser otorgada a otras reparticiones estatales pero fue redireccionada, sea aprobada a fin de año. El monto será 5.530.000 euros, que en la actualidad equivalen a poco más de U$S 6 millones.

"Es un proyecto de mediano y largo plazo, pero se entendió por parte del Ministerio de Economía y nuestra, que no debemos tener una mentalidad de cancha chica, sino de política de Estado, no quedarnos en la administración de turno. Esto estará saliendo a fines de 2003, principios de 2004, o sea que los frutos de esta reestructura no serán para esta administración, sino para la próxima, sea cual sea, no me importa el color", enfatizó Zaidensztat.

La apuesta a la donación de la Unión Europea forma parte de una batería de medidas que tiene en mente el jerarca para reformar la DGI, algunas de las cuales ya están en funcionamiento.

Las principales decisiones consisten en incorporar nuevo personal con alta capacitación, establecer un régimen de mejores remuneraciones para el funcionariado según los resultados de la recaudación, integrar a empleados excedentarios de otras reparticiones estatales, intensificar el cruzamiento de datos con otros organismos recaudadores, y simplificar los trámites.

EXIGENCIAS. Una de las medidas que ya adoptó la DGI durante la gestión de Zaidensztat fue incorporar a 53 profesionales que egresaron de las universidades pública y privadas en los últimos dos años.

Todos fueron empleados en un nuevo régimen de contratos que habilitó la última ley de Rendición de Cuentas. Son contratos a un año, con características laborales similares al sector privado, y con la posibilidad de rescisión unilateral en cualquier momento.

La DGI efectuó un llamado a interesados, al cual se presentaron 420 profesionales; en cada universidad se realizó una preselección, en función de las notas obtenidas en cada asignatura. Sobre esa base, la DGI hizo una segunda preselección, y nombró un comité de evaluación, integrado por cinco de sus técnicos. Los aspirantes tuvieron que cumplir pruebas escritas. A cada candidato se le asignó un número, que sólo sabía una escribana que labró un acta. Una vez que fueron seleccionados los 53 ganadores, por orden de puntaje, se supo a qué nombre correspondía cada número, indicó Zaidensztat.

Asimismo, a los 53 ganadores se los capacitó con tres horas diarias de cursos durante tres meses, dictados por profesionales de la DGI que también cumplen tareas docentes.

Los nuevos funcionarios pasaron a las áreas de fiscalización y de recaudación, y en la actualidad "están trabajando de forma satisfactoria", afirmó el titular de Impositiva.

La DGI también busca funcionarios entre quienes fueron declarados excedentarios en otras reparticiones estatales, pero la lentitud del procedimiento, y la dificultad para encontrar entre ellos personas con la formación profesional requerida, han determinado que por esa vía se hayan generado pocas incorporaciones hasta el momento.

El otro plan que Zaidensztat prevé implementar para mejorar las condiciones del funcionariado, consiste en crear un régimen de "compromisos de gestión". "Si la oficina es más eficiente, que ese aumento de recaudación tenga los estímulos necesarios", sintetizó. El jerarca puso en práctica un sistema de esas características cuando era subsecretario de Salud Pública, y sostiene que da buenos resultados.

En otro orden, la DGI ya ha fusionado la recepción de trámites suyos con los del Banco de Previsión Social (BPS) en varias oficinas, inició gestiones para cruzar datos con otros organismos recaudadores, como la Aduana, y llamará a licitación para la adquisición de software.

La DGI se juega varios boletos al artículo 35 del proyecto de ley de reforma tributaria, que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento días atrás. En ese artículo se incluyen dos medidas que el gobierno de Jorge Batlle trató de imponer en más de una oportunidad, sin éxito.

La primera consiste en determinar un régimen de incompatibilidades entre las actividades pública y privada de los funcionarios de Impositiva, a efectos de evitar que un contador del organismo, que asesora a una empresa, se aproveche de su posición para beneficiarla o perjudicar a su competencia.

En segundo término, la DGI quedaría habilitada para crear un régimen de dedicación exclusiva de determinados funcionarios.

Ambos objetivos están incluidos en un proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento en el 2001, pero que desde entonces "duerme" en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Ahora, la DGI espera su segunda chance, si bien el ambiente en el Parlamento no es propicio para una aprobación del proyecto en el corto o mediano plazo, según las manifestaciones públicas de varios legisladores de distintos partidos políticos.