Mientras todos los especialistas contratados bajo el régimen de Comisión de Apoyo anunciaron que dejarán de concurrir a trabajar a los hospitales a partir del lunes si no se produce un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (MSP), fuentes de esa cartera anunciaron a El País que ya realizaron contactos con otros centros públicos y privados para asegurar la asistencia en las áreas que podrían resultar afectadas.
La partida de esos profesionales disminuiría severamente el plantel de especialistas de emergencia de adultos y niños, CTI de adultos y niños, centros de diálisis y ambulancias.
El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y el Plenario de Médicos y Nurses que trabajan para ASSE enviaron ayer una resolución en la que advierten que el MSP "ha puesto en situación de crisis asistencial al sistema sanitario público", tras haber despedido por telegrama colacionado a más de 2 mil profesionales "calificados".
Sin embargo, desde la secretaría de Estado se tiene la visión opuesta, y se remarca que son los médicos los que "pondrán en riesgo la vida" de las personas con su decisión de no seguir trabajando. Una alta fuente del MSP dijo a El País que "es muy triste que médicos que ganan cuatro o cinco veces más que otros técnicos que realizan funciones similares, —que no perderán la fuente laboral y a los que se les paga todos los meses— pongan en riesgo la salud de la población más carenciada".
ENFRENTAMIENTO. Ayer, el desencuentro entre las dos partes pareció haber llegado a su máximo punto. El resto de los especialistas contratados a través de la Comisión de Apoyo actuarán igual que cirujanos y anestesistas si en 48 horas no hay un viso de acuerdo. A partir del 2 de diciembre, a las 8 de la mañana, aseguran que no darán "más apoyo al vacío asistencial generado por el Ministerio", ya que como "funcionarios despedidos" dejarán de concurrir a sus lugares habituales de trabajo.
A la vez, exigen que se abonen las deudas generadas por el "incumplimiento" del convenio vigente hasta el 17 de noviembre y que cesen las "presiones" ejercidas contra los profesionales que trabajan en el sistema para firmar nuevos contratos "con rebaja salarial". Se trata del contrato ofrecido por el MSP, en el que se les propone el mismo ajuste que tendrá el resto de la Administración Pública. Esta fórmula es rechazada por las gremiales que exigen un 15% de aumento previsto en uno de los numerales del contrato anterior, en función del incremento del IPC.
En cuanto a los adeudos, varios representantes de las gremiales enfatizaron a El País que no se pretende percibirlos instantáneamente, sino negociar su cobro en el futuro. Sin embargo, en un comunicado difundido ayer, el MSP rechazó "la existencia de adeudos pendientes" con los profesionales, en función de lo que resulta de los convenios celebrados y los contratos particulares. En ese mismo documento, el MSP remarcó que estos profesionales tienen ingresos promedio "superiores" en un 400% a los médicos presupuestados de ASSE que ejercen tareas de similar responsabilidad y reiteró que no aceptará "reivindicaciones económicas que no se condigan con la situación general del país, ni se aplican hoy en ningún sector". El País pudo saber que hasta el propio presidente Jorge Batlle dio instrucciones en este sentido.
Por su parte, voceros de algunas gremiales médicas vertieron duros conceptos en relación al ministro de Salud, Alfonso Varela. "El ministro ha creado una situación de la que no está seguro cómo resolver y es insensible frente a ella, como ha pasado en otras cosas que no ha podido regular como los laboratorios, con las consecuencias gravísimas que se han visto", apuntó Eduardo Camejo, presidente de la Sociedad de Anestesiología del Uruguay (SAU).
"El ministro de Salud, que tiene 19 mil funcionarios, se da el lujo de despedir a 2 mil y dejar un vacío asistencial, cuando tiene 200 mil usuarios nuevos que provienen del mutualismo; esto es de responsabilidad directa del ministro porque tampoco estructuró previamente antes de mandar el telegrama cómo iba a resolver una situación", agregó el anestesista.
Camejo dijo que los sueldos de los especialistas son promedialmente bajos para la formación que tienen los técnicos de las áreas críticas. Respondió que la Comisión de Apoyo, "que está destinada a mejorar la calidad del paciente, no sólo ha mejorado los salarios del que está en contacto con el paciente sino también de cargos jerárquicos que no están en la relación médico-paciente, que son muy elevados".
El presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Pediátrica Intensiva (SUMPI), Javier Prego, comentó algo similar: "acá lo que falta es una decisión política; sabemos que se gastan sueldos de $ 40 mil en asesores, que hay directores que ganan $ 50 mil y que se ha aumentado en forma desproporcionada el número de cargos, no es problema nuestro si se administran mal los dineros, pero lo que está claro es que deberían rescatarse recursos para asegurar las áreas asistenciales críticas". El intensivista criticó la presión que están ejerciendo incluso los jefes de servicios para que los especialistas firmen el nuevo contrato ministerial.
"El ministro podrá sustentar los servicios con algunos médicos, pero no todos están capacitados para cumplir esas funciones", agregó Prego.
La cartera ratificó, a su vez, que va a asegurar la asistencia "con todos los medios a su alcance"."Esto no es un conflicto en la construcción, sino que está en juego la vida de las personas; pero el MSP sigue apelando al diálogo y a la ética", dijo una alta fuente del MSP. Si bien en un primer momento desde la cartera se había dicho que un 50% de los profesionales habían firmado el nuevo contrato, ayer un informante reconoció que hasta ahora sólo lo hizo un 20%.
PROBLEMA. La mayoría de los médicos y nurses que trabajan en los CTI y en Emergencia son contratados