Los que quieren y no pueden trabajar

Lunes 2 de junio de tarde. Un día de frío en la plaza Cagancha. Un grupo siempre renovado de gente se agolpa ante la pared de vidrio de la oficina de los Clasificados de El País, con libretas o papelitos en mano. El conjunto es heterogéneo. Allí hay un abogado, un pizzero, una moza de bar, un ex militar, un ayudante de arquitecto, un trabajador de la construcción, una auxiliar contable, un repartidor de cartas, un vendedor, una limpiadora.

Tienen en común algo que le sucede a una de cada cinco personas con capacidad laboral en Uruguay: no tienen empleo y lo están buscando. Algunos sobreviven esa situación desde hace más de un año, alguno todavía no sabe lo que es trabajar, otros perdieron el empleo hace pocos meses.

Tienen otra cosa en común: ninguno de ellos sueña con encontrar un empleo que resuelva su vida sino que buscan una oportunidad para "seguir tirando" hasta que las cosas mejoren, nadie sabe muy bien cómo ni mucho menos cuándo.

Richard Correa tiene 32 años y hace un año y medio que no tiene empleo. Trabajó en la construcción y se revuelve con alguna changa. Terminó una hace tres semanas: le pagaron 200 pesos de jornal durante 15 días. Desde entonces, volvió a buscar, mientras todavía aguanta algunos pesos.

Correa busca cualquier cosa que tenga que ver con lo suyo; trabajos de albañilería, de pintura y hasta de carpintería, pero también acepta una empresa de limpieza o "lo que haya". Dos niños de 4 y 5 años dependen de la suerte que tenga.

Susana Alvez (31) está sin trabajar desde hace seis meses, desde que cerró la fábrica y tienda de ropa en la que revestía. "Empezó a mermar la venta, la gente dejó de comprar desde la caída de los bancos. Primero cerró la fábrica y después la tienda. Yo trabajaba como administrativa, pero hacía de todo, desde ventas a depósito", cuenta Alvez.

Ahora la situación está complicada, porque "piden de hasta 25 años, a lo sumo 30". Alvez no tiene familia a cargo y vive sola en una pensión, que no sabe si podrá seguir pagando.

Andrés Schongut (38) es vendedor pero hace un año que está sin trabajo. Desde que volvió de Barcelona, donde estuvo tres meses y volvió, porque la lejanía con su esposa y dos hijos chicos se hizo insoportable desde ambos lados del océano.

Schongut se queja de las condiciones de trabajo que ha debido soportar. "Muchos se aprovechan de la situación de crisis y ofrecen condiciones inaceptables. No pagan viáticos e incluso se ríen si les exigís viáticos. Es un manoseo terrible, porque no es dinero que uno se vaya a llevar a su casa, sino que se gasta, porque hay que moverse", ejemplifica.

"Las ventas están difíciles, porque todo está difícil, pero yo la peleo, porque es mi oficio, sé cómo vender. Lo hice acá y en Buenos Aires, pero la economía actualmente se maneja como si estuviéramos en Bagdad o en Kabul". Schongut prefiere hablar de la situación en general y lo que más le preocupa es que "se rompió la cadena de formalidad y de respeto. Muchos patrones hacen lo que quieren".

INDICES. Los números fríos dicen que en el último trimestre relevado, enero-marzo, la tasa de desempleo es del 18,6 por ciento. Lo que es difícil de medir es la antigüedad de los desempleados, aunque extraoficialmente se dice que el 40 por ciento de los desempleados hace más de un año que está en esa condición, una cifra que ha aumentado significativamente en los últimos dos años.

En cuanto al seguro de paro, las cifras son complicadas. Entre setiembre de 2002 y abril de 2003 bajaron casi a la mitad las solicitudes de seguro de desempleo: de 46.000 a 22.800 personas. Si bien la primera conclusión podría ser que, si hay menos personas que pasan al seguro, entonces hay menos desempleados, el representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS), Ariel Ferrari, considera otros análisis.

Hasta julio del año pasado, cuando se agravó la crisis financiera, el Poder Ejecutivo solía dar extensiones del seguro de paro de los seis meses iniciales hasta un máximo de 18. Esto era usual todos los miércoles en la reunión del presidente con los ministros, al punto que casi mil trabajadores por semana recibían permiso del Ejecutivo —tal como se dispone por ley— para que continuaran en el seguro. "A partir de ese momento el Ejecutivo comenzó a autorizar menos y menos extensiones del seguro de paro y ahora casi nunca lo hace", explicó Ferrari.

Esto demuestra, según analiza el director por los trabajadores, que en realidad los pedidos de seguro de desempleo bajaron porque hay muchas personas que ya utilizaron el beneficio y, dado que no se les aprobó una extensión, siguen desocupados pero no pueden volver a hacer uso de él. Por ley, el trabajador no puede volver a solicitar el seguro de desempleo hasta un año después de que haya culminado el primer período en que lo cobró.

Otros datos también reafirman la idea de que el desempleo no cedió y que incluso se volvió mucho más largo para algunas personas. Un estudio realizado por el BPS en 2002, demostró que el 72% de los desocupados habían tenido actividades informales antes de quedarse sin trabajo, con lo cual no podían acceder al seguro de desempleo.

Para la Organización Internacional del Trabajo el informalismo incluye a quienes trabajan por cuenta propia sin ser profesionales universitarios y en empresas de hasta cinco trabajadores, además de domésticos y rurales.

Otra investigación realizada por la representación de los trabajadores del BPS en áreas rurales y suburbanas —que en general no forman parte de las encuestas oficiales por ser núcleos de menos de 5.000 habitantes—, demostró que el nivel de desocupación supera el 23%, mientras que en el trimestre enero-marzo fue a nivel nacional de 18,6%. En estos lugares el promedio para volver a conseguir empleo es de 38 semanas y la relación es de dos mujeres desocupadas por cada hombre, si bien quienes solicitan seguro de desempleo esta relación se invierte. "Esto muestra que en el interior las mujeres están aún más desprotegidas y trabajan informalmente", explicó Ferrari.

Por último, en 1999 había unas 100.000 personas más que ahora que aportaba al BPS. En el mismo período la cantidad de jubilaciones se mantuvo estable, lo que en primera instancia demostraría que muchas personas o quedaron "en negro" o están desempleadas.

LA HUELLA. Las maneras colectivas de enfrentar la crisis no se hicieron esperar. Las Organizaciones No Gubernamentales, las asociaciones espontáneas de vecinos y los planes implementados por el Estado y las Intendencias han encontrado diversos modos de atenuar los efectos de las dificultades económicas del país.

Una de las iniciativas que entró en auge fue la de formar huertas comunitarias. Familias sin ninguna preparación y sin vocación por las tareas de campo se largó a cultivar en predios cedidos por distintos organismos, para subsistir a pesar de todo. Muchas quedaron por el camino antes de empezar y otras sobreviven con grandes dificultades. Un ejemplo de que con empeño se puede es la huerta comunitaria de La Huella.

El proyecto se desarrolla en Las Piedras, en el predio de La Huella, una obra fundada por los jesuitas en 1975 y que hoy es una asociación civil, que mantiene su carácter cristiano. La gente de La Huella cedió en uso un terreno de mil metros cuadrados para que fuera usado por diez familias de desocupados de Las Piedras.

El proyecto fue apoyado, en su inicio, por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, organismo que financió la construcción del invernadero y la instalación del sistema de riego, además de adjudicarles la asesoría de un ingeniero agrónomo, Alejandro Arias, de la consultora Agro Sur.

Los trabajos empezaron en agosto de 2002. La primera cosecha en el invernáculo fue a principios de enero de este año, cuando se cosecharon tomates y melones. También hay una huerta al aire libre, para el consumo propio, que provee de una serie de verduras.

Arias entiende que se anduvo muy bien: "Hay buen rendimiento con muy buena calidad. Además, no hemos tenido problemas de comercialización. Colocamos la producción en la cooperativa Calelco y también con un comisionista de la zona".

Actualmente hay ocho integrantes en la cooperativa. Son familias de la ciudad de las Piedras, que no tenían experiencia previa y entonces el rendimiento es progresivo. algunos de ellos consiguieron una ocupación principal y otros suelen hacer trabajos ocasionales o zafrales y le dedican el tiempo que pueden.

Tres de las familias dependen exclusivamente de la huerta y llevan verduras para su casa y pueden llegar a ganar 500 pesos en una semana, aunque "es discontinuo", según explica Arias. La realidad es que los niños comen en los merenderos escolares, del club Artigas y de la Huella, y los adultos se revuelven con lo que da la huerta.

A la hora de evaluar el resultado, Arias entiende que "es mejor de lo que pensaba, porque se gastó el dinero en lo previsto, se armó el invernáculo y el sistema de riego. Y se produce bien. Ahora se trata de definir mejor los horarios y el compromiso de horas semanales de trabajo, y de ampliar los cultivos para generar más ganancias".

El Programa de Actividades Comunitarias, implementado por el Ministerio de Trabajo, comenzará en el departamento de Río Negro la próxima semana. Se trata de un plan que asegura trabajo durante cinco meses a desempleados de más se seis meses de antigüedad.

El salario será de 1.190 pesos líquidos, equivalente a 17 jornales, más 700 pesos, aproximadamente, en carácter de lo correspondiente de aguinaldo, licencia no gozada y salario vacacional. Quienes accedan al plan tendrán todos los beneficios de los trabajadores activos, con la única salvedad de que tendrán asistencia en Salud Pública y no por DISSE.

Las autoridades del Ministerio hacen énfasis en que se trata de un plan de emergencia, un programa paliativo para una situación de crisis y de ninguna manera una solución de fondo.

El programa se presentará oficialmente mañana en el Congreso de Intendentes, aunque las comunas recibieron ayer el acuerdo marco que delínea el plan. Se trata de trabajos que no da el Estado ni las Intendencias, sino de organizaciones sociales que ejecutan y las que contratan. Las tareas serán acciones de beneficio a la comunidad.

Los beneficiarios del plan serán aquellos que se inscriban en el mismo y salgan sorteados. Los requisitos para presentarse son los siguientes: tiene que ser personas que estén desocupadas, con un mínimo de seis meses, que no estén en el seguro de desempleo. La idea es llegar a los estratos sociales que están más golpeados por la crisis, sin ingresos o con ingresos mínimos.

Hay dos millones de dólares para destinar al programa, provistos por el Ministerio de Trabajo y el de Vivienda. A esto se debe sumar los 600 mil dólares que proveerá cada Intendencia. Se negocia que la Junta Nacional de Empleo aporte otros dos millones de dólares.

Se espera que en este mes ya estén trabajando los beneficiarios de Río Negro y que empiece a implementarse en Soriano y Durazno. Luego se prevé que participen las intendencias de Maldonado y de Flores. Se aspira a que 4 mil personas puedan acceder al programa.