En 15 días se ocupan los módulos

Los más "pesados" del Penal de Libertad serán los primeros habitantes de las celdas modulares de acero. Las autoridades carcelarias y técnicos del Instituto Nacional de Criminología (Inacri) están realizando una evaluación caso a caso que tiene el cometido de determinar quiénes serán los reclusos que se trasladarán del viejo celdario de Libertad y del sector de alta seguridad de Comcar a los módulos. Se estima que este proceso llevará unas dos semanas más y en ese plazo comenzarían a habitar las nuevas celdas.

Superada la polémica suscitada por acusaciones hechas por el senador Eleuterio Fernández Huidobro, en cuanto a supuestas fallas en las celdas e incluso el pago de "coimas" en el trámite de adquisición, el nuevo establecimiento se apresta ahora a recibir a sus ocupantes.

La obra en Libertad aún no ha concluido. Durante la semana próxima se instalarán las garitas de vigilancia externas y un contenedor acondicionado como nuevo módulo de visitas para los reclusos.

Tras su comparecencia en el Senado el ministro del Interior, Guillermo Stirling se mostró complacido por el resultado de su informe en la Cámara. El secretario de Estado debió responder a acusaciones de corrupción formuladas por el senador Eleuterio Fernández Huidobro que antes había afirmado que las celdas modulares tenían graves fallas, aspecto que quedó desvirtuado tras la visita hecha por legisladores y prensa el lunes pasado.

PLANES. Durante la visita de los legisladores al Penal de Libertad, el director Nacional de Cárceles, Enrique Navas, les indicó que pensaba en una medida de ocupación directamente ligada a criterios de seguridad y calificación de los reclusos. Como cantidad de población ideal Navas manejó el número de 400 reclusos. "Los módulos tienen una capacidad total de 600 reclusos, pero habrá celdas que serán ocupadas por uno o dos, de acuerdo con la etapa en que estén", explicó el jerarca a los legisladores.

Para la Dirección Nacional de Cárceles las celdas modulares conforman el modelo para una cárcel de máxima seguridad, cometido que tendrán. Por esta razón el estudio que vienen haciendo técnicos y policías tiene que ver tanto con el tipo de condena que estén cumpliendo los reclusos, así como con su conducta dentro del establecimiento.

La cárcel modular está dividida en cuatro sectores iguales y dos más pequeños de admisión. Las autoridades ubicarán a los reclusos en los distintos sectores utilizando criterios de progresividad, es decir desde el grado de alta a media seguridad de acuerdo con su comportamiento.

- Al concurso de precios convocado por el Ministerio del Interior se presentaron seis empresas, cuatro en fabricación de acero y dos de cemento.

- La empresa Mark Solution (EE.UU.) ofertó por celdas modulares de acero en U$S 4.032.800, en un plazo de un mes y una semana.

- La empresa Modular Engineering (EE.UU.) ofertó en la misma categoría por un precio de U$S 3.209.370, en un plazo de un mes y medio.

- La empresa Norment Security (EE.UU.) compartió su oferta con la empresa Hormipay de Uruguay (encargada del ensamblaje de los módulos) por un valor total de U$S 2.825.510 y un mes de plazo. El valor de los módulos fue de U$S 2.661.000, oferta que resultó ganadora.

- En cemento ofertaron dos empresas: Dálmata por U$S 3.300.000 y cuatro meses de plazo de entrega; Facility Group por U$S 3.615.000 y dos meses de plazo.

POLEMICA. La adquisición de estos módulos fue objeto de discusión en el Senado el miércoles pasado, cuando el ministro del Interior, Guillermo Stirling, fue invitado a informar del tema.

"El Ministerio del Interior compatibilizó la utilización de tecnología con más de treinta años en Estados Unidos, con la utilización de mano de obra nacional, unas 217 mil horas/hombre, que trabajó directa o indirectamente en la construcción de esta cárcel", argumentó Stirling.

En opinión del secretario de Estado el informe presentado al Senado demostró que el proceso fue transparente. "Se optó por la oferta más barata, la adjudicación fue hecha por el presidente de la República y nadie recurrió esta decisión", dijo Stirling.

El ministro explicó que la decisión del tipo de material que se iba a utilizar para la construcción fue adoptada en base a los informes de la Dirección Nacional de Cárceles, elaborados en 1999. Por entonces se planeaba la construcción de un establecimiento mucho más costoso y con la incorporación de tecnología de punta, un modelo similar al de la cárcel de Ezeiza en Buenos Aires. Una segunda alternativa eran los módulos de acero, opción que desde el punto de vista económico era mucho más barata debido a que no contaba con la plataforma tecnológica del otro modelo. El informe de Cárceles recomendaba la utilización de los módulos de acero por tratarse del mejor material antivandálico.

En el informe presentado por el ministro del Interior al Senado se establece que las celdas modulares de acero son utilizadas desde hace 20 años en Estados Unidos. Actualmente existen cárceles similares en los estados de Indiana, Georgia, Alabama, Mississipi, Pensylvania, Michigan, Carolina del Sur, New Jersey, Illinois, Massachusetts, Missouri, Wisconsin, Washington, Oregon, Arizona y California. El informe indica que estas celdas son más higiénicas y tienen mayor protección al frío y al calor, son indestructibles, resistentes a todo tipo de impacto y a prueba de incendios. Las celdas no tienen lugar donde esconder ningún tipo de objeto y ninguno de sus elementos permite construir armas blancas o de otro tipo y, por último, tienen muy bajos costos de mantenimiento.

"Nadie encontró chatarra, ni negocio turbio, ni coima", sostuvo Stirling ante los senadores, "nos podremos equivocar, pero acá no hay nada absolutamente turbio. Esa fue la razón que tuve para venir a este recinto, luego que el señor senador (Eleuterio) Fernández Huidobro hiciera comentarios que afectaron mi ética y mi moral".

Empero, la polémica igualmente se suscitó cuando los legisladores del Encuentro Progresista Frente Amplio aludieron al ex director nacional de Cárceles, Carlos De Avila, actualmente encarcelado.

Al ser consultado sobre este extremo, el ministro Stirling dijo que "sobre este punto también están equivocados, De Avila sólo viajó con el cometido de evaluar aspectos de funcionamiento y eso puede verse en la nota que la empresa Norment le envió al propio senador Fernández ante su consulta".

La nota en cuestión, donde la firma estadounidense contestaba algunas preguntas del legislador, señala en uno de sus pasajes: "Es de recalcar que en ningún momento durante nuestra reunión con el Sr. De Avila discutimos nada relacionado con el precio, sólo sobre especificaciones de los productos".

El 28 de junio de 2002 el inspector Carlos De Avila, por entonces director nacional de Cárceles, fue procesado con prisión por un delito continuado de abuso de funciones en régimen de reiteración real con un delito de desacato. El magistrado a cargo de la indagatoria era el juez Pablo Eguren, quien fue consultado por El País en relación al fallo y a la investigación que aún está en curso.

De Avila viajó entre el 17 y el 21 de marzo a Estados Unidos para visitar a las empresas constructoras de módulos carcelarios. "No estaba siendo investigado en ese entonces", puntualizó el juez Eguren al ser consultado sobre este extremo.

La indagatoria judicial se inició a instancias de una denuncia por "coimas" en el Complejo Carcelario de Santiago Vázquez. La esposa de un recluso testificó haber entregado dinero a quien entonces era el jefe del establecimiento, el comisario inspector Pablo Machado, que a la postre resultara igualmente remitido junto al comisario Hugo Guira.

El magistrado comenzó a actuar en el mes de febrero de 2002, pero De Avila fue citado a declarar el 16 de abril. Debía hacerlo en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), que lleva adelante la investigación en la faz policial. De Avila se negó a hacerlo, debido a que el juez no estaba presente y su negativa derivó más tarde en su procesamiento por desacato.

El conjunto de testimonios reunidos hasta ahora dan cuenta de graves irregularidades y manejos de dinero por parte de reclusos de "confianza" para los jerarcas policiales ahora encarcelados. Esas sumas de dinero estaban destinadas a pagar el favor de traslados a centros de reclusión más "blandos" que Comcar, o aún en módulos de mínima seguridad de ese centro.

El propio inspector De Avila afirmó, tanto públicamente como luego en sus declaraciones ante la Justicia, que era él mismo quien autorizaba en persona los traslados de reclusos. A ello se suma la utilización de personal policial y vehículos oficiales para la construcción de una planchada en una vivienda particular. Es sobre estas bases que el magistrado resolvió procesar a De Avila por un delito continuado de abuso de funciones. El fallo fue apelado por los defensores del ex jerarca y el Tribunal aún no se ha expedido sobre este punto.

- 1º de marzo 2002. Un motín de reclusos en el Penal de Libertad dejó virtualmente arrasado el establecimiento. Los presos deben ser alojados en carpas militares.

- 4 de marzo. El Ministerio del Interior retoma el estudio sobre cárceles de acero realizado en 1999 como alternativa más ventajosa en lo económico y de menor plazo de construcción.

- 17 al 21 de marzo. El director de Cárceles, Carlos De Avila, viaja a Estados Unidos para conocer las celdas modulares, visita tres fábricas y algunas cárceles de este tipo en funcionamiento.

- 23 de marzo. La Dirección Nacional de Cárceles eleva el informe sobre la visita de De Avila al Ministerio del Interior.

- 15 de abril. El Ministerio evalúa las propuestas presentadas y las recomendaciones de la Dirección Nacional de Cárceles.

- 9 de abril. Se remiten las actuaciones al Tribunal de Cuentas.

- 7 de mayo. Las autoridades sofocan un nuevo intento de motín en Libertad.

- 27 de mayo. Se expide el Tribunal de Cuentas sobre la adquisición, con observaciones.

- 30 de mayo. Por resolución del Presidente de la República se adjudica la adquisición de los módulos a la empresa estadounidense Norment y para las obras de ensamblaje a la empresa uruguaya Hormipay.

- 9 de julio. El Presidente de la República adjudica las obras de infraestructura para el emplazamiento de las celdas a la empresa uruguaya Colier S.A.

- 6 de agosto. Comienzan las obras de infraestructura.

- 17 y 24 de octubre y 5 de noviembre. Llegan los tres barcos con las 200 celdas modulares prontas para ser montadas.

- 9 de junio de 2003. Luego de varios aplazamientos por razones de falta de materiales, mal tiempo y licencias de construcción, finalizan las obras.

- 16 de junio. Entrega oficial de las celdas modulares, listas para ser ocupadas.