El Nuevo Banco Comercial que el gobierno propone crear a partir del Montevideo, Caja Obrera y Comercial tendrá entre 35 y 40 sucursales, unos 750 funcionarios y nucleará a los depositantes y tenedores de euronotas en condiciones igualitarias, según anunció ayer el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry.
Todas las disposiciones para llevar esto a la práctica están contenidas en un proyecto de ley que será entregado hoy en el Senado y que comenzará a tratarse la semana próxima.
A los efectos de la consideración de la ley y hasta que se inicie la liquidación, el Banco Central del Uruguay prorrogará la suspensión del Comercial, Montevideo y Caja Obrera sin una fecha de finalización.
SALIDA. Atchugarry señaló que la solución que el gobierno plantea para la situación actual de los bancos Comercial, Montevideo y Caja Obrera atiende cuatro aspectos principales, "el interés del ahorrista, la atención de las 30.000 empresas clientes de estas instituciones, los funcionarios y el contexto de toda la sociedad que precisa no sólo de esos servicios sino ir conquistando nuevos escalones para la recuperación económica".
Como primera medida, el Comercial, Montevideo y Caja Obrera, serán liquidados, y sus activos pasados a tres fondos de recuperación de activos, explicó el ministro.
De los activos de cada banco (los créditos otorgados) se seleccionarán los mejores, categorizados con 1, 2 y parte de la 3, para ser subastados. Los activos serán comprados por el nuevo banco, que los pagará con certificados de depósitos y acciones preferidas
Los activos malos, categorizados con 4 y 5, quedarán en los fondos de recuperación y todos los depositantes y tenedores de euronotas serán cuotapartistas de ellos.
El ministro explicó que en la medida en que los activos son inferiores a los pasivos (depósitos —incluida la asistencia que dio el gobierno— y euronotas) los certificados y acciones serán repartidos entre los depositantes y los tenedores de euronotas "en forma acorde con los derechos que cada uno tiene, en forma proporcional", o sea prorrateados.
CERTIFICADOS. Atchugarry precisó que a cada ahorrista o tenedor de bono se le darán certificados de depósito a tres años o incluso cuatro años de plazo en ciertos casos y acciones del nuevo banco para tratar de completar el 100% de lo que cada uno había depositado o invertido en las instituciones originales. Esos certificados de depósitos tendrán pagos de intereses y plazos "en una forma muy parecida a lo que en su momento se propuso para el Banco República o parecida a la que los propios ahorristas, en más o menos plazo, han planteado hacer" a través de reprogramaciones voluntarias.
Los plazos serían extendidos "para asegurarnos de la buena marcha del banco, sobre todo para depósitos de cierta cifra para arriba. Esto lo hacemos para maximizar la eficiencia y tratar de llegar al 100% de cada acreedor" puntualizó.
"Esta es una perspectiva conservadora. Si el banco anda bien esos tiempos podrán acortarse" agregó.
A través de este sistema, el Estado también va a estar recibiendo certificados por la asistencia que dio a los bancos durante la crisis. La ley da la potestad al Estado de entregar parte de los certificados y acciones que les corresponde para que los ahorristas y tenedores de euronotas puedan acercarse lo más posible a tener un 100% de lo que habían aportado originalmente a los bancos.
NOMBRE. Atchugarry indicó que la intención es que en la subasta se pueda conseguir el nombre Banco Comercial para poder llamar a la institución que se creará "Nuevo Banco Comercial". La institución estará orientada sobre la planta física del actual Comercial, pero "más chica y más eficiente para administrar las nuevas carteras".
En cuanto a los funcionarios del nuevo banco, el ministro dijo que serán seleccionados por la consultora ING en forma "absolutamente objetiva, en función de sus mejores antecedentes y de la ubicación física de las sucursales".
En este sentido, manifestó que se contará seguramente con la ayuda de la Corporación Financiera de Inversiones del Banco Mundial, de la Corporación Interamericana de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo y eventualmente de la Corporación Andina de Fomento. Estas instituciones aportarán capital por U$S 50 millones (además traerán líneas de crédito para el sector exportador) al nuevo banco y también "su experiencia para lograr su rápida venta, para lograr además no sólo potenciar este banco, sino para que el Estado pueda recuperar con esa venta y junto con las restantes carteras que van a estar en los fondos de recuperación, el aporte que ha hecho en esos bancos".
El Nuevo Comercial también administrará las carteras de créditos malas que queden en los fondos de recuperación, tratando de ayudar a que los deudores puedan pagar "para defender al ahorrista y permitirle llegar a ese 100%" de su depósito o inversión original.
CREDITO. En cuanto al Banco de Crédito, Atchugarry dijo que el accionista minoritario de la institución, St. George Ltd., llegó a un principio de acuerdo con el gobierno para la capitalización de la institución. Para su reapertura "aún falta la presentación definitiva del plan de negocios y un entendimiento con los funcionarios".
El ministro pidió a St. George que "ayude al Banco Central en la aprobación de ese plan de negocios estableciendo que si en algún momento el banco requiere nuevas capitalizaciones, el accionista asuma esa obligación y así lo garantice". Asimismo, hace falta la ley de reprogramación de los depósitos que tiene media sanción parlamentaria y que se impulsará cuando el plan de negocios esté acordado.
SUPERVISION. Por otro lado, el proyecto de ley que se presentará hoy "trae normas permanentes que mejoran el control del sistema financiero y del mercado de valores, que son necesarias para fortalecer un esquema de respeto a las reglas del juego y de confiabilidad" enfatizó el secretario de Estado.
Por su parte, Julio de Brun, presidente del Banco Central, dijo que una vez aprobada la ley, la liquidación de los bancos, la creación de los fondos de recuperación, la subasta de activos, la distribución de los certificados y acciones y la creación del nuevo banco pueden llevar "algunas semanas".
Reacciones dispares de ahorristas
n Los grupos de ahorristas de los bancos suspendidos recibieron en términos generales positivamente la propuesta de solución planteada por el gobierno para estas instituciones, aunque algunos de los depositantes en el Banco Comercial dan prioridad a las acciones judiciales para recuperar su dinero.
Juan José Hausmann, representante de los depositantes en el banco Caja Obrera, estimó que los objetivos que el gobierno maneja en cuanto a porcentajes de reprogramación y capitalización son "razonables" más allá de que "no es la mejor salida".
Flavio Pastre, integrante de la comisión de ahorristas del Banco Comercial, marcó la posición de este sector diciendo que si bien "no nos oponemos" a priori a las soluciones que se están instrumentando, las mismas "no garantizan el cobro" por lo que estos inversores darán prioridad a las acciones judiciales contra los bancos accionistas de la institución.
Similar posición marcó uno de los tenedores de eurobonos de este banco, Luis Vargas Garmendia. "No nos interesa ser accionistas del banco porque no tenemos el capital para hacerlo ni nos interesa hacernos de certificados de depósitos. A estos accionistas hay que obligarlos a que honren sus obligaciones. Los títulos deben pagarlos ellos", opinó.
Sergio Lamorte, integrante de otro grupo de ahorristas del mismo banco, marcó una postura divergente al señalar que en este momento los esfuerzos deben centrarse en la recuperación de la institución y valoró que la solución que se baraja sin ser la óptima, es realista. "El camino de las acciones judiciales siempre va a estar abierto pero en este momento parece que perjudica y entrevera", opinó.
"Esto no está mal. Es excelente en relación con el escenario original de la liquidación, que era apocalíptico. Además, el banco ingresaría en un interinato con miras a su venta que es lo deseable. Va a llevar más tiempo de lo que se pensaba, pero se salvará lo salvable", opinó.
En cuanto al Banco de Crédito, sus ahorristas están "articulando" para intentar acercar las posiciones de la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU) y Saint George Limited que en los últimos días han mantenido fuertes discrepancias vinculadas a cuál debería ser la plantilla del nuevo banco y la remuneración de sus funcionarios, dijo Daniel Zubillaga, delegado de los inversores.
AEBU afirma que habránegociación
La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) considera que la cantidad de funcionarios del nuevo banco que surgirá del Comercial, Montevideo y Caja Obrera serán objeto de negociación, dijo a El País, Juan José Ramos, presidente del sector banca privada del sindicato.
Ramos explicó que el sindicato esperará para realizar más comentarios a reunirse con Atchugarry y al encuentro que mantendrá este viernes la comisión consultiva que el gobierno conformó para buscar soluciones al sistema bancario.
Por otra parte, el vicepresidente del Banco de Crédito, y representante de St. George Ltd., accionista minoritario de la institución, Elizeu Christiano Netto, afirmó anoche al informativo Subrayado de Canal 10 que esta tarde se iniciarán los contactos con AEBU para acordar una reducción de costos.
Christiano Netto sostuvo que planteará una propuesta para, manteniendo la mayor cantidad de puestos de trabajo, llevar adelante una rebaja del 40% de los costos salariales de la institución.
Seguro de paro para 1.000 bancarios
n La propuesta sobre seguro de desempleo que presentará el Poder Ejecutivo a la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), y que será remitida al Parlamento en los próximos días, debe constituirse en una solución que alcance a aproximadamente 1.000 funcionarios de las tres entidades bancarias que van a quedar fuera de los planes de la nueva institución fusionada, según el esquema que presentó el gobierno.
De acuerdo con la información aportada ayer al Parlamento durante una reunión con los legisladores blancos y colorados, el gobierno piensa plantear una propuesta que consiste en pagar ocho salarios mínimos nacionales ($ 8.880 aproximadamente) por mes durante un año a cada trabajador que pase al seguro de desempleo.
Legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado se reunieron sobre mediodía en el Senado con el ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry, encuentro en el que participó el presidente de la Asamblea General, Luis Hierro.
En el curso de la reunión, los representantes del Poder Ejecutivo desarrollaron su idea sobre el seguro de desempleo para los bancarios, la que establece además que en caso de que los funcionarios activos y pasivos afiliados a AEBU resuelvan un aporte del 1% adicional con destino a financiar un fondo para los desocupados, el seguro de desempleo podría extenderse de doce a veinte meses.
ESQUEMA. El nuevo banco, que funcionaría sobre la red física del actual Banco Comercial con entre 35 y 38 sucursales en todo el país, y reduciría su personal a unos 750 empleados, según informó el propio Atchugarry a los medios de prensa.
Actualmente, el Comercial da trabajo a un millar de personas y el Montevideo y el Caja Obrera a unos 700 en forma conjunta.
El Poder Ejecutivo presentó ayer en el Parlamento la iniciativa sobre la salida para estos bancos, pero anunció que a la brevedad se incorporará un capítulo referido al seguro de desempleo para el sector bancario.
ANUNCIOS. El ministro Alejandro Atchugarry explicó el proyecto en conferencia de prensa con el presidente del Banco Central, Julio De Brun.