Informe: Enrique Etchevarren, Rosa Aguirre y Marta Aguiar
La Intendencia de Montevideo se niega a bajar el valor catastral de cientos de propiedades —lo que llevaría a reducir los impuestos que pagan sus propietarios— reclamando que la Dirección de Catastro Nacional haga un relevamiento completo de la ciudad ya que considera que los valores están "atrasados".
Catastro, por su parte, dice que efectivamente está planeando reaforar todo Montevideo el año próximo, pero a su vez alerta que si la IMM no modifica las actuales tasas de los impuestos, el aumento del valor de los inmuebles se trasladará automáticamente a los tributos encareciéndolos fuertemente.
En el medio de esta polémica están los contribuyentes que se preguntan por qué en una situación de recesión económica y tras haber sufrido una fuerte devaluación, los impuestos que pagan siguen aumentando.
La controversia entre la IMM y Catastro tiene de rehenes a cientos de contribuyentes que reclamaron y obtuvieron una rebaja en el valor catastral de sus propiedades, demostrando que las mismas estaban sobrevaluadas.
Agrimensores que actuaron en esos procedimientos, dijeron a El País que la IMM se niega a tomar en cuenta la rebaja, aunque manifestaron que sí acepta retasaciones cuando aumentan el valor de los inmuebles y, por lo tanto, incrementan los impuestos.
Wellington Berenguer, uno de los agrimensores, afirma que "aproximadamente desde 1999 los valores catastrales no se ajustaron según la realidad", incidiendo entre otras variables "el gran desarrollo de algunos barrios, la pérdida de interés por otros y el costo de la construcción".
Explicó que "muchos propietarios reclamaron y continúan reclamando, una disminución del valor real de sus inmuebles. Luego de un estudio pormenorizado muchos reclamos fueron de recibo".
El técnico sostuvo que desde octubre de 2001 la Intendencia no acepta los nuevos valores hasta que no se haga un reaforo general de Montevideo. Para Berenguer ello implica "un trato desigual" para los contribuyentes ya que "se dan casos injustos como vecinos que poseen viviendas casi idénticas en el mismo barrio, pero uno paga 30 por ciento más de contribución del que se enteró tarde del reclamo que podía realizar".
SI PERO NO. Jaime Igorra, director municipal de la Zona Centro, admitió que la IMM no acepta los nuevos valores adjudicados por catastro, y fundamentó la medida afirmando que hay un "retraso" en la fijación de los valores de las propiedades en Montevideo.
"Catastro debería realizar un relevamiento de todos los terrenos que hay en la ciudad para calcular nuevamente el valor de aforo de cada propiedad", afirma Igorra.
El funcionario sostuvo que el retraso de Catastro no permite fijar "con justicia" los precios y calcular los impuestos. "Existen edificios ya terminados que para Catastro son terrenos baldíos", afirmó.
Sin embargo, las declaraciones del funcionario no permiten explicar por qué se aceptan las modificaciones cuando los valores aumentan.
Igorra recordó que durante el primer período de gobierno del Intendente Mariano Arana la comuna realizó un "riguroso estudio" de los terrenos de la ciudad y configuró un nuevo catastro. "Sin embargo, el estudio quedó guardado en un cajón porque fue derogado por el Parlamento", afirmó.
Adelantó que "vamos a insistir hay que hacer un nuevo catastro en Montevideo y en todo el país".
OTRO REAFORO. Por su parte, el director del Catastro Nacional, Miguel Angel Aguila, informó a El País que su dirección tiene todo pronto para realizar un reaforo general de las propiedades de Montevideo. Según sus planes, el relevamiento debería efectuarse ya el año que viene. Advirtió que ese reaforo llevaría a un aumento de los valores de las propiedades medidos en pesos —aunque han bajado notoriamente en dólares— y que si la Intendencia de Montevideo no ajusta a la baja las tasas, el aumento se trasladará automáticamente a los impuestos. Aguila dice que el año pasado lo comunicó a la IMM pero que no ha recibido respuesta.
"Nosotros somos una oficina técnica que lo que hace es fijar los valores de los inmuebles en forma independiente de los impuestos que se basen en esos valores. Los impuestos dependen de las necesidades del recaudador y éste tendrá que contraponerlas con la capacidad de pago que tenga la población", dice Aguila.
El director de Catastro sostiene que siempre ha defendido "que las dos competencias no deben estar mezcladas", a fin de que "el sistema sea trasparente frente a los ojos del contribuyente, ya que si yo soy el dueño de los dos platos de la balanza puedo hacer bajar uno haciendo subir el otro".
LA BALANZA. Los dos platos de la balanza que menciona Aguila son el valor catastral de los inmuebles y las tasas de los impuestos, dos conceptos poco comprensibles para el contribuyente pero que forman el cóctel que determina cuánto deberá pagar por tributos.
Aguila explica que el catastro es "un registro de la propiedad inmueble" que, entre otros factores, determina el valor que tiene cada propiedad. Ese valor es tomado como base por los organismos tributarios (Intendencias, Gobierno, etc) para determinar qué porcentaje debe pagar su propietario.
El conflicto denunciado por los agrimensores se basa precisamente en que cuándo el valor catastral de un inmueble en Montevideo baja, la IMM no acepta la nueva tasación.
La medida se arrastra desde octubre de 2001 cuando la Junta Departamental autorizó a la IMM a no aceptar las modificaciones, hasta tanto la Dirección de Catastro Nacional no haga un relevamiento completo de Montevideo.
Aguila confirmó que Catastro recibe por año entre 600 y 1200 reclamos de contribuyentes que prueban que sus propiedades están sobrevaluadas, y dice que entre el 85 y el 90% de los casos son comprobados por técnicos de la dependencia.
Según el director, la mayoría de los reclamos aceptados corresponden a la zona 1 de la ciudad, que comprende el centro y la costa.
VALORES ALTERADOS. Los técnicos de Catastro sostienen que muchas propiedades de la zona 1 están actualmente sobrevaluadas y adjudican el hecho a una revisión realizada a principio de los años 70 del valor de todas las propiedades de la ciudad.
"Tenemos un problema desde 1973 cuando Catastro hizo algo que no debería haber hecho: tratar de regular el impacto del valor", afirmó Aguila.
El funcionario explicó que en ese momento la ciudad se dividió en tres zonas (un sistema que adoptó después la IMM para fijar los impuestos): la zona 1 comprende la Ciudad Vieja, el Centro y los barrios ubicados al sur de Avenida Italia; la zona 2 se extiende al norte de Avenida Italia y hasta Propios; la zona 3 comprende el resto de la ciudad.
Mientras que a la zona 1 el Catastro de la época le aplicó un coeficiente 1, en la zona 2 fue de 0,67 y en la zona 3 de 0,50. "Es decir que una casa que valía 100 en la zona 1, valía 67 si estaba ubicada en la 2 y 50 en la 3", explican los técnicos.
A partir de ese momento se fueron aplicando actualizaciones anuales que tienen en cuenta el costo de vida y de la construcción, así como los valores inmobiliarios, lo que ha ampliado la brecha original.
La realidad de los valores de los inmuebles, sin embargo, sigue otros parámetros. "Las modificaciones de los valores de la ciudad no siguen las rayas establecidas en un decreto y se va desbalanceando de acuerdo a las preferencias del público", dice Aguila.
AVISO A LA IMM. Aguila afirma que ha mantenido contactos con la Intendencia sobre el problema y le ha puesto en conocimiento del plan para reaforar la ciudad.
"Hablamos con la Intendencia y le dijimos que lo que tenemos que hacer para terminar con el problema y ser justos con todos es hacer un reaforo general, terminar con los "escalones" y si hay zonas de mayor valor, que sean bien determinadas. De otra forma el barrio Palermo seguirá teniendo el mismo índice que Malvín", afirmó.
El funcionario asegura que el estudio del valor de las propiedades de cada zona y los programas informáticos están prontos, pero que "para salir con un reaforo de Montevideo, que es la localidad más importante del país y la más sensible, no podemos hacerlo sin avisarle a la Intendencia lo que va a pasar para que tengan tiempo de adecuar las tasas de los impuestos".
"Tenemos que ponernos de acuerdo para no provocar el caos", afirma. "Si yo hago el reaforo y la Intendencia no estudió la adecuación de los impuestos, y permanece con las mismas franjas y tasas la actualización se va a trasladar directamente al impuesto", advierte.
UN CAOS CARO. El caos que teme Aguila puede salirle caro a los contribuyentes de Montevideo. La pregunta clave es si en medio de una aguda recesión y luego de una devaluación fuerte del peso, es justo que los contribuyentes paguen impuestos mayores.
"Los datos que nosotros tenemos es que efectivamente ha habido una caída muy importante en el sector inmobiliario en dólares, pero en pesos los valores no cayeron tanto como subió el dólar. En consecuencia, las propiedades subieron en pesos", afirma.
El técnico se niega a dar un dato preciso sobre ese aumento y dice que los funcionarios de su repartición lo están haciendo "afinando el lápiz".
El director de Catastro dice que tiene todo pronto para hacer el "nuevo" catastro y que su plan es realizarlo el año entrante, pero tiene un problema a solucionar: cómo notificar a la población.
"En otras localidades no es tan notorio, pero en Montevideo puede ser un cuello de botella impresionante", explica.
Aguila dijo que ha pedido a la DGI que dentro de la reforma tributaria que se proyecta se incluyan normas que modifiquen la forma de notificar a la población, previendo la publicación de los valores en Internet.
Con la normativa actual, Catastro debería publicar avisos durante diez días en el diario oficial y en otras dos publicaciones y tener 30 días los valores a disposición de los vecinos.
"En las localidades del interior, con 20 mil padrones, no es problema, pero en Montevideo estoy intentando cambiar el procedimiento para no tener seis cuadras de cola y que la prensa nos juzgue por ello".
Las obras no declaradas libres de los reaforos
La dirección de Catastro ha reaforado desde 1995 los valores de las propiedades de 36 localidades ubicadas en los 18 departamentos del interior del país (ver infografía).
El procedimiento aplicado en el interior del país implicó que los tasadores fueran "puerta por puerta" avaluando cada una de las propiedades involucradas, según sus reales condiciones.
Aunque el procedimiento no estuvo exento de polémicas y reclamos, los jerarcas de Catastro lo consideran un éxito.
Para atenuar el impacto del aumento de valor de algunas zonas, los expertos recomendaron a las Intendencias aplicar en forma paulatina el nuevo aforo. Una fórmula de ese tipo se había aplicado en la Ciudad de la Costa.
De llevarse a cabo el reaforo de Montevideo, como lo planea Catastro, el sistema de avaluación será diferente.
Todo se hará en forma computarizada, mediante un programa experto cargado con los datos que identifican a las viviendas existentes, valores de mercado, etc.
Los agrimensores consideran que si bien no es un sistema ideal, es el menos malo que se puede aplicar en Uruguay.
Sin embargo, hay algunos detalles que pueden llamar la atención: no se podrán avaluar las construcciones no declaradas —con lo cual se beneficiarán sus propietarios—, ni será posible detectar problemas constructivos graves que afecten el valor de la vivienda.
Para esas situaciones al contribuyente sólo le quedará estar atento y realizar el reclamo que corresponda.
Los contribuyentes no tienen suficiente información
– ¿El contribuyente puede estar seguro de que los tributos que paga por sus bienes son justos?
El concepto de justicia tiene un componente subjetivo. Personalmente, estimo que en este país la presión fiscal global es muy alta ya que oscila actualmente alrededor del 34% del PBI, si se toman en cuenta incluso los sobreprecios con efectos equivalentes a un impuesto de los servicios monopolizados por el Estado. ¿Y cuál es la contrapartida que proporciona el Estado? En general, se trata de prestación de servicios que dejan mucho que desear, como acontece con la educación, la salud, la seguridad, la vialidad, etc.. Desde este punto de vista se puede afirmar que el contribuyente no tiene un adecuado cambio indirecto de bienes.
Quienes entienden que el ordenamiento tributario es regresivo, deben considerar que es injusto.
– ¿Cuáles son los tipos de tributos dudosos en cuanto a que su base imponible represente el verdadero valor de los bienes del contribuyente?
En nuestro ordenamiento tributario pueden caber las dudas a que refiere la pregunta respecto de los impuestos que gravan la posesión de bienes inmuebles en forma aislada (contribución inmobiliaria urbana, suburbana y rural), o dentro del patrimonio (impuesto al patrimonio); a la transferencia de inmuebles (impuesto a las trasmisiones patrimoniales); a los vehículos automotores (patente de rodados).
– ¿El sistema utilizado en Uruguay para calcular los impuestos es bueno?
En primer lugar, a efectos de la determinación de la cuantía de un tributo que en nuestro país debe necesariamente ser establecido por la ley, no puede otorgarse la más mínima discrecionalidad a la autoridad administrativa. Hay ejemplos en el derecho uruguayo donde los órganos legislativos confían (de modo indebido) a la administración la fijación de bases de cálculo, así como otros aspectos esenciales del tributo.
En segundo término, en Uruguay existe la posibilidad de que hayan veinte criterios diferentes para la avaluación, a los efectos del impuesto a la posesión de inmuebles, en la medida que los gobiernos departamentales tienen potestad para determinar la cuantía de la contribución inmobiliaria urbana y suburbana.
En tercer lugar, la forma de determinación de la base de cálculo de muchos impuestos no es la adecuada. Si nos referimos a la avaluación de la base imponible de los impuestos nacionales que gravan la propiedad inmueble, tenemos que la apreciación directa de su "valor real" para todos los bienes raíces del país culminó en el año 1972. A partir de entonces, y salvo excepciones, la administración sólo procedió a la actualización del "valor real" de cada bien mediante la aplicación de coeficientes de actualización fijados discrecionalmente por la administración con asesoramiento de la oficina técnica, prescindiéndose de la apreciación directa de los bienes inmuebles cada tres años, como manda la ley.
– ¿Qué cosas habría que cambiar?
Para cambiar lo antedicho, será preciso primeramente que se elimine esa extendida práctica legislativa, tanto a nivel nacional como departamental, de "delegar" la competencia legislativa en el Poder Ejecutivo u otros órganos públicos para determinar aspectos esenciales del tributo. Debe tenerse presente que, de no existir previsión constitucional que disponga otra cosa, los entes estatales no pueden conferir a otros organismos las facultades, prerrogativas y cometidos que la norma fundamental les atribuye.
Por su parte, debería existir una norma o criterio de carácter general que coordine los criterios de avaluación a todos los efectos fiscales.
Y finalmente, en el caso de la avaluación de bienes inmuebles a los efectos de los impuestos nacionales, debería evitarse las distorsiones indicadas mediante su avaluación directa, al menos cada tres años como dispone la ley.
– ¿A su juicio, el ciudadano tiene suficiente información sobre la forma en que se calculan los tributos?.
No, en general el contribuyente no tiene suficiente información en la forma que se calculan los tributos a su cargo; como tampoco suele conocer que tiene derecho a repetir (pedir la devolución) todo tributo pagado indebidamente. Los sujetos pasivos deben saber que disponen de remedios y recursos para la defensa de sus derechos en materia tributaria.
