El ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry entregó ayer al Parlamento, un nuevo capítulo del proyecto sobre normas de intermediación financiera, por el que se crea el seguro de desempleo para todos los trabajadores afiliados a la Caja Bancaria y al que, en principio, podrán acogerse unos 1000 empleados que quedarían cesantes de los bancos suspendidos.
Atchugarry concurrió a la Comisión de Hacienda integrada con Constitución del Senado, donde informó que tres cuartas partes de las normas presentadas apuntan a tener un alcance permanente, más que coyuntural, y que el seguro se orienta a ser similar en su prestación al que rige para el resto de las actividades.
En ese sentido propone la creación de un Fondo de Subsidio por Desempleo, que será administrado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y se financia con distintas fuentes de ingresos. Los que proporciona el Estado, a través de la retención del Impuesto a las Retribuciones Personales, con aportes de los bancos suspendidos, aportes personales de afiliados activos y pasivos de esa caja (2,5% de sus ingresos) y un aumento del 4,5% en aportes patronales del resto del sistema bancario.
El seguro de desempleo para atender la situación de los bancarios, tendrá un costo aproximado a los U$S 10 millones, de los cuales U$S 4 millones los financiará el Estado y el resto (U$S 6 millones) la Caja Bancaria, según las cifras que se mencionaron en la comisión.
Atchugarry informó a los senadores que por la salida de aportantes, la Caja Bancaria va a tener una pérdida de ingresos del orden de los U$S 20 millones mensuales, y que para no aumentar las dificultades que ya tiene la misma, se planteó el incremento de hasta 4,5 puntos porcentuales en el aporte patronal de los bancos por sus empleados, durante el año 2003.
El ministro reconoció que "es el aporte más caro del país", pero dijo que no se encontró otra alternativa de financiamiento. Comentó, a continuación, que los empleados de la banca privada, entre los meses de julio y noviembre pasado, tuvieron dos aumentos sucesivos del orden del 18,7% en sus sueldos, por aplicación de una claúsula gatillo. "En ese contexto, pensar en un 4,5% para resolver los problemas de la Caja, no parecen ser dimensiones que alteren demasiado las cosas", dijo.
En cuanto a las observaciones de AEBU, en el sentido de que el fondo de desempleo debería financiarse con el aporte de todas las instituciones bancarias privadas, Atchugarry explicó que se trató de hacer un símil con la situación del sistema médico, implementando un sistema de prepago, pero que eso no fue posible en medio de la situación creada, en la que se debe pagar el 100% de lo que se usa.
SUBSIDIO. El régimen de subsidio por desempleo que se proyecta, comprenderá obligatoriamente a todos los empleados afiliados a la Caja Bancaria. A dicho subsidio tendrá derecho el funcionario bancario "que se encuentre en situación de desocupación forzosa no imputable a su voluntad o capacidad laboral", y se presente dentro de un plazo no superior a los 30 días a denunciar esa situación a la caja y solicitar la prestación correspondiente.
La prestación por subsidio de desempleo "en ningún caso podrá superar el equivalente a veinte salarios mínimos nacionales mensuales ($ 22.200)".
En el proyecto se establece primero una prestación de seguro de paro similar al del resto de los trabajadores de la actividad, sujeto a un tope de 8 SMN ($ 8.880), por seis meses, sobre la base del 50% o 60% del sueldo nominal, pero se faculta luego a la Caja Bancaria a ampliarlo en su monto y extensión.
Para tener derecho a la percepción de ese subsidio, se requiere que el trabajador bancario haya computado, como mínimo, seis meses de aportes efectivos a la Caja Bancaria, previos a configurar la causal de desocupación, para el caso de los mensuales, y de 150 jornales de aportación efectiva para los remunerados por día o por hora.
El sistema proyectado ampara a todos los empleados bancarios, pero si alguno de los bancos que actualmente están operativos envía a un trabajador al seguro de desempleo, tendrá que hacer un aporte mensual a la caja, equivalente al cien por ciento de la prestación mensual de subsidio.
A los efectos de estimular el reintegro a la actividad de los trabajadores bancarios que queden desempleados, por otra de las normas presentadas, se exonera a los bancos del pago del aporte patronal jubilatorio, de las personas que contraten o reincorporen del seguro por desempleo.
En caso de que una entidad financiera resuelva retirarse del mercado, deberá hacer los aportes al contado del cien por ciento del seguro de desempleo de su plantilla de trabajadores, por los 18 meses de extensión del mismo. Atchugarry dijo que esto le asegura a la Caja el normal cumplimiento de la prestación.
UNA LECTURA. El senador Alberto Couriel (Frente Amplio) interpretó del informe de Atchugarry, que el sistema que se proyecta tiene tres características. Por un lado, los que queden desempleados en los bancos suspendidos, van a tener el seguro de desempleo básico con un límite de ocho salarios mínimos ($ 8.880) y hasta por 18 meses, que lo va a pagar el Estado, a un costo de alrededor $ 108 millones anuales (U$S 4 millones).
Agregó que en segundo lugar, habrá una contribución de activos y pasivos de la Caja Bancaria, del 2,5% de sus remuneraciones, para complementar un seguro para los que queden desocupados de las actividades bancarias. Destacó que el monto de esta prestación y su extensión en el tiempo queda a criterio de las autoridades de la Caja Bancaria.
"El Estado tendría un costo con esta solución de $ 108 millones, que se retendría del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP), para atender a los desempleados de los bancos suspendidos que serían alrededor de mil. En segundo lugar, la Caja Bancaria tendría más jubilados como consecuencia de la suspensión y mil activos menos. Esto se financiaría con un incremento del 4,5% del aporte patronal", explicó Couriel.
EN COMISION. Alejandro Atchugarry explicó a senadores los alcances de la iniciativa.