El gobierno promulgó hoy la ley que fusiona en una sola institución a tres bancos suspendidos desde agosto a causa de de una de las crisis más graves que se hayan registrado en Uruguay, informó la secretaría de prensa de la Presidencia.
La norma había sido aprobada por la Cámara de Diputados, con un solo voto en contra, en la madrugada del viernes.
El proyecto, que ya tenía la sanción del Senado, recibió 80 votos a favor y uno en contra. Los restantes diputados de la Cámara de 99 miembros no estaban en el recinto al momento de la votación, en algunos casos como modo de marcar sus discrepancias con el proyecto pero evitando pronunciarse en contra para no violar directivas partidarias.
La nueva ley prevé la fusión de los bancos Comercial, Montevideo y Caja Obrera en una nueva entidad, que contará con un fondo de activos conformado por las carteras de deudores consideradas de bajo riesgo.
A última hora del viernes, el Banco Central extendió la suspensión de actividades de estas tres instituciones hasta el 17 de enero inclusive.
La disposición de la autoridad monetaria también incluye la prórroga en la suspensión de actividades del Banco de Crédito, sobre el que se está negociando una solución con inversores privados, y de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Uruguay (CAYCU), que también enfrentaron dificultades operativas a mediados de año.
Del fondo previsto en la ley se obtendrán los recursos necesarios para reprogramar los depósitos a plazo fijo de los ahorristas de los tres bancos preexistentes con un plazo que en principio sería de cuatro años.
Además, un 30% de esos depósitos pasarán a capitalizar el nuevo banco, con el consentimiento de los propios ahorristas.
El Estado, por su parte, renunciará a la parte que le corresponde cobrar por concepto de asistencia otorgada anteriormente, a los efectos de facilitar el cobro de los depositantes.
Para las carteras de deudas consideradas de difícil cobro está previsto que pasen a ser gestionadas por fondos separados de cada uno de los bancos anteriores.
Al Poder Ejecutivo y al Banco Central de Uruguay les corresponderá definir en el futuro la nueva estructura operativa del nuevo banco, la reducción de la plantilla y la redistribución de sus funcionarios, y los porcentajes de devolución de los depósitos.
El diputado Jaime Trobo, del Partido Nacional, fue el único que votó negativamente el proyecto, aduciendo que la solución propuesta era apenas "un parche" y que "produciría una socialización de las pérdidas que deberían asumir los bancos que hasta hoy existen".
Otro banco que permanece suspendido, Banco de Crédito, está excluido de la solución legal aprobada, y se espera que pueda ser recapitalizado por uno de sus actuales propietarios minoritarios, el grupo económico que lidera el reverendo sudcoreano Sung Myung Moon, el cual realizaría un aporte de 160 millones de dólares para pasar a controlar la mayoría de las acciones de la institución.
La crisis bancaria hizo eclosión en febrero, en parte por efecto de las dificultades financieras que atravesaba Argentina desde fines del año anterior.
Desde ese momento se produjo una sostenida corrida de depósitos, que provocó en el año una caída del 45% y pérdidas de activos de reservas del BCU de casi un 80% en siete meses.
La desesperante situación llevó a que el Fondo Monetario Internacional aprobara en agosto un paquete de ayuda económica de aproximadamente 3.800 millones de dólares para financiar una reprogramación de los depósitos en dólares de los bancos oficiales, lo que permitió detener la pérdida de depósitos y poner clama en la plaza financiera.
Sin embargo, con esa operación la deuda externa uruguaya ascendió a unos 11.000 millones de dólares, lo que equivale a un 85% de su Producto Interno Bruto.
El elevado monto de la deuda podría provocar algunas dificultades para atender a los pagos de servicios y vencimientos de sus obligaciones externas en los próximos años en un país que se encuentra en recesión desde 1999.
AP
