Cientos de camas de internación no están siendo
utilizadas en el sistema privado de salud a raíz de la
crisis del sector y el cierre de sanatorios. Si bien el
hecho no es considerado un problema por los
operadores —debido a la pérdida de afiliados que han
sufrido las mutualistas— el fenómeno se contrapone
con la carencia de capacidad de internación que afecta
a los centros de Salud Pública.
El cierre de la mutualista Oca Larghero con un
sanatorio con capacidad de más de cien camas, un
CTI y una maternidad consideradas modelo, y las
graves dificultades que atraviesan otras instituciones
como Casa de Galicia y el Hospital Italiano, radiarían
del sistema de salud uruguayo una importante
capacidad de atención instalada.
Barret Díaz, presidente del Sindicato Médico dijo que el
sistema mutual tiene capacidad ociosa como para
atender a todos sus afiliados y que "salvo algunas
instituciones que casi no han perdido socios, en
general sobran camas".
Díaz afirmó que en cambio "donde sí faltan camas es
en Salud Pública" que debe atender a las personas
que abandonaron el mutualismo y agregó que "por ese
motivo se están difiriendo las cirugías".
Los últimos meses del año fueron el escenario de
duros golpes para el sector. Al cierre de Oca Larghero
en noviembre, le siguieron noticias desalentadoras
como la presentación de un concurso civil voluntario
(concordato) por Casa de Galicia y el pedido de
quiebra contra el Hospital Italiano.
Casa de Galicia tiene capacidad para 360 internados,
el Larghero contaba con instalaciones para 110
pacientes y en el caso del Hospital Italiano las camas
son 250.
Sin embargo, el número efectivo de internados este
año fue notoriamente inferior a la capacidad. Según
Barret Díaz en Casa de Galicia el promedio de
personas internadas fue de 160.
En el Italiano se estarían atendiendo entre 60 y 80
pacientes.
El destino de esa capacidad de atención perdida en el
sector privado y que hace falta en la salud pública es
uno de los problemas pendientes que plantea el cierre
de centros de salud ya que los procesos habituales de
liquidación —lentos y engorrosos—suponen un riesgo
de deterioro de las instalaciones.
La suerte de ese valioso capital sanitario es por el
momento una incognita.
EL CASO LARGHERO. "El sanatorio y las instalaciones
están impecables", dice José Luis Damonte interventor
de la mutualista Oca Larghero la más reciente de las
quiebras que ha remecido el sistema de salud
uruguayo.
Solo, instalado en un despacho de planta baja del
reconocido edificio que durante décadas fue simbolo
de la mejor tradición de asistencia de Uruguay, el
contador Damonte es el encargado de hacer el
inventario de bienes y deudas para presentar a la
Justicia y —si es posible— proponer algún plan para
evitar un riesgo cierto: el deterioro de una de las más
completas y modernas instalaciones de atención
médica del país.
A pesar de su estruendosa quiebra, el sanatorio tiene
una capacidad instalada envidiable en la actual
situación del mutualismo: 110 camas para internación,
un Centro de Tratamiento Intensivo y de Cuidados
Intermedios con capacidad para veinte pacientes, una
maternidad considerada de las mejores del país, dos
pisos de salas "vip" con camas para acompañantes,
aire acondicionado, tv cable y teléfono, un centro de
tomografía computada, un laboratorio.
"En lo que hay consenso es que en una planta física
de este tipo sin funcionar, el deterioro es mostruoso",
dice Damonte, que estima que solamente preparar el
inventario y revisar la documentación contable le
llevará "dos meses, cuando menos".
"Hay que buscar una fórmula imaginativa para
reactivarlo", agrega el interventor que indicó que la
comisión tiene facultades de disposición pero que
presentará propuestas para que el Ministerio de Salud
Pública decida en definitiva. Damonte agrega que "una
cosa es la presentación nuestra, pero después la
liquidación judicial normalmente lleva mucho más
tiempo".
Mientras tanto, a nivel de los juzgados de concurso no
se ha iniciado ningún expediente sobre el Oca
Larghero.
La jueza Teresita Rodríguez Mascardi, una de las dos
que atiende los casos de concurso, quiebras y
concordatos, dijo que no tenía conocimiento de los
detalles del caso, pero afirmó que con la actual
legislación "es posible llegar a una solución que no
implique el remate siempre que se logre un acuerdo
en la junta de acreedores".
Rodríguez admitió que los trámites del concurso "son
largos y engorrosos y dependen de cada caso",
aunque dijo que han existido procedimientos que se
han resuelto en plazo breve. "Entre diez meses y un
año es un plazo breve en Uruguay", explicó.
UN TRISTE FINAL. Pero en Uruguay nada es muy
rápido ni demasiado sencillo y tampoco lo es la
historia del Oca Largheto.
La liquidación del "Larghero" fue el triste final de una
larga y penosa batalla por la sobrevivencia que
encararon hace dos años los médicos de la institución
y sus funcionarios.
Todos los actores del drama consultados por El País
indican que fue a fines del año 2000 cuando los
médicos cooperativistas de OCA tomaron conciencia
de la situación.
En ese momento la institución enfrentaba un pasivo de
16 millones de dólares. Entre 1998 y 2000 se habían
pedido préstamos bancarios a distintas instituciones
por 8.5 millones de dólares. La institución tenía 23 mil
afiliados y un porcentaje importante estaba constituido
por los funcionarios del Banco República y sus
familiares en razón de un convenio de asistencia que
había comenzado a regir en la década del 60. El
ingreso por ese concepto era uno de sus mayores
capitales.
Dos años antes el panorama de Oca era distinto.
Según los testimonios, en 1998 la cooperativa médica
OCA decidió comprar el sanatorio Larghero, del cuál ya
tenía más del 50 por ciento de las acciones. Un par de
años antes se había resuelto la compra del predio de
la ex fabrica de chocolates Ricard separada del
sanatorio por la calle Montecaseros. El plan en ese
momento era unir ambos edificios por un puente aéreo
o un túnel. Hoy la planta fabril, vacía y deteriorada, es
un mudo testimonio de las consecuencias del alto
endeudamiento bancario con que se financiaron los
planes de expansión.
Además de esas compras, se había ampliado una de
las alas del sanatorios instalando dos pisos de
habitaciones "vip". También se reformó la maternidad
convirtiéndose en una de las mejores del país.
DOS AñOS DE LUCHA. Cuando quedó en evidencia el
costo de esa expansión, los médicos formaron un
comité de crisis y en los primeros meses de 2001 se
convocó a elecciones.
"A fines del 2000 yo era el último suplente de la
directiva", recuerda el Dr. Gonzalo Estapé. "Estaba en
el exterior y me enteré de una reunión especial que se
iba a realizar un día sábado. Cuando me enteré de lo
que pasaba los restantes miembros de la directiva
habían resuelto que yo fuera el presidente". Estapé se
mantuvo en ese puesto desde entonces y hasta el día
del cierre de la institución.
Afirma que ya entonces todos los técnicos que
estudiaban los números de la institución "coincidían
en que estábamos en una quiebra técnica". "El
problema es que una institución chica tiene poca
capacidad para enfrentar un pasivo tan importante, que
se generó con la compra del predio de Ricard lo que
se hizo con préstamos, sin poner dinero, y, en fin, otros
negocios que se hicieron aconsejados por el anterior
contador y el gerente".
"Hubo un cambio brusco de directiva, se cambió todo
el equipo de gestión, incluso el director técnico anterior
fue procesado, se sustituyó al anterior contador y se
comenzó a renegociar las deudas porque ya en ese
momento no había dinero para pagar los sueldos",
explicó.
Aunque el sanatorio tenía un superavit operativo hasta
el final de su gestión, la acumulación de deudas fue
difícil de sobrellevar. "A los bancos se les siguió
pagando, se refinanció con los proveedores
comerciales, pero ninguno quiso pesificar", explicó
Estapé.
Dos golpes serían fatales en esa desesperada lucha
por mantener la atención: la devaluación de junio hizo
que el pasivo aumentara significativamente. El golpe
de gracia fue la decisión del Banco República de no
renovar el convenio que existía desde 1963 a raíz de la
orden del Poder Ejecutivo de eliminar los servicios
médicos estatales.
"En una primera instancia se habló con los directores
del República y sobre todo con el sindicato bancario.
Aebu nos acompañó en una primera instancia y votó
por quedarse en el sanatorio. Después Aebu banca
estatal dijo que si los funcionarios querían cambiar
había que darles libertad y finalmente apoyaron a tres
instituciones que no eran Larghero".
La caída del convenio con el Banco República y la
decisión de Aebu hicieron además imposible acceder
al préstamo de salvataje de mutualistas acordado
entre el gobierno y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
"La primera condición que se nos puso para acceder
al préstamos era mantener a los funcionarios
bancarios como socios".
FUTURO INCIERTO. Con el cierre del Larghero no sólo
quedaron por el camino instalaciones de primer nivel,
sino también 415 funcionarios no médicos y
aproximadamente 150 profesionales.
El trasiego de los socios comenzó a procesarse con
rapidez. El interventor José Luis Damonte informó que
hasta el momento se han recibido seis mil solicitudes
para trasladar las historias clínicas de los pacientes a
otras instituciones a las que ya se han afiliado.
Según Damonte el Ministerio de Salud Pública prohibió
expresamente a las restantes mutualistas realizar
publicidad expresa para captar los asociados del
Larghero, así como la actuación de promotores en las
inmediaciones del centro de asistencia.
De ese traslado de socios depende el futuro de los
funcionarios, ya que según un acuerdo firmado en
2001, las instituciones que absorban socios deben
ocupar entre 10 y 19 empleados por cada mil nuevos
afiliados. Ese acuerdo no contempla la situación de
los más de cien médicos que quedaron sin trabajo ya
que el Sindicato Médico no firmó el documento.
Sin embargo los funcionarios tienen expectativas muy
limitadas sobre su reinserción. Estela Ibañez, dirigente
del sindicato, estima que solo entre el 10 y el 20% del
personal podrá reinsertarse teniendo en cuenta la
situación difícil también que enfrentan las restantes
instituciones.
"Va a haber grandes problemas para reinsertar a gente
que tiene más de 50 años y no se puede jubilar, e
incluso, el seguro de desempleo les baja el promedio
de una futura jubilación", afirma.
Para Ibañez una solución, aunque remota, sería que
se alquilara el sanatorio y estima que para hacerlo no
hay mucho tiempo para evitar el deterioro. "Yo creo que
ningún proyecto va a salir antes de marzo, pero para
nosotros es la única posibilidad de trabajo real",
afirmó.
Quedarán seis o siete institutos grandes
Entre 1990 y 1991 aproximadamente comenzaron a
producirse algunos fenómenos que eran
desconocidos para el país y para el sector mutual.
Este era un país acostumbrado a vivir con un alto
indice inflacionario anual que permitía que aquellos
que compraban insumos, cobraran sus ventas al
contado y, pagando diferido, licuaban sus déficit.
Quiere decir que el déficit era subsidiado por una serie
de proveedores, etc. En aquella época el sector de la
salud tenía muy poca deuda bancaria porque no
precisaba créditos y no tenía déficit porque lo licuaba
por la inflación.
Desde que comenzó la lucha antiinflacionaria que fue
exitosa, el mecanismo de la adecuación de los
pasivos se fue perdiendo.
Todos estamos de acuerdo en que esta política de
tratar de impedir la inflación es la mejor, pero a los
efectos de todas las empresas del país el trabajar con
una inflación baja significó un desafío nuevo. Algunas
se adaptaron bien y otras no.
En el caso nuestro hubo otro problema cuando a partir
de 1993 se firmaron nuevos convenios salariales, en
particular el anestésico quirúrgico que significó que en
los años 1993, 94 y 95 hubiera un incremento muy
fuerte del costo de la asistencia.
En este período entonces se juntaron dos fenómenos:
la disminución de la inflación, y el aumento de los
costos salariales de ese sector en especial. Eso llevó
a que se generaran déficit importantes en las
instituciones que se jugaron con créditos bancarios, y
se endeudaron fuertemente en la década de los 90.
Ya ahí se asistió a un empobrecimiento progresivo. A
mediados de la década del 90 algunas instituciones
comenzaron con planes de control de los gastos y de
adecuación de la adjudicación de los recursos, y otras
no. Las que sí lo hicieron, que son muy pocas y en
general pequeñas, son las que hoy tienen mejor
situación, pero otras instituciones no lo hicieron. En
este período de gobierno fueron clausuradas seis
instituciones.
PERSPECTIVA. La posición tanto del gobierno del Dr.
Sanguinetti como la de este gobierno es la de
concentrar la asistencia en Montevideo en menos
instituciones grandes. Eso parece claro cuando se ve
que las pequeñas instituciones han sido tratadas sin
apoyo del Estado y varias, cinco de mi Cámara, han
sido clausuradas. La perspectiva de futuro es similar a
lo que ocurre hoy.
El sector tiene todavía unas cuantas instituciones
pequeñas, algunas de ellas sin pasivo que podrían
salvarse en cualquier circunstancia. Las otras
instituciones pequeñas no tienen perspectiva porque
tiene grandes pasivos acumulados, y el servicio de la
deuda les consume una buena parte de sus ingresos,
por consiguiente no pueden hacer frente a sus
obligaciones.
Al día de hoy la cuota tiene un atraso tan grande en
relación al costo de los insumos, de los
medicamentos y del dólar que apenas alcanza para
cubrir insumos y no entrar en omisión de asistencia.
En el futuro va a ocurrir lo mismo, salvo que se tomen
medidas que permitan concentrar el mercado en
instituciones más grandes, pero eso lleva
inevitablemente a la pérdida de una enormidad de
puestos de trabajo. Al igual que ocurre con los Bancos,
el país va a tener que observar como se salvan una
determinada cantidad de puestos de trabajo, más que
pensar en los puestos de trabajo que se pierden.
En el sector de la salud el proceso de concentración
será en el próximo año, o a lo sumo en dos años, y
quedarán seis o siete empresas en Montevideo las
otras no podrán competir en un mercado tan
concentrado. Va a desaparecer, seguramente, alguno
de los prestadores de asistencia exclusivamente
sanatorial, como el Hospital Italiano o como ya ocurrió
con el Sanatorio Español. Esa es una de las
realidades a las que tendremos que acostumbrarnos.
Dr. Natalio Blankleider
Presidente del IAMC
