La fiscal Mirtha Guianze consideró que el decreto presidencial que recogió las conclusiones de la Comisión para la Paz no es vinculante para la justicia y que para probar que la maestra Elena Quinteros está muerta la defensa del ex canciller Juan Carlos Blanco deberá presentar más pruebas.
Según pudo saber El País la representante del Ministerio Público envió al juez Eduardo Cavalli su pronunciamiento sobre el recurso presentado por la defensa de Blanco, procesado por coautoría de desaparición forazada en octubre. El juez Eduardo Cavalli quien ya viene estudiando el tema, se pronunciará en los próximos días.
El abogado Carlos Curbelo Tammaro presentó el lunes 21 un escrito solicitando la libertad de Blanco y el archivo de las actuaciones judiciales. El letrado argumentó que el decreto da ingreso a las conclusiones de la Comisión Para la Paz al orden jurídico por constituir la verdad oficial que incluye el fallecimiento de Quinteros.
Afirmó además que la comisión creada por el Ejecutivo cumplió con el artículo 4º de la ley de Caducidad que dio al Ejecutivo la potestad de disponer las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos y fue el único caso en que prohibió que lo haga la justicia.
Asimismo, el defensor de Blanco argumentó que al quedar claro que Quinteros falleció, el delito pasó a ser el de homicio, el cual prescribe a los 20 años por lo que se extinguió en noviembre de 1996.
Tambien precisó que nunca podrá probarse que Blanco haya sido coautor, es decir, que haya cooperado directamente en la consumación.
No obstante, las fuentes dijeron que la fiscal entendió que el decreto no es prueba suficiente de la muerte sino que harían falta pruebas más concretas sobre las circunstancias de su muerte o donde está enterrada.
Agregaron que deberían aportar mayores datos, como los que fueron solicitados en los oficios durante la investigación presumarial. En esa instancia, se solicitó toda la información recibida y recopilada con relación a la desaparición de Quinteros.
Cuando se reactivó la denuncia que derivó en el procesamiento de Blanco, surgió información de que los funcionarios militares con maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas habrían procedido a exhumar el cuerpo de la maestra de los fondos del regimiento 13 de Infantería.
El juez pidió a la Comisión para la Paz que informara si entre los años 1984 y 1986 el Ministerio de Transporte prestó algún tipo de maquinaria a las Fuerzas Armadas.
